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"Es muy difícil buscar alternativas cuando la decisión de cierre está tomada"

La Junta trabaja en una solución 'social' para los empleados de Vitro

La Junta trabaja en una solución "social" para los empleados de Vitro

Por Redacción/Agencias
jueves 21 de junio de 2012, 13:50h
La viceconsejera de Política Económica de la Junta de Castilla y León, Begoña Hernández, ha asegurado hoy que el Gobierno autonómico trabaja en una solución "social" para los empleados de la factoría de Vitro Cristalglass ante la decisión de cerrar sus factorías en Villadecanes y Camponaraya, ambas en León.

Hernández se ha expresado así momentos antes de inaugurar la Jornada sobre la Formación para el Empleo tras la Reforma Laboral que ha organizado el sindicato Comisiones Obreras.

La viceconsejera se ha referido a la reunión mantenida este miércoles con representantes de los trabajadores y de la empresa, que se ha sumado a las celebradas en las últimas semanas e incluso meses, ha explicado, "porque la situación es complicada desde hace meses" dado que es un sector en reconversión, que pierde capacidades no sólo en España sino en el ámbito europeo, informa ep.

A este respecto, ha incidido en que hay una decisión de la empresa "no vinculada" a una ayuda o escenario de financiación --de diez millones de euros--, sino que hay un problema "mucho más global en el grupo" y ha recordado que la propia empresa matriz está en un proceso concursal en Estados Unidos con un volumen de acreedores de cientos de millones de deuda sin resolver.

Por eso, aunque la filial situada en El Bierzo sea una sociedad mercantil separada, cree que está en el mismo contexto y por ello se trabaja "intensamente" y "sobre todo" por una "solución social razonable" en estos momentos que permita trabajar en cualquier expectativa y alternativa industrial para el propio negocio.

Sin embargo, ha insistido en que cuando las empresas no quieren continuar con su actividad, y en este caso hay una decisión tomada, "es muy difícil buscar alternativas" y ha reiterado que cree que el problema no son los diez millones de euros sino que es "más serio", de funcionamiento y viabilidad y por ello habría que facilitar una alternativa industrial y una solución social que permita a los trabajadores tener un escenario de futuro.

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