La ordenación del territorio de CyL sigue adelante aunque sin consenso

El modelo de ordenación del territorio de Castilla y León no consigue por el momento el consenso deseado, según lo ha reconocido el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, tras la última reunión de la Mesa en la que están representados partidos políticos y organizaciones sociales. Este último encuentro ha servido para conocer el resultado de las reuniones que se han venido manteniendo desde el pasado mes de octubre por toda la Comunidad, con la presencia de municipios y diputaciones, para elaborar un nuevo modelo de ordenación territorial, el dado a conocer este martes, que dará pie a un proyecto de ley de Gobernanza que llegará a las Cortes en el último trimestre del año.

De Santiago-Juárez ha reconocido que aunque es su deseo alcanzar el mayor consenso político y social posible "porque es un tema de comunidad", lo cierto es que el acuerdo político "es muy complicado". Son, fundamentalmente, PSOE e IU, los que no aceptan el modelo actual tal y como aparece redactado: los socialistas, porque insisten en que el diseño de Castilla y León no encaja con la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que actualmente elabora el Gobierno, un hecho negado de forma categórica con el consejero de la Presidencia para quien "hemos dicho por activa y por pasiva que, no sólo encaja sino que además refuerza nuestro modelo". De hecho, el PSOE era partidario de esperar a que el Gobierno tuviese definida la Ley para elaborar la de Castilla y León. El segundo obstáculo para el consenso llega de la mano de las diputaciones, ya que IU apuesta decididamente por su desaparición, mientras que en el modelo en el que se está trabajando salen reforzadas.

Así, la vicesecretaria general del PSCL Ana Redondo ha afirmado que el tema está "muy verde" y, tras reconocer su desacuerdo con "la inmensa mayoría" de propuestas de la Junta, como la creación de nuevas estructuras pese al reforzamiento del papel de las diputaciones, ha reiterado la necesidad de garantizar la prestación de servicios "en igualdad de oportunidades" y ha lamentado la "defensa numantina" del Gobierno regional, que está "solo" en esta negociación, informa Ep.

Por su parte, el coordinador regional de Izquierda Unida, José María González, ha lamentado que no haya habido "parto" pese a los nueve meses de trabajo y, tras poner sobre la mesa de voluntad de trabajo "desde el desacuerdo", ha rechazado abogar por los distritos sin referirse a las comarcas, mientras que Óscar Lobo, de UGT, ha reconocido las "grandes diferencias y distancias" existentes, así como el hecho de que la Junta "no haya movido ni una coma del documento inicial", y Vicente Andrés, de CC.OO, ha apelado al "consenso" por parte de los partidos aunque el acuerdo se presenta "complicado" por la existencia de posturas "antagónicas" y ha rubricado su defensa "vehemente" la "puesta a salvo" de la sanidad, la educación y los servicios sociales.

En el caso de las organizaciones profesionales agrarias, Jesús Manuel González Palacín, de UCCL, ha señalado que ahora "empieza realmente el juego" y ha pedido una "defensa a ultranza" de las entidades menores y la garantía del mantenimiento de los ayuntamientos "para no tener ciudadanos de primera y de segunda"; Donaciano Dujo, de Asaja, ha reiterado su oposición al borrador del proyecto de modificación de Ley de Bases del Gobierno central y ha abogado por la necesidad de que el "gran consenso" llegue de la mano de los partidos con la aportación del resto de organizaciones mientras que Julio López, de la Alianza por la Unidad del Campo, ha criticado la "falta de información" sobre este asunto que, a su juicio, sufren tanto los ciudadanos como muchos alcaldes y concejales.

En cualquier caso, De Santiago-Juárez ha destacado que a pesar de las dificultades, la Mesa de Ordenación del Territorio se volverá a reunir a partir de septiembre. Para entonces, los 2248 municipios de la Comunidad deberán haber respondido a la carta que el consejero les va a enviar con el modelo final para que presenten las alegaciones que consideren oportunas.

De momento, el nuevo diseño de ordenación del territorio se apoya, sobre todo, en los distritos de interés comunitario, que sustituirán a las mancomunidades, y en las diputaciones. Así, los municipios de menos de 1.000 habitantes pierden el 57% de sus competencias actuales; los que tienen entre 1.000 y 5.000 se deshacen del 48% y los de más de 5.000 que se quedan sin el 28,68 por ciento de sus funciones.

Dichas competencias serán asumidas por los distritos de interés general, que de las 46 funciones que tenían actualmente como mancomunidades, pasarán a las 140 en el caso de los municipios más pequeños. También las diputaciones asumirán más funciones, aunque su incremento es menor en este caso, ya que en las localidades de menos de mil habitantes, de las 230 competencias pasarán a 264 y en los de hasta 5.000 no asumirán más de 30 nuevas competencias.