Los consejeros se afanan en justificar las consecuencias de los recortes

Los efectos de los recortes presupuestarios han sido los protagonistas de la sesión plenaria de este martes en la que la oposición se ha afanado en denunciar las repercusiones que la falta de presupuesto y la eliminación de partidas y líneas de ayudas tienen sobre los ciudadanos mientras que el Gobierno regional, aun reconociendo que "no hay para más" ha intentado justificar dichas actuaciones.

Tras las preguntas al presidente de la Junta, el procurador del Grupo Socialista, Julio López, se ha dirigido al consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, al que ha reprochado que 344 trabajadores del Ecyl se vean abocados al desempleo al desaparecer los programas de orientación laboral que llegan desde el Ministerio. López ha pedido "más recursos" y que la propia Junta habilite una partida para este fin ya que, a su juicio, con estos despidos de "está desmantelando el Servicio Público de Empleo".

Villanueva, que ha rebajado a 177 los trabajadores afectados, ha insistido en que no se trata de despidos sino de finalización de contratos, dado que se eliminan las partidas presupuestarias que lo sustentaban. Ha negado, además, que se vaya a cerrar alguna de las 54 oficinal del Ecyl. "No se están desmantelando sino todo lo contrario", ha señalado.

La siguiente pregunta parlamentaria ha llegado de la mano de la procuradora socialista Ana Sánchez, quien ha interpelado a la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, sobre si cree que las rentas de los agricultores y ganaderos se van a garantizar en condiciones de igualdad".

La consejera ha sido tajante: "sí, porque la Junta ha garantizado el apoyo a la competitividad y eso es garantía de rentas". La respuesta no ha satisfecho, ni mucho menos, a la procuradora socialista quien ha denunciado la repercusión que sobre más de 70.000 familias de agricultores y ganaderos tendrá la eliminación de las ayudas a la remolacha y a los seguros agrarios por lo que ha pedido que "no se pasen estas líneas rojas y se respeten" esas partidas.

La consejera, por su parte, ha defendido que con el presupuesto de su departamento y las ayudas de la PAC son más de 1.100 millones de euros los que se destinan a las rentas del sector, más que los de cualquier otra consejería. Ha asegurado, además, que las decisiones se han tomado de forma "meditada y pausada", si bien ha destacado que en el caso de las ayudas a la remolacha se va a reclamar a las industrias azucareras que sean ellas las que las asuman, dado que son las que están recibiendo  hasta 300 euros más por tonelada de remolacha en el mercado internacional frente al precio base, se están lucrando y, por lo tanto, bien pueden incrementar las cantidades que pagan a los remolacheros. En cuanto a los seguros agrarios, Clemente ha dejado sus explicaciones para otra ocasión al agotarse el tiempo de su intervención.

Ha llegado después el copago sanitario y con él el tándem  Sáez Aguado-Mercedes Martín que tan buenos momentos está dando al Parlamento regional en la presente legislatura.

La procuradora socialista ha calificado de "principio del fin de la sanidad pública" el copago farmacéutico que entrará en vigor el 1 de julio que supondrá "la expropiación del diez por ciento de la pensión de más de 591.066 ciudadanos de la Comunidad". La parlamentaria del PSOE ha terminado por preguntar al consejero si piensa recomendar, como ha hecho la ministra de Sanidad, que se sustituyan los fármacos por hierbas del campo".

El consejero de Sanidad, que ha calificado de  "gruesas" las afirmaciones de Martín, ha negado cualquier tipo de "expropiación" ya que la aplicación del "copago" no supondrá más de ocho euros al mes para el 86,5 por ciento de los pensionistas, unas cantidades que, en todo caso, si son superiores a lo estipulado se devolverán en tres meses, mediante transferencia bancaria y sin que sea necesario solicitarlo expresamente. Antonio María Sáez Aguado  ha protagonizado después un acalorado debate en torno a las vendas del Servicio de Urgencias de Benavente

Ha llegado después el turno de los recortes en educación. En este punto, el consejero de Educación, Juan José Mateos, ha anunciado que las ayudas para los estudios universitarios del curso que está a punto de concluir se publicarán el 28 de junio, si bien habrá 290 estudiantes que no tendrán estas ayudas, a pesar de cumplir con todos los requisitos, por falta de consignación presupuestaria. En total serán 1.411 universitarios los que tendrán derecho a las ayudas -3,2 millones en total- a las que se han presentado 12.274 solicitudes. 

Mateos confirmó también la eliminación del programa de Centros Abiertos, que permitía la apertura de los centros escolares en los periodos vacacionales y los días no lectivos por considerar que se trata de un servicio "periférico y no educativo y la coyuntura económica obliga a elegir". Se mantendrán, en cambio, los programas "madrugadores" y "tardes en el cole". "Es un impuesto más a la conciliación", ha denunciado la procuradora socialista Marqués Sánchez.