La Junta pide amparo al Constitucional por la "vulneración" de su derecho de defensa en las sentencias de las vacaciones fiscales

El Consejo de Gobierno ha abordado esta mañana la interposición de ocho recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por la vulneración del derecho de defensa de la Junta de Castilla y León en las últimas sentencias sobre el Impuesto de Sociedades del País Vasco. Se trata de un paso más en la defensa de las empresas de la comunidad, puesto que el objetivo es evitar que las diputaciones forales apliquen tipos fiscales reducidos a las compañías que operan en las tres provincias vascas. Con ello se lograría que unas y otras compitieran en situación de igualdad.

Desde 1996 las diputaciones vascas favorecen a las empresas asentadas en su territorio con un Impuesto de Sociedades inferior al vigente en las demás autonomías, así como con ventajas tributarias que no existen en el resto de España y que les permiten pagar menos. En opinión de la Junta, se trata de un claro ejercicio de competencia fiscal desleal que perjudica a las comunidades limítrofes, entre las que se encuentra Castilla y León. Por eso el Ejecutivo regional ha intentado siempre impedir la aplicación de este tipo de normas forales.
 
Conviene recordar, en este sentido, que lo que se conocen como vacaciones fiscales vascas han sido recurridas sistemáticamente tanto por Castilla y León como por La Rioja ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). El conflicto ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, que ha intervenido tanto a raíz de procedimientos iniciados por la Comisión Europea como a petición de tribunales españoles. Las sentencias que ha dictado hasta ahora afectan a ayudas selectivas a empresas, que considera incompatibles con el mercado común.
 
El 11 de septiembre de 2008 el TJUE dictaminó, asimismo, que el TSJPV debía comprobar si las diputaciones forales contaban con la autonomía institucional, de procedimiento y económica que son necesarias para dictar normas fiscales ajustadas a la legalidad europea. La tesis de Castilla y León es que carecen de esta última, porque el coste de las decisiones tributarias del País Vasco no lo soportan en exclusiva los vascos, sino que lo asumen el resto de los españoles vía transferencias del Estado.
 
Castilla y León, privada de la posibilidad de probar su postura
 
El TSJPV ignoró el mandato del Tribunal de Luxemburgo. Es decir, eludió realizar las diligencias solicitadas por el TJUE -que hubieran permitido dilucidar si la Junta estaba en lo cierto- y dictó sentencias sin más trámite, privando a Castilla y León de toda posibilidad de alegar y probar su postura. Esto obligó al Gobierno autonómico a presentar ocho recursos de casación en 2009 y 2010 ante el Tribunal Supremo (TS).
 
Este órgano judicial los desestimó el pasado mes de abril, una decisión incomprensible tanto para la Junta como para tres magistrados del TS, que discrepan del resto de la sala y han expresado su disconformidad a través de otros tantos votos particulares. Máxime cuando el propio Tribunal Supremo, en sentencia de 9 de diciembre de 2004, decretó la nulidad de las normas forales de 1996 sobre el Impuesto de Sociedades que fijaban un tipo inferior al estatal para las empresas ubicadas en el País Vasco.

De ahí que la Junta, por iniciativa de la Consejería de Hacienda, haya acordado presentar ocho recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC). El fin último de esta medida es que se anulen los pronunciamientos judiciales precedentes y el asunto se resuelva tras practicar las pruebas que ordenó realizar el Tribunal de Luxemburgo hace casi cuatro años.
 
El TC tiene pendiente pronunciarse sobre un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Junta, el relativo al llamado blindaje del concierto económico vasco, que impulsado por el anterior Gobierno socialista de España ha dejado a la comunidad en una situación de indefensión, en la medida en que le impide recurrir las normas forales ante los tribunales ordinarios.

Pago a proveedores

El Consejo de Gobierno ha aprobado modificar el límite máximo de endeudamiento a largo plazo para 2012, para hacer posible el pago a los proveedores de la Junta en el marco del mecanismo extraordinario de financiación. A este sistema se han acogido 2.137 empresas que cobrarán un total de 1.052,7 millones de euros.

