El secretario general del PP abulense, elegido presidente de Caja de Ávila

El secretario general del PP de Ávila, Pablo Luis Gómez Hernández, que ha sido elegido este jueves presidente de Caja de Ávila por parte del Consejo de Administración ha anunciado que antes de final de año la entidad debe constituirse como una fundación.

Como vicepresidentes ejercerán Luis Sánchez, secretario provincial de UGT de Ávila, que ha accedido a la Asamblea como impositor, ya que no ha habido acuerdo entre sindicatos y empresarios para designar a los representantes, y Laureano Valentín, representante de los jubilados de la entidad, que también ha entrado en el grupo de impositores.

"Urge crear una fundación", ha dicho en rueda de prensa tras su elección. "El tiempo corre en contra nuestra", ha destacado, tras lo que ha indicado que debe esperarse a que la Junta dicte una normativa al respecto.

"Para abordar la obra social hay que tener recursos, y aparte del patrimonio, los inmuebles y el fondo de recurso, que alcanza hasta 2014, necesitamos ingresos", por lo que se estudiará la situación económica y un plan para "hacer más con menos" con "reducción de costes para asegurarnos una pervivencia".

En cuanto a la polémica indemnización de 400.000 euros al director general de la entidad, José Manuel Espinosa, Goméz Hernández ha señalado que el nuevo Consejo de Administración de Caja de Ávila "respetará" el acuerdo aprobado por el anterior órgano al entender que se trata de una decisión a la que una "mayoría absoluta" dio luz verde.

En este sentido aseguró que el "único que tiene facultad para renunciar a ello es el señor Espinosa y si hay que hacerlo efectivo, se hará, y si hay una renuncia, también se hará".

Gómez Hernández, que sustituye a Agustín González, es secretario del PP desde el último congreso provincial celebrado en junio, y antes fue coordinador general de la formación. Prejubilado de Caja Duero, donde ha trabajado durante 35 años, la última década fue responsable de la obra social en Ávila.

La asamblea, que debería haberse constituido por 120 miembros, lo ha hecho con 92, ya que las Cortes de Castilla y León no han designado a sus 19 representantes, como tampoco los 6 de sindicatos y empresarios, a los que se suma la ausencia de otros tres.

Por tanto, y de forma proporcional, el consejo tiene 12 miembros en vez de 17 y la Comisión de Control 6 en vez de 7.