El PP se muestra "radicalmente contrario" a la supresión de ayuntamientos

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan José Sanz Vitorio, se ha mostrado este miércoles "radicalmente contrario" a la supresión de ayuntamientos en España con un rechazo expreso a que se justifique esa medida con criterios de población.  
  
Este es el principal mensaje que ha realizado Sanz Vitorio en su intervención en el debate de una proposición no de ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista para rechazar la supresión, fusión o agregación de ayuntamientos en el territorio de Castilla y León, a excepción de las que se realicen de forma voluntaria.
  
"Suprimir municipios es un error que no soluciona el problema", ha insistido Sanz Vitorio quien, no obstante, ha apelado a la eficiencia en la gestión municipal consciente de que se debe mejorar la parte de ingresos de los consistorios y reducir los gastos para garantizar la sostenibilidad de las cuentas municipales, para lo que ha apelado a economías de escala.
  
Dicho esto, Sanz Vitorio, que ha lamentado las contradicciones del grupo proponente en esta materia lo que ha motivado la abstención de su grupo, ha recordado que el anterior ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, propuso en su día la fusión de ayuntamientos en España, informa ep.
  
Desde las filas socialistas, el procurador Francisco Ramos ha compartido la "estupidez" y "sinsentido" que supondría la eliminación de ayuntamientos, a los que se ha referido como "héroes institucionales" y ha acusado al Gobierno de España de pretender cerrar municipios, una cuestión que no tiene nada que ver, a su juicio, con la ordenación del territorio y que sólo persigue convertir a las administraciones más rápidas, eficaces y menos denostadas por los ciudadanos en las culpables de la actual situación de crisis.

20 minidiputaciones
  
Ramos ha evidenciado las "contradicciones fundamentales" del proyecto reformador del PP, que defiende en España la supresión de municipios "por decreto" mientras que en Castilla y León aboga por la agrupación voluntaria para simplificar un mapa de mancomunidades que "ahora no entiende" y que, según ha advertido, creará 20 minidiputaciones "cueste lo que cueste" con un chantaje económico y asfixia financiera a los municipios que no se quieran asociar. 
  
No obstante, ha admitido que el error de la eliminación de ayuntamientos no será del Gobierno de España sino de "la señora Merkel" al mismo tiempo que ha exigido un pronunciamiento claro de las Cortes ante el Gobierno sobre su plan de reformas municipales que evidencie además el verdadero peso político del PP regional, al que ha pedido que no se quede en "peso pluma" en este caso.
  
Sanz Vitorio y Ramos han protagonizado otro 'cara a cara' en el debate de una proposición no de ley del PP que ha sido aprobada por la mayoría 'popular' para instar a la Junta a realizar determinadas actuaciones sobre el nuevo modelo de ordenación del territorio, una iniciativa que ha criticado el procurador socialista por pedir a la Junta que haga lo que ya está haciendo en un procedimiento que ha definido como de "participa y calla" al mismo tiempo que ha cuestionado los incumplimientos en torno al Plan Plurianual de Convergencia Interior.
  
Ramos ha reconocido asimismo que el tema de la financiación local es una "asignatura perdida" de este país y ha recomendado a la Junta que no se embarque en aventuras reformadoras sin saber su coste.
  
El viceportavoz del Grupo Popular ha lamentado al respecto la "falta de seriedad" del principal partido en la oposición al que ha recordado que parte de la PNL del PP desarrolla una enmienda del PSCL a los presupuestos generales de la Comunidad para 2012 en la que pide que antes de que termine el año se remita a las Cortes el proyecto de Ley de Gobernanza y Ordención del Territorio.
  
"¿Se van a abstener en su propia enmienda?", se ha preguntado en tono irónico Sanz Vitorio para quien esta actitud no es un problema de biocefalia sino de "absoluta falta de cefalia" de un grupo cuyo portavoz, en referencia a Óscar López, no sabe lo que firma -en referencia a la confusión del PSOE de un pleno ordinario con el de Debate del Estado de la Región--.
  
Sanz Vitorio, que ha puesto sobre la mesa el "juego de las preguntas y de las respuestas", ha lamentado que mientras PP y PSOE están de acuerdo en todo lo relacionado con la necesidad de un nuevo modelo de ordenación del territorio sean incapaces en cambio de llegar a un acuerdo al respecto.
   
"La Ley de Gobierno, Ordenación y Servicios en el territorio es un asunto de Comunidad en el que la Cámara no puede estar al margen", ha defendido el viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, para quien "jamás ningún proceso tuvo un nivel de participación tan amplio como este".
  
Sanz Vitorio ha defendido el "trabajo con seriedad" que se está llevando a cabo desde la Junta en esta materia que avanza en el fortalecimiento de los municipios de Castilla y León para asegurar el cumplimiento de sus competencias con eficiencia y apuesta por redefinir el papel de las diputaciones en un reconocimiento de su "función esencial" en el ámbito rural "para que vuelquen todos sus esfuerzos en el apoyo a las asociaciones voluntarias de municipios y a los pequeños municipios".

Precisamente, desde el Grupo Mixto, su portavoz, José María González, de IU, ha cuestionado el papel de las diputaciones provinciales a las que se ha referido como "verdaderos órganos caciquiles" en un intento de la Junta de que como en la obra 'El Gatopardo', de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, cambie algo para que todo siga igual.
  