El pasado 29 de marzo la Junta aprobó adherirse al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores, que se había pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del día 6 de ese mismo mes. Con ello se daba el primer paso para abonar la deuda pendiente de años anteriores a las empresas que efectúan obras, suministros o servicios para la Administración autonómica.
 
Tras solicitar la incorporación al sistema antes del 1 de abril, la Consejería de Hacienda envió al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un listado con las facturas susceptibles de financiar mediante esta línea de préstamo. El 30 de abril la Junta cumplió con el último requisito: remitir al Gobierno de España un Plan de Ajuste acorde a las instrucciones de la Secretaría del CPFF, es decir, con medidas de ahorro e incremento de ingresos dirigidas a cumplir el objetivo de déficit del -1,5% para este año.
 
A partir de ahí se abrió un plazo -que concluyó el 22 de mayo- para que los proveedores que lo desearan se acogieran voluntariamente a esta fórmula de cobro. Así lo han hecho 2.137 empresas, a las que la Junta de Castilla y León abonará 287.482 facturas por un importe total de 1.052.738.698 euros.
 
Línea de crédito del ICO
 
El mecanismo extraordinario para el pago a proveedores consiste en un préstamo que el Gobierno pone a disposición de las autonomías a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En definitiva, supone una inyección inmediata de recursos en un momento en que todas las administraciones se enfrentan a dificultades para obtener financiación. Ahora bien, puesto que se trata de un crédito, obliga a revisar el endeudamiento máximo a largo plazo.
 
Junto a esto, el expediente autoriza a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, a adoptar las medidas necesarias para la ejecución del acuerdo y, en particular, a aprobar y firmar las operaciones de préstamo que permitirán satisfacer las obligaciones atrasadas con los acreedores -1.052,7 millones de euros-.

Huelga general en apoyo de la minería

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy los acuerdos que regulan los servicios mínimos en la Administración autonómica, el sector del transporte y las oficinas de farmacia con motivo de la huelga general en apoyo de la minería convocada el lunes 18 de junio en 31 municipios de la comunidad, 24 de ellos de León y 7 de Palencia. Con ello la Junta, que tiene la doble condición de empleadora y autoridad gubernativa, garantiza el funcionamiento de los servicios públicos esenciales sin menoscabo de la libertad individual y sindical.
 
El artículo 28 de la Constitución Española reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, pero al mismo tiempo establece que la ley debe asegurar el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales. Por su parte, la normativa autonómica establece que la Junta debe aprobar unos servicios mínimos en los casos de huelga de los empleados públicos. Esto supone, en definitiva, que la Administración debe garantizar la asistencia sanitaria y la atención social, así como la apertura de los centros docentes, el transporte público, los servicios farmacéuticos y la seguridad y protección de las personas, los bienes y el patrimonio.
 
La huelga general convocada el próximo lunes en las comarcas mineras de León y Palencia por los sindicatos UGT y CCOO obliga al Gobierno autonómico a fijar dos tipos de servicios mínimos. Por una parte, los derivados de su condición de empleador, que afectan a los trabajadores la Junta, a los de las empresas públicas y a los de aquellas compañías que prestan servicios al Ejecutivo regional. Por otra, en calidad de autoridad gubernativa, que debe velar por los derechos de los ciudadanos.
 
En la Administración General de la Comunidad y en los organismos autónomos deberán acudir a trabajar el 19,54% de los efectivos. Este porcentaje se eleva al 45,48% en el ámbito sanitario, mientras que en los servicios generales (incluidos los sociales) asciende al 20,53% y en el sector docente no universitario se sitúa en el 11,35%.
 
En las empresas privadas que prestan servicios a la Junta se han establecido mínimos en los sectores de la limpieza, la seguridad y el mantenimiento de las dependencias públicas, que afectan a uno o dos trabajadores por compañía. Por el contrario, se propone una ratio más elevada en el sector de emergencias sanitarias y en los operativos de extinción de incendios, que alcanza al 46,12% de los efectivos.
 
