La ironía de las buenas intenciones

Parece evidente, incluso lógico, que la presión sobre el poder adquisitivo de los empleados públicos haya alterado la normalidad de la calle. Y es comprensible que las protestas del gigantesco sector público español se puedan interpretar como la expresión de un enfado ciudadano generalizado.

Lo que ocurre, además, es que las visibles protestas de los empleados públicos esconden una ironía alarmante. Mientras los responsables políticos de los principales partidos se ponen de acuerdo para analizar cómo socavar el bolsillo del contribuyente, con el fin de garantizar la supervivencia del empleo público, quienes protestan en la calle no son los directamente perjudicados, sino los directamente beneficiados... La inmensa mayoría de los ciudadanos (sin capacidad de gasto, sin capacidad de ahorro, sin empleo seguro, aunque con más obligaciones de pago al fisco) contempla atónita, anestesiada, desvertebrada, inerme, un debate político equívoco, cuyos actores hablan de crecimiento económico, pero acuerdan abrir el melón de los impuestos: ¡para multiplicarlos!, claro; ¡para clonarlos!, ¡para subirlos!, por supuesto.

Éste ha sido, al menos, el principal resultado del gran debate celebrado en las Cortes de Castilla y León la semana pasada. Los portavoces de la ciudadanía, que no se ponen de acuerdo ni en el trazado de una carretera secundaria, sí asumieron el compromiso de poner manos a la obra, analizar minuciosamente las vías de recaudación de la cosa pública e implantar un completo paquete impositivo que alimente la frondosa maraña administrativa tejida durante las últimas décadas. Eso sí, por el bien del ciudadano. Por el bienestar de las familias. Por el mejor futuro de las pymes. Para la esperanza de los desempleados.

Por responsabilidad ante los electores y ante la historia, los procuradores de Castilla y León realizarán un esfuerzo espectacular, en agosto, para explorar todas las vías que permitan horadar legalmente el bolsillo del ciudadano. Y la caja de las empresas. Con criterios de equidad, por supuesto. Con criterios de progresividad, evidentemente... Lo que significa, por la experiencia reciente, que se pondrá la lupa a la pequeña empresa y que darán otra vuelta de tuerca más a quienes viven de una nómina.

Algo se ello ha adelantado ya la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, que sorprendentemente se ha autoproclamado "uno" de los hombres de negro (sic) de Castilla y León. En sentido figurado, cabe entender.

Pues ella misma (o él, en fin) desplegó la lista de las futuras gracias impositivas que recibirá el contribuyente de esta Comunidad en 2013, en un interesante desayuno que mantuvo con la redacción de la Agencia Ical. Anote oportunamente el lector: Impuesto sobre el Patrimonio, el de Actos jurídicos documentados, el de Transmisiones patrimoniales, el de Sucesiones y donaciones, activar el tramo autonómico del IRPF y otros gravámenes propios, además del IVA (del que percibe el 50%), la eliminación de los beneficios fiscales o la implantación del copago por la prestación de ciertos servicios públicos "no esenciales".

Pues sí, éste es el resultado del gran debate parlamentario celebrado el 17 de julio en las Cortes de Castilla y León. Se advirtió una cierta frustración, claro. Y sobrevoló el pánico en el hemiciclo por el temor a la quiebra financiera. El desplome de los ingresos asusta. Aunque no tanto, al parecer, como para adelgazar la estructura pública, como aconsejan todos los manuales y como se recomienda obsesivamente a las empresas. No. En el caso de la cosa pública, lo recomendable es ensanchar la vía de los ingresos.

Y después de este llamativo compromiso con el empleo público, ¿no se advierte una cierta ironía en la dinámica de las comprensibles protestas callejeras?

Manuel Trapote. Periodista.