Las residencias para la Tercera Edad y dependientes no podrán costar más de 1.500 euros al mes

La Junta de Castilla y León ha rubricado con los profesionales del sector de los servicios sociales un acuerdo a través del que se pacta un precio máximo de estancias en residencias de entre 1.100 y 1.500 euros, al tiempo que se ha acordado potenciar servicios como el de promoción de la autonomía personal y el de asistencia personal con el fin de fomentar la "profesionalización" en detrimento de los cuidados informales o familiares, cuya prestación caerá este año un 15 por ciento sobre la rebaja estatal ya establecida.

Así lo ha anunciado este viernes la consejera de Familia, Milagros Marcos, quien firmó este convenio con el presidente de Cermi de Castilla y León, Francisco Sardón; el presidente de la Federación de Castilla y León de Residencias de la Tercera Edad (Acalerte), Ángel Guerra, y la representante en la Comunidad de la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Lares), Sor Ana Esther Miguel Yágüez.

Con este convenio se prevé adaptar la Ley de la Dependencia a las modificaciones introducidas por el Real Decreto del Estado con los objetivos de salvaguardar la atención profesional y el empleo en los Servicios Sociales, al tiempo que se persigue que ningún dependiente esté desatendido.

Con el fin de alcanzar la premisa de fomentar la profesionalización de los servicios en detrimento de los denominados cuidados informales o familiares se ha acordado impulsar medidas como acercar los servicios al ciudadano mediante el desarrollo de centros multiservicios, incrementar dos nuevos servicios para todos los grados, el de asistente personal y el promoción de autonomía personal, al tiempo que se ofrecerán de forma inmediata profesionales a todas las personas dependientes atendidas en casa por familiares.

En este punto, la consejera de Familia ha reseñado que se intenta "evolucionar" y "cumplir la ley" que regula los denominados cuidados informales como "excepcionales".

De este modo, tras insistir en que las prestaciones que reciben para cuidados en el entorno familiar "no son un subsidio", Marcos ha destacado que los cuidados informales ponen en riesgo al sector profesional, con lo que, con este impulso a la profesionalización se podrían generar entre 11.000 y 17.000 empleos en la Comunidad.

Desde el 1 de agosto

Así, se inicia a partir del 1 de agosto, cuando se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León la adaptación de la Comunidad a la Ley de Dependencia, se inicia un proceso de transformación de los cuidados informales en cuidado profesionales, con lo que, como primer paso, además de ofrecer servicios alternativos, se inicia una reducción progresiva de las cuantías de cuidados informales sobre la previsión estatal y que llegará al 35 por ciento en 2014.

En 2012 los la rebaja será de un 15 por ciento sobre la ya aplicada por el Gobierno central, con lo que un dependientes de grado III recibirá 319,23 euros en Castilla y León, 68,41 euros menos que en el conjunto del país que alcanza 387,64 euros, mientras que los de grado II contarán con 47,43 euros menos --221,36 en la Comunidad y 268,79 en el conjunto del país--. Esta rebaja será progresiva hasta alcanzar el 35 por ciento en 2014, con un 10 por ciento más en 2013 y la misma cuantía en 2014.

Como ha destacado la consejera las personas que están percibiendo actualmente cuidados de sus familiares tendrán la opción, de forma inmediata, de solicitar libremente otros servicios tanto en el domicilio como de atención residencial. "Cuando se decida que atienda un familiar habrá formación y todos los apoyos necesarios", ha destacado Marcos.

Frente a esta rebaja y según se firmó ayer en el marco del Diálogo Social se ha acordado que las ayudas máximas a la Dependencia subirán un 20 por ciento en Castilla y León, donde se reequilibrarán los copagos entre los ámbitos público y privado con el objetivo de mantener el sistema existente en la Comunidad. Así, la prestación económica vinculada al servicios y al asistente personal para un dependiente de Grado III alcanzará en Castilla y León los 858,08 euros, 143,01 euros más que la media estatal y el de Grado II alcanza los 511,34 euros en la Comunidad, 85,22 euros más que en el resto de España.

De la misma manera ha establecido un límite al coste de los servicios en atención residencial con un tope de entre 1.100 y 1.500 euros, "quien menos tiene recibirá más", con lo que se establece un baremo de cuantías a percibir por la renta del dependiente que abarca una horquilla de entre 858 euros en el caso de que el único ingreso sea el IPREM hasta los 72 euros que recibiría una persona con rentas de más de 1.450 euros mensuales.

Con estas medidas pactadas con el sector, Milagros Marcos ha considerado que se alcanzan los principales objetivos que se plantea la Administración regional para garantizar una atención de calidad a los dependientes de Castilla y León. Así, como ha destacado, se incrementa la financiación a las rentas más bajas, se ofrecen servicios alternativos, se potencia la profesionalización, se fomenta el empleo en los servicios sociales, se garantiza la calidad de la atención, se "absorbe" la reducción de la financiación de la administración general del Estado y se "garantiza" la viabilidad del sistema y su red de servicios.

Ante estas nuevas medidas, el presidente de Cermi en Castilla y León ha valorado la ampliación del servicios de asistente personal, un servicio al que se puede optar sin renunciar a ser atendidos por "familiares". Con esta acción se garantiza la calidad de los servicios de las personas que "más lo necesitan"

Por su parte, el presidente de Acalerte en Castilla y León, Ángel Guerra, ha destacado el giro hacia la profesionalización del sistema en el que existen actualmente un 22 por ciento de plazas en residencias y centros de día vacantes. Para Guerra, con estas medidas se demuestra al "sensibilidad" hacia el sector con servicios "de calidad y profesionales" y desde la preservación de la libertad de elección del dependiente de ser atendido por un familiar.

Asimismo, la responsable de Lares ha insistido en el trabajo realizado para avanzar en que los ancianos "permanezcan en el domicilio pero con un servicio de calidad".

En la actualidad

Antes de informar del acuerdo alcanzado, cuyas medidas entrarán en vigor el próximo 1 de agosto, Milagros Marcos ha realizado un repaso por el escenario actual y ha recordado que a la asunción por parte de la Junta de un "déficit histórico de financiación" que alcanza lo 457 millones de euros desde que se puso en marcha la Ley de Dependencia, se suma ahora la crisis económica, la exigencia de dar cumplimiento a las modificaciones introducidas por el Gobierno y el descenso de la financiación marcada por el Estado.

Así, según Marcos, la desaparición de los niveles y la reducción del 13 por ciento en el nivel mínimo conllevará a que Castilla y León deje de percibir 26,2 millones de euros en 2012 --22,5 millones del nivel acordado y 3,7 millones del nivel mínimo en cuatro meses--.

Esta situación ha "obligado" a la Junta ha introducir correcciones en el sistema con el fin de "proteger" la viabilidad económica actual y la futura del sistema de Servicios Sociales en general y el de la Dependencia en particular.