Los procedimientos judiciales se reducen un 8% en la Comunidad

La Comunidad de Castilla y León experimentó en 2011 un descenso en cuanto al número de procedimientos judiciales, pasando el número total de diligencias previas de 197.924 en 2010 a 181.560 en el presente año, lo que supone una disminución significativa, superior al 8 por 100, tal y como recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado elaborada por el departamento de Eduardo Torres Dulce.

En el presente año la disminución se ha producido en las nueve provincias, siendo las más significativas las de León y Valladolid y, sobre todo, la de Salamanca, provincia en la que se ha producido la mitad del descenso de toda la Comunidad.

Del total de las cifras regionales de los últimos años se observa que en 2007 el porcentaje entre cifras totales y asuntos inhibidos fue inferior al 16 por 100, el 2008 subió al 20 por 100, en el 2009 al 26 por 100 y comenzó a bajar en el 2010 (21 por 100), descenso que siguió produciéndose en 2011 (19,9 por 100).

La memoria destaca que el número de diligencias pendientes al inicio del año en el total de los Juzgados de Instrucción de la Comunidad Autónoma disminuyó de forma importante, pasando de 33.439 al comienzo de 2010 a 23.280 al inicio de 2011, circunstancia que ha sido muy valorada y atribuida a la mejora del trabajo y la disminución de la pendencia de asuntos.

Además, del total de las diligencias incoadas, el 19,9 por 100 se acumularon a otras diligencias o se inhibieron a otros juzgados, es decir que un solo hecho dio lugar a dos o más registros judiciales.

Asimismo, se archivaron, por no considerarse que los hechos fueran constitutivos de delito, un 14,4 por 100 y en un 53,6 por 100 de los casos se acordó el sobreseimiento, supuestos en los que se incluyen tanto los casos de delitos sin autor conocido como otros supuestos en los que no habiendo delito habría que haber acordado el archivo con mejor criterio.

Del total de las diligencias, en un 6,4 por 100 se consideró que no existía más que una infracción de menor gravedad transformándose en juicio de faltas.

Finalmente, en un 4,7 por 100 de los casos se consideró que los hechos eran constitutivos de delito y que existía material probatorio suficiente para dirigir la acción penal contra persona determinada.

La memoria advierte que si bien llama la atención este exiguo porcentaje de esclarecimiento de los hechos delictivos, precisa también que si del total de las diligencias iniciadas se restaran las cifras correspondientes a las inhibidas o acumuladas, el porcentaje de procedimientos que siguieron adelante más allá del trámite de investigación asciende a porcentajes más presentables, cercanos al 6 por 100.