El PP de Zamora también se opone al modelo territorial de la Junta

La dirección del Partido Popular de Zamora se ha sumado a las críticas y el rechazo manifestado por los alcaldes de la provincia al nuevo modelo de ordenación territorial planteado por la Junta de Castilla y León, basado en los distritos de interés comunitario.

El presidente del PP de Zamora y de la Diputación Provincial, Fernando Martínez Maíllo, que ha presidido el comité de dirección provincial del partido, ha asegurado que la alegación a la propuesta de la Junta que realizaron de forma unánime los ayuntamientos de la provincia a través del Consejo de Alcaldes es "muy coherente", está "bien fundamentada" y resulta "muy realista".

Por ello, ha mostrado el apoyo de la dirección provincial del PP a esa propuesta porque si no "sería un suicidio político" ya que si no lo hiciera se podrían "erosionar las bases" del PP de Zamora.

Martínez Maíllo ha pedido al Gobierno regional que no tenga miedo a escuchar a los alcaldes, "atemperar" su postura e introducir los cambios necesarios en la propuesta del nuevo modelo de ordenación del territorio.

Ha confiado además en que la Junta escuchará a los alcaldes de la provincia de Zamora y ha indicado que la alegación planteada por los alcaldes de esta provincia no se debe minimizar porque puede ser compartida por muchos alcaldes y presidentes de diputaciones provinciales de Castilla y León.

El presidente de los populares zamoranos ha reconocido que la alegación realizada por el Consejo de Alcaldes de Zamora es crítica con el fondo de la cuestión, no con la forma.

Ha criticado además al PSOE porque pretende utilizar esa alegación contra el Gobierno regional y el PP de Castilla y León cuando el objetivo de la alegación es "mejorar" y no criticar ni atacar el modelo territorial.

La pasada semana el Consejo de Alcaldes de Zamora mostró su "unánime disconformidad" con el nuevo modelo de ordenación del territorio para Castilla y León propuesto por el Gobierno regional, en especial con la figura de los distritos, que genera "burocracia y cargas económicas". También criticó que la propuesta de la Junta carezca de memoria económica relativa a la financiación de las diferentes competencias y servicios que se atribuyen a las entidades locales.