Redondo pide a la Junta que mantenga a los orientadores del Ecyl

La viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Ana Redondo, ha instado hoy al Ejecutivo autonómico a que busque recursos para garantizar los puestos de los orientadores laborales del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) cuyos contratos expiran el próximo día 31 de diciembre y cuya supresión, según la parlamentaria, supondría el desmantelamiento del mismo para ponerlo en manos privadas.

Si a finales de junio dejaron de prestar servicio en el Ecyl 77 trabajadores adscritos al programa de modernización y otros 116 promotores de empleo, fundamentalmente al suprimirse las partidas que para su cometido sufragaba el Gobierno central, los próximos en engrosar las listas del paro serán 108 orientadores laborales, cuyos representantes han mantenido hoy un encuentro con el Grupo Socialista en las Cortes con el fin de solicitar su intermediación para poder seguir prestando una labor que consideran fundamental.

En este sentido, la socialista Ana Redondo ha defendido que el Ecyl deber seguir siendo un "servicio público" dependiente de la Junta, que, tal y como ha recordado, es la depositaria de la gestión de las políticas activas de empleo en la Comunidad, al tiempo que ha advertido de que prescindir del colectivo de orientadores supone "aprovechar la crisis para desmantelar un servicio público que sirve al interés general para dejarlo en manos de no sé qué intereses", en alusión a las agencias privadas de colocación, informa ep.

En tal caso, Redondo ha incidido en que los más perjudicados serán los municipios del medio rural y sus desempleados, máxime cuando éstos podrían quedar desamparados ya que algunas de las oficinas del Ecyl, por falta de plantillas, sólo permiten la actividad puramente administrativa y no se descarta el cierre de algunas de ellas.

"Son esas oficinas las que hasta ahora han sido depositarias de las esperanzas de muchos parados. ¡No podemos permitirnos más despoblación y el cierre de nuestros municipios!", ha enfatizado la política socialista, quien por ello se ha puesto del lado del colectivo de orientadores y ha prometido "luchar" en contra de una privatización que, según ella, tan sólo va a beneficiar a intereses privados.

En busca en incentivos

En la misma línea, el portavoz de los afectados, Antonio Cruz, ha denunciado públicamente que la eliminación del colectivo de orientadores y la adjudicación de su labor a agencias privadas de colocación irá en detrimento, sobre todo, de los colectivos de desempleados con mayores dificultades de reinserción en el mercado laboral, entre ellos los del sector de la construcción.

"Si nuestro servicio pasa a manos privadas las agencias de colocación, que cobrarán incentivos por cada inserción, éstas se van a centrar en aquellos colectivos con mayores posibilidades de encontrar empleo", ha censurado Cruz, quien por ello ha insistido en que los grandes olvidados serán los parados con menos posibilidades porque dejarán de presentarse como una oportunidad de negocio.