Cortes

Las Cortes debatirán en su próximo Pleno que se celebrará mañana más de 800 enmiendas del PSOE y Grupo Mixto a los Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC) después de que el PP las haya rechazado en Comisión y haya incluido las ocho presentadas por su Grupo.


En la sesión Plenaria se aprobarán finalmente las cuentas de 2012 que ascienden a 9.720 millones de euros, lo que supone un decrecimiento del 3,24 por ciento con respecto a las cuentas de 2011 --325 millones de euros menos con respecto al presupuesto inicial del pasado año-- y se sitúa en niveles de 2007.


De este modo, tras el debate de los Presupuestos en Comisión se han incluido las ocho enmiendas parciales del PP que se centran fundamentalmente, como ha explicado a Europa Press el portavoz del PP, Carlos Fernández Carriedo, en la protección de personas con especiales dificultades, la asistencia sanitaria pública en deporte escolar, los avales a actividades empresariales, la simplificación de trámites administrativos, la gestión tributaria o la gestión de personal entre otras.


Con este paso el articulado del proyecto de Ley lleva al Pleno con la inclusión de la propuesta de modificación de la Ley de Servicios Sociales para que las ayudas de emergencia social, cuando sean de naturaleza económica, no puedan ser objeto de cesión, embargo o retención con el objetivo de que en situaciones de insolvencia impidan a los destinatarios el acceso a las ayudas de emergencia social de naturaleza económica.


Asimismo, establece un cambio de la Ley del Deporte de Castilla y León para sustituir el seguro privado en el deporte escolar por la prestación de la asistencia sanitaria pública además de que se presenta una enmienda para eximir de la obligación de elaborar un estudio acústico previo a la construcción de viviendas unifamiliares aisladas en zonas donde no haya problemas de contaminación acústica.


Además se habilita al Instituto Tecnológico Agrario durante el ejercicio 2012 a avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo con un límite máximo fijado que no podrá superar los 50 millones de euros en total.


Sin embargo, llegarán vivas para su debate unas 437 enmiendas del Grupo Mixto que se ha visto obligado a retirar seis por cuestiones técnicas y 370 del PSOE.


El procurador de IU, José María González, ha presentado un total de 437 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2012 y la norma que los acompaña con el fin de "desviar" partidas a políticas sociales y servicios públicos.


En concreto, el objetivo de la enmiendas es mejorar un proyecto "tan restrictivo y antisocial" como el planteado por la Junta y van dirigidas a "desviar partidas hacia aquellos capítulos de políticas sociales y servicios públicos, con el objetivo de aliviar en parte los graves problemas que sufre más de la mitad de la población castellano y leonesa".


Por su parte, el Grupo Socialista propondrá a través de sus enmiendas parciales una política fiscal alternativa por la que se recaudarían un total de 548 millones de euros que se destinarían íntegramente a la creación de un Fondo Autonómico para el Desarrollo y el Empleo (FADE) base, a su vez, para un futuro acuerdo de Comunidad en estas materias.


Las enmiendas parciales de su grupo que se reparten entre 15 al Proyecto de Ley de Presupuestos; 55, "las de más sustancia", al proyecto de ley de medidas y otras 300 por importe de 100 millones de euros al estado de gastos.


A través de estas enmiendas los socialistas reclaman la eliminación del "centimazo" por su negativo impacto en la recaudación autonómica por el descenso del consumo registrado en los meses de marzo y abril así como el impuesto sobre las eléctricas en lo relativo a la energía eólica para la inclusión de la energía nuclear, con una aportación de 25 millones de euros.


También han abogado por la eliminación del impuesto sobre vertederos por la carga que supone a los ayuntamientos e introducen su principal novedad recaudatoria que es la creación de un "impuesto por el ahorro de Castilla y León exportado", aplicado ya en Andalucía y Extremadura y por el que se recaudarían 25 millones de euros, para grabar los depósitos captados por las entidades financieras en la Comunidad donde se tendrían en cuenta las inversiones y los créditos concedidos en la Región y las aportaciones a la obra social con la "obligación" de no repercutir esa imposición en los clientes.


Los socialistas han reclamado de nuevo la recuperación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para las grandes fortunas, aquellos casos en los que el valor individual percibido supere los 120.000 euros, por el que se ingresarían 120 millones de euros, y el aumento de la tarifa del IRPF y del Patrimonio para los tramos más altos de renta a los que se eliminaría, además, las bonificaciones fiscales (el ingreso por estos dos conceptos sería de 69).