Transporte público y oficinas de farmacia
 
Por su parte, las empresas concesionarias de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general deberán realizar como servicios mínimos en torno al 30% de los viajes que tengan autorizados.
 
Por último, en las oficinas de farmacia se han fijado los servicios mínimos teniendo en cuenta las guardias que son necesarias para cubrir las distintas zonas.
 
De acuerdo con la convocatoria de huelga general realizada por UGT y CCOO, las localidades leonesas en las que todos los trabajadores están llamados a la huelga son las de Bembibre, Berlanga del Bierzo, Fabero, Folgoso de la Ribera, Igüeña, Noceda del Bierzo, Páramo del Sil, Toreno, Torre del Bierzo, Valdesamario, Vega de Espinareda, Cabrillanes, Palacios del Sil, San Emiliano, Villablino, Cistierna, Matallana de Torío, La Pola de Gordón, La Robla, Sabero, Valdepiélago, Valderrueda, Vegacervera y Villagatón.
 
En Palencia los sindicatos han llamado a secundar la protesta a los ocupados de Barruelo de Santullán, Castrejón de la Peña, Cervera de Pisuerga, Guardo, La Pernía, Santibáñez de la Peña y Velilla del Río Carrión.

II Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León

El objetivo de estas subvenciones es desarrollar actividades de los observatorios industriales de los sectores de automoción, energético y prospectiva industrial. La Consejería de Economía y Empleo destinará un total de 1,15 millones de euros a los principales representantes empresariales y sociales para llevar a cabo acciones de difusión y desarrollo del II Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León.

CECALE, UGT y CCOO recibirán 385.000 euros cada una para el desarrollo de estas acciones con el objetivo de consolidar el proceso de convergencia económica con Europa y aumentar la cohesión territorial dentro de la Región, potenciar la generación de empleo estable y de calidad con el mantenimiento del empleo, impulsar un modelo de economía basado en la innovación y el conocimiento, así como favorecer la internacionalización, mejorar la competitividad y facilitar el acceso a la financiación de las empresas de la Región.

Extinción de la Fundación para la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior y la Cooperación al Desarrollo

El Consejo de Gobierno ha autorizado la extinción de la Fundación para la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior y la Cooperación al Desarrollo, creada en 2008 -en la anterior legislatura, por la Consejería de Interior y Justicia-. Los objetivos y funciones desempeñados hasta el momento por esta fundación pasarán a ser asumidos por la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior. La causa de dicha extinción es dar cumplimiento al Plan de Ajuste, previsto por el Gobierno de la Nación, que establecerá los mecanismos necesarios para financiar a los proveedores.

Extinción de la Fundación Centro Regional de Calidad y Acreditación Sanitaria

El Consejo de Gobierno también ha autorizado la extinción de la Fundación Centro Regional de Calidad y Acreditación Sanitaria de Castilla y León -FQS-, creada en 2008 por la Consejería de Sanidad. El objetivo de esta Fundación ha sido promover, de forma autónoma e independiente, la evaluación de la actividad sanitaria en su conjunto y procurar la mejora continua de la calidad de las prestaciones sanitarias.

Autorizados cinco másteres y un doctorado en las universidades de Burgos, Salamanca, Valladolid, Católica de Ávila e IE Universidad de Segovia

Por último, el Consejo de Gobierno ha autorizado la creación de seis títulos de enseñanzas universitarias oficiales, distribuidos en másteres y doctorados, en las universidades públicas de Burgos, Salamanca y Valladolid, y en las privadas Universidad Católica 'Santa Teresa de Jesús' de Ávila y en la IE Universidad de Segovia, para su implantación en el curso académico 2012-2013. Los consejos de gobierno de las universidades, o consejos directivos en el caso de las privadas, han solicitado estas titulaciones.