Ayuda inmediata de "emergencia social" de 3.195 euros al año para las familias

La Consejería de Familia ha firmado este viernes, dentro del marco del Diálogo Social, las condiciones para la concesión de las ayudas de emergencia social que homegeneiza los requisitos de los beneficiarios en toda la Comunidad y que serán complementarias con otras percepciones, como la renta Garantizada de Ciudadanía, además de que se reconocerán como "un derecho subjetivo para quienes más necesidades tienen" y tendrán carácter "urgente y temporal".

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, quien ha incidido que estas ayudas, que cuentan con una partida de 3 millones de euros (Junta y corporaciones locales) y que en 2011 llegaron a 9.000 personas, "tienen como finalidad paliar situaciones puntuales y urgentes" de las familias que no pueden llegar a cubrir las necesidades básicas de su existencia como alimentación, vestido e higiene o alojamiento temporal en casos de emergencia.

Este acuerdo, suscrito por Junta, Cecale, UGT y CC.OO. y en el que se lleva trabajando un año, se plasmará en un decreto cuya tramitación administrativa comenzará "ya" para que estas ayudas puedan comenzar a concederse a finales de año o principios de 2013.

El importe máximo de la cuantía al año no podrá superar el 50 por ciento del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir, los 3.195 euros, aunque no se contarán como ingresos para el cálculo de la ayuda la Renta Garantizada de Ciudadanía u otras prestaciones sociales como pueden ser las becas.

Según ha indicado Milagros Marcos, las ayudas se concederán en un plazo máximo de un mes aunque también pueden tener "carácter inmediato" ya que las comisiones de valoración que funcionan en las nueve provincias--formadas por miembros de la Gerencia de Servicios Sociales, de las corporaciones locales y de la Red de Pobreza--, pueden actuar de oficio.

Más familias

Asimismo, la consejera ha destacado que con este acuerdo se unifican los criterios de concesión de estas ayudas en toda la Comunidad lo que permitirá llegar a más familias y destinatarios "al no duplicarse las actuaciones" al tiempo que ha precisado que los perceptores "tendrán que justificar los gastos y que la ayuda se ha destinado al fin por el que ha sido concedida".

Por su parte, Bernarda García, de CC.OO, ha recordado que el índice de pobreza, según el último dato del INE de 2010, es en Castilla y León del 21 por ciento, por lo que ha destacado "el plus" del acuerdo alcanzado "a pesar de las posiciones diversas" de los firmantes y al hecho de que las ayudas se concederán "en un momento en el que el país adolece de ciertas costumbres democráticas".

Asimismo, Soledad Trigueros, de UGT, ha destacado un acuerdo "que permite seguir rigiendo un sistema de protección" en un contexto "donde los recortes están dejando a muchos ciudadanos en la pobreza y donde se está ampliando la brecha de la desigualdad", a lo que ha añadido que se reconoce un derecho de las personas "para que no tengan que recurrir a la caridad".

Por último, el secretario general de Cecale, Benjamín Hernantes del Val, ha destacado el hecho de que la unificación y homogenización de los criterios permitirá poner fin a la desigualdad que se puede dar en la concesión de estas ayudas, al tiempo que ha instado a la Junta a tramitar "cuanto antes" el decreto para que comience a concederse esta prestación.