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Los viernes negros de los políticos

Los viernes negros de los políticos

Por Fernando Franco Jubete
viernes 29 de junio de 2012, 00:35h
Los palentinos adoramos a Marta Domínguez, la mejor atleta española de todos los tiempos, y la defendimos y reivindicamos su inocencia frente a las insidiosas acusaciones de la fallida Operación Galgo. Pero cuando el candidato Rajoy decidió directa y digitalmente nombrarla senadora para reivindicar su figura (fue la candidata más votada), yo entendí la lamentable utilización patrimonialista del Estado que iban a seguir haciendo Rajoy y su nuevo Gobierno. Marta no pinta nada en el Senado, como la mayoría de los senadores, y se reivindica entrenando todos los días por las calles de Palencia y volviéndola a admirar en las próximas Olimpiadas.
   
El candidato Rajoy no debía tener muy clara la ruina absoluta del Estado que iba a tener que gestionar y que le iba a obligar a rehacer España. Da la impresión que en el plan de reformas exhaustivo y completo que exige su principio de que "la austeridad es la base del crecimiento" todavía no ha asumido que lo más urgente es acabar con la parafernalia administrativa acumulada a lo largo de la historia. Es decir, eliminar políticos reduciendo drásticamente la estructura del Estado, reformar la función pública e implantar un nuevo sistema basado en el mérito.
   
Los nombramientos digitales del Gobierno de turno, los partidos y las instituciones en el uso patrimonial del Estado, como su finca propia, son el origen de los principales problemas que sufre España. Como el escándalo Dívar, que ha descubierto la inaceptable existencia del Consejo General del Poder Judicial con un presupuesto desmedido de 71 millones de Euros en 2012, del mismo modo que  la ruina de Bankia ha descubierto a los auténticos responsables del desastre de las Cajas de Ahorros: los abusos de los consejeros y altos cargos nombrados por los partidos, los sindicatos, la patronal. Todo ello lo ha permitido un Estado corrupto, subvencionado, burocrático e insostenible que toda la sociedad en la calle y a través de Internet, los analistas, tertulianos y algunos políticos, incluso del PP, están demandando que se recorte radical e inmediatamente.
   
Es de suponer que el Gobierno está en ello pero sigue cometiendo el error de no explicarlo porque, aunque los ciudadanos estemos dando una lección de responsabilidad, madurez y sacrificio, Internet echa humo. El humo que precede al estallido. Y lo digo porque está circulando masivamente por Internet un estudio, presuntamente elaborado por tres asesores de la Presidencia del Gobierno, que informa de la existencia en España de 445.568 políticos nombrados por elección o designación directa en todo tipo de administraciones, organismos o empresas públicas y que viven de los sueldos del erario público. Tenemos un político por cada 77 electores del último censo electoral. La desmesurada cifra es más escandalosa si la comparamos con los países de nuestro entorno. Nada menos que 300.000 políticos más que Alemania, que nos duplica en población, y el doble en porcentaje por habitante que Francia e Italia.
   
La mayor cantidad de políticos colocados en la Administración se encuentran en organismos dependientes de las comunidades autónomas y ayuntamientos y la desmesura más inaceptable, que resalta el citado informe, se sitúa en empresas municipales y asesores de todo tipo que asesoran directamente a los políticos y a los asesores de los políticos. Nada menos que 40.000 asesores necesitan los, evidentemente mediocres, dirigentes políticos que padecemos. El estudio desvela, que el tamaño desmesurado de nuestra administración no está provocado por los funcionarios, que prestan servicio directo al ciudadano, sino por los políticos que pueblan las administraciones españolas.
   
La indignación generalizada en que vivimos los españoles, teniendo que digerir la información, cada día más exhaustiva y lacerante, sobre los desmanes y prebendas de la clase política que padecemos se hace ya insostenible. Es urgente que Rajoy le dedique, como ha prometido, a la reforma de la Administración pública, todos los viernes que sean necesarios en el Consejo de Ministros para reducir los cargos políticos hasta un número semejante al de los países de nuestro entorno. Que es tanto como afirmar que sobran 300.000 políticos. Por lo tanto no basta con eliminar las diputaciones provinciales (que suman 1.088 diputados), el Senado (con 266 senadores) ni el 80% de los 8.112 alcaldes y 65.896 concejales (a lo que se opone el PP). Tampoco basta con eliminar el 50% de los diputados de todos los congresos autonómicos (como a propuesto en la Comunidad de Madrid su presidenta) y el congreso nacional.
   
La propuesta del presidente Rajoy, de acometer la reforma de la Administración pública, suprimiendo el 17% de las empresas públicas y el 10% de los cargos públicos, a la vista de los datos del informe comentado y de la evolución del déficit en los cinco primeros  meses del año sería una ridiculez insuficiente y una auténtica provocación, que incrementaría la indignación de la sociedad española. Porque estamos esperando que el Presidente del Gobierno comience a dedicar los viernes, en su Consejo de Ministros, a la reforma radical de todas las administraciones públicas. Debería hacerlo de inmediato, antes de verse obligado a cumplir las instrucciones que se ha negado a aceptar inicialmente, de incrementar el IVA, rebajar el sueldo de los funcionarios y antes de tomar las nuevas medidas económicas anunciadas. Sencillamente porque los recortes tienen que llegar a los políticos, les  tienen que llegar sus viernes de Consejo de Ministros, los viernes negros de sus recortes.

Fernando Franco Jubete. Dr. Ingeniero Agrónomo, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia. .
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