A su juicio, Castilla y León debe tener como base de su ordenación del territorio las actuales comarcas y no el "neolenguaje" del PP al que ha acusado de readaptar el concepto a las palabras con las áreas funcionales como nuevas estructuras por encima de los municipios sin eliminar fronteras entre provincias, como sí ocurre en las áreas de salud. En su opinión, la fijación de fronteras interprovinciales es "absolutamente innecesaria".

Iniciativa legislativa

El Pleno de las Cortes ha aprobado este miércoles con el voto unánime de todos los grupos (Popular, Socialista y Mixto) la modificación de la Ley que regula la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y por parte de los ayuntamientos con la que se pretende facilitar la presentación de dichas propuestas y acercar el Parlamento a los ciudadanos.

En concreto, una de las modificaciones incluidas en el texto de la ley supone que el número de firmas exigido para ejercer la Iniciativa Legislativa Popular sea de, al menos, el uno por ciento de los electores del censo autonómico vigente el día de la presentación, mientras que hasta el momento era necesario el respaldo de un mínimo de 25.000 electores.

Por otro lado, se mantiene el requisito de que los electores correspondan a la mayoría de las circunscripciones electorales de la Comunidad que representen cada una de ellas, como mínimo el uno por ciento del respectivo censo provincial.

También se suprime como causa de inadmisión a trámite de las iniciativas legislativas presentadas el hecho de que exista previamente una PNL aprobada por las Cortes en la misma legislatura con idéntico objeto y se amplía el plazo de seis a nueve meses para la recogida y entrega de firmas a la Junta Electoral de Castilla y León y se posibilita su recogida mediante el sistema de firma electrónica.

Por otro lado, se introduce la obligatoriedad de que las proposiciones de ley se incluyan efectivamente en el orden del día del Pleno de las Cortes en el plazo máximo de seis meses. De esta forma, a partir de ahora, los promotores tendrán la posibilidad de dirigirse a la Cámara para presentar la Proposición de Ley en el debate para su toma en consideración al tiempo que se incorpora la posibilidad de conversión de la iniciativa legislativa en una petición ante las Cortes de Castilla y León en el plazo de un mes en el supuesto de inadmisión.

En la nueva modificación se introducen mejoras de carácter técnico y procedimental y se clarifican diversos aspectos de la norma vigente, como la flexibilización del sistema de verificación de firmas que se efectuará a través de la Oficina del Censo Electoral, sin necesidad de aportación de certificado previo junto a los pliegos que contengan la proposición. También se hace constar expresamente la necesidad de que los pliegos estén escritos en castellano y se aclaran aspectos procedimentales relativos a la regulación del supuesto de inadmisión de la proposición presentada.

Los tres intervinientes en este debate (Alfonso García Vicente, del PP; Ana Redondo, del PSOE, y José María González, del Grupo Mixto) han coincidido al destacar el importante consenso alcanzado para la aprobación de una ley que modificará el funcionamiento de las propias Cortes regionales al facilitar que los propios ciudadanos defiendan en la tribuna de oradores sus iniciativas y propuestas para la Comunidad.

Escaño ciudadano

En este sentido, la viceportavoz socialista ha animado a los castellano y leoneses a hacer uso del "escaño ciudadano" en defensa de sus propuestas y ha alabado especialmente que esta ley esté "suficientemente financiada", algo "realmente extraño en los tiempos que corren", ha admitido, que permitirá resarcir a los proponentes de los gastos asumidos para la presentación de la IPL con hasta 15.000 euros, en lo que ha considerado "un alivio y acicate".

Por su parte, García Vicente ha recordado que con la aprobación este miércoles de esta ley se da cumplimiento a una promesa asumida por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el pasado 23 de junio de 2011 si bien ha considerado que es algo más que un compromiso de legislatura ya que tendrá una aplicación "de calado" y de largo recorrido en el tiempo al permitir a los ciudadanos que sean escuchados directamente sin la intermediación, "tergiversaciones" o "ambigüedades" de los políticos.

Mientras tanto, González, de IU, ha aplaudido el valor del consenso en un tema por el que ha sido criticado desde fuera por considerar que la modificación de la ley es "insuficiente". El portavoz del Grupo Mixto ha defendido no obstante que con el acuerdo alcanzado este miércoles en las Cortes se dan pasos importantes y fundamentales para facilitar la presentación de iniciativas legislativas ciudadanas.

González ha admitido asimismo que el trámite parlamentario de la modificación de esta ley ha sido "una escuela de aprendizaje"a todos los niveles para un procurador "novato, que no virgen", como él.

Por último, Ana Redondo ha aprovechado la ocasión para pedir que este tipo de acuerdos de la Cámara se puedan extender a las instituciones estatales para otras materias de importancia para Castilla y León, como es el caso de la minería de carbón, un asunto que, según ha recordado, se ha debatido al mismo tiempo en el Parlamento nacional como consecuencia de una interpelación socialista.

"Es lo que están pidiendo los ciudadanos, que sus políticos se hagan cargo de su situación e intenten dar esa respuesta todos estamos esperando", ha sentenciado.