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Con un impacto económico en la Comunidad de 155 millones de euros al año

Aprobado el Proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad

Aprobado el Proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad

Por Montse Serrador
jueves 28 de junio de 2012, 17:24h
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, que impulsa la participación de la iniciativa social en este tipo de políticas y que garantiza acciones positivas para que este colectivo logre hacer efectivo su derecho a la igualdad de oportunidades. El texto legal recoge un nuevo enfoque en la atención a estas personas y será remitido mañana, viernes 29 de junio, a las Cortes de Castilla y León para su tramitación parlamentaria.

Su desarrollo tendrá un impacto económico en la Comunidad de 155 millones de euros, si bien esta previsión debe enmarcarse en el marco de estabilidad presupuestaria que las administraciones públicas deben respetar.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha explicado que las más de 161.000 personas con discapacidad que residen en Castilla y León -el 6,3% de la población castellana y leonesa-, sus familias y aquellas personas en riesgo de padecerla están ahora más cerca de contar con una ley integral y transversal que incluya todas las medidas impulsadas para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural o social, y a lo largo de todo su ciclo vital.

El proyecto de ley, que consta de 76 artículos, no pretende reconocer derechos diferentes para las personas con discapacidad, sino aglutinar en una norma regional todos los derechos establecidos a nivel internacional, nacional o autonómico, y lograr que todos ellos tengan pleno efecto a lo largo del ciclo vital, mediante acciones positivas y un sistema de apoyos y medios específicos para lograr su máxima autonomía personal, su integración sociolaboral, su participación en la sociedad y, en consecuencia, su mayor calidad de vida.   Para ello, el nuevo texto legal establece una doble estrategia de intervención.

Por un lado, se luchará contra la discriminación y por la accesibilidad universal y, por otro, se fijará una política transversal en materia de discapacidad. De esta manera, se desarrollarán medidas específicas en nueve áreas de actuación: salud, educación y formación, empleo e inserción laboral, servicios sociales, cultura, deporte, turismo, ocio y medio ambiente. Y para lograr la necesaria planificación coordinada de todas las actuaciones, tanto en el ámbito autonómico, como local y provincial, la Junta se dotará de un nuevo instrumento: un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad. La futura ley se asienta en los principios de igualdad de oportunidades, la promoción de la autonomía personal, la inclusión, la accesibilidad universal, el diálogo de la sociedad, la transversalidad de las políticas y la responsabilidad pública.

Medidas
 
La nueva norma establecerá medidas de acción positiva en el ámbito de la salud, la formación, el empleo o los servicios sociales, así como actuaciones contra la discriminación, de sensibilización e información, de accesibilidad, de participación y de planificación.   La ley contempla una atención integrada de carácter social y sanitario para las personas con discapacidad. Además, prevé actuaciones para promover la salud, prevenir la discapacidad, detectar las situaciones que comportan discapacidades y asegurar la asistencia sanitaria, con especial énfasis en el medio rural.   Se plantea una atención educativa específica que favorezca el desarrollo de las habilidades y capacidades que mejoren la calidad de vida, autonomía personal, participación y desarrollo en el entorno familiar y comunitario.

También establecerá mecanismos para una transición adecuada entre las diversas etapas y niveles educativos, así como entre enseñanzas de formación profesional y acceso al empleo. Potenciará la integración en todos los niveles y etapas educativas, la promoción de la Formación Profesional, el acceso de las personas con discapacidad a los estudios universitarios y el asesoramiento a las familias del alumnado con discapacidad.

Para lograr la inserción laboral una vez concluida la etapa educativa, la ley recoge la elaboración de un programa integral de empleo, que contemple el acceso al empleo principalmente ordinario, y también al protegido, con especial atención a la orientación, intermediación y apoyo para el autoempleo y desarrollo de proyectos empresariales. Junto a esto, se prevén planes de igualdad para las personas con discapacidad en las empresas, estableciendo medidas de fomento especialmente dirigidas a pequeñas y medianas empresas, así como la orientación, formación y apoyo para el empleo.

Otros acuerdos

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy una inversión por un importe de 26.997.005 euros, para los próximos diez años, destinados a la mejora y el ahorro energético de diez residencias de personas mayores y centros de personas con discapacidad de la Comunidad, dependientes todos ellos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Con esta inversión se pretende avanzar en la mejora de los consumos mediante la incorporación de equipos más eficientes.

Además, se ha aprobado prorrogar el contrato -por un importe de 3.911.860 euros- para desarrollar los programas 'Madrugadores' y 'Tardes en el Cole' durante el próximo curso escolar 2012-2013 en los centros educativos de Castilla y León. Ambos planes consisten en la ampliación de los horarios de apertura de los colegios fuera del periodo lectivo para conciliar la vida familiar y laboral de las familias.

El Consejo de Gobierno ha aprobado también el decreto por el que se regula la composición y la organización de la Comisión Autónoma de Publicidad Institucional. Las funciones de este órgano son el estudio, el análisis y el seguimiento de las actividades de la publicidad institucional de la Administración de la Comunidad y sus entes adscritos.
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