Los pequeños municipios cederán a los distritos casi la mitad de sus funciones

Los nuevos distritos de interés comunitario regional que se van a crear en el nuevo marco de ordenación del territorio llevarán a cabo la competencia para afrontar los gastos corrientes de mantenimiento que requieran los centros de educación reglada (colegios) dependientes de un CRA y de inversiones como calles, depósitos de agua, red de distribución y de saneamiento, depuradoras o red de alumbrado público.

Además, todo distrito rural llevará los servicios públicos sobre la organización de ferias comerciales mancomunadas para los municipios de menos de 5.000 habitantes, el censo de perros y otros animales de compañía y el de perros agresivos, la recogida de animales de compañía muertos o la generación del transporte de viajeros intermunicipal 'en espiral' dentro del mismo para una adecuada prestación de servicios públicos como el acceso a tanatorios o velatorios, complejos polideportivos y piscinas cubiertas o guarderías y centros de cultura.

Del mismo modo, los distritos rurales llevarán los servicios públicos sobre la policía local para los municipios de menos de 5.000 habitantes y el apoyo al asociacionismo de voluntarios de protección civil para los municipios también de menos de 5.000 habitantes.

Este es el principal acuerdo alcanzado este lunes en la quinta y última reunión del grupo de trabajo de distritos y municipios de menos de 20.000 habitantes para definir las competencias futuras de los mismos, un encuentro que se ha celebrado en la localidad vallisoletana de Villabáñez en un gesto de la Junta de Castilla y León para destacar la importancia de los pueblos de menos de 500 habitantes en la Comunidad Autónoma.

Según ha explicado a Europa Press el director general de Administración Local y Ordenación del Territorio, Luis Miguel González Gago, en este encuentro se ha definido "por unanimidad" un "catálogo completísimo" de competencias del mundo rural distribuido entre 27 materias, 173 competencias y 539 funciones administrativas y dividido a su vez en tres grupos de municipios, hasta 1.000 habitantes, de 1.000 a 5.000 habitantes y de 5.000 a 20.000 habitantes.

González Gago ha explicado que, en virtud de este nuevo catálogo competencial, la intervención de los nuevos distritos de interés comunitario, cuya premisa básica es "una competencia, una administración" con carácter homogéneo para las nueve provincias de Castilla y León, será más amplia cuanto menor sea el censo del ayuntamiento.

Así, en el caso de los municipios de menos de 1.000 habitantes ejercerán por sí mismos un total de 144 funciones administrativas mientras que delegarán a los distritos 140 funciones, lo que representa un 51 por ciento de gestión propia y un 49 por ciento de cesión administrativa, frente al 12 por ciento actual de las mancomunidades.

En el caso de las localidades de entre 1.000 y 5.000 habitantes, ejercerán por sí mismas 183 y delegarán 135 funciones, de modo que llevarán a cabo directamente el 58 por ciento de las funciones y cederán el 42 por ciento, frente al 11 por ciento actual.

Finalmente, en el último tramo, de 5.000 a 20.000 habitantes, llevarán a cabo por sí mismos 261 funciones y delegarán 98, lo que representa porcentajes del 73 por ciento a su favor y del 27 por ciento cedido, frente al 10 por ciento de media que tienen cedido ahora.

El director general ha significado la importancia de este catálogo ya que, además de evitar duplicidades, concreta qué administración prestará cada función y da una solución de futuro a las denominadas "competencias impropias". Además, los ciudadanos contarán con información sobre con qué infraestructuras y con qué servicios podrán contar en sus pueblos y sobre en qué lugar quedarán ubicados el resto de los servicios locales y a qué distancia estarán.

Según ha recordado González Gago, la Consejería de la Presidencia remitirá, una vez aprobado este modelo, una carta personalizada a todos los ayuntamientos para que conozcan lo que ha definido como "un modelo complejo" que se podrá consultar también en el Gobierno Abierto de Castilla y León con un plazo de observaciones de entre 15 y 20 días.

Esta propuesta se llevará a la Mesa de Ordenación del Territorio al tiempo que el director general ha aclarado que en este encuentro no se han analizado las competencias impropias ni las duplicidades, un asunto que se tratará en la reunión del grupo de trabajo de diputaciones del próximo jueves.

González Gago ha reconocido asimismo la "alegría" colectiva por el cierre de un "buen trabajo" desde el convencimiento de que el modelo mantendrá la existencia de los pequeños pueblos de Castilla y León, que "conservarán su idiosincrasia" y presupuestos, mientras que se garantiza la eficiencia y estabilidad presupuestarias con las que está comprometida la Región a través de economías de escala "muy importantes".

Por contra, los municipios menores de mil habitantes decidirán y gestionarán las inversiones locales que tengan que ver con la sede del Ayuntamiento, calles, el depósito de agua, la red de distribución y saneamiento, alumbrado público, el cementerio, los parque y jardines, los columpios, la tienda de ultramarinos, el micropolígono industrial, la piscina, el frontón y otras instalaciones deportivas, el centro multiusos, el teleclub, los telecentros de internet, el albergue turístico, el camping y el consultorio médico local.

Asimismo, gestionarán las inversiones posteriores por obras o arreglos así como la competencia para afrontar los gastos corrientes de mantenimiento y asumirá los servicios públicos de empadronamiento, matrimomios civiles o parejas de hecho, fiestas locales, autorización de espectáculos, el mercadillo, la venta especializada, la venta ambulante, la organización de eventos deportivos, la gestión del patrimonio histórico municipal, la contratación de desempleados y actividades contra la droga.

Los municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes gestionarán inversiones en el recinto ganadero, el museo, el teatro, la plaza de toros y los aparcamientos y gestionarán las inversiones posteriores por obras o arreglos y los gastos de mantenimiento. Asimismo, además de los servicios públicos de los municipios de menos de 1.000 habitantes, asumirán las bandas de música y los grupos de danzas.

Los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes gestionarán inversiones en el mercado de abastos, sala de exposición y centro de día, las inversiones posteriores o arreglos y los gastos corrientes de mantenimiento y además de la lista de servicios públicos de pueblos de menos de 1.000 habitantes asumen la oficina de turismo y la dinamización económica y la promoción de la economía social.

La "lealtad" del PSOE

Por su parte, el procurador socialista Francisco Ramos ha considerado "fundamental" el trabajo técnico realizado por este Grupo través del que se han desgranado las competencias municipales con el fin de cerrar un acuerdo general en la Mesa de Ordenación.

Ramos ha mostrado de este modo la "lealtad" del PSOE con el trabajo técnico realizado en este grupo de trabajo, aunque ha reclamado, desde el plano político, que el PP "aclare" su posición, ya que en el ámbito regional insisten en la no supresión de municipios, mientras que en las reformas presentadas por el Gobierno ante la UE plantean lo contrario.

El procurador socialista ha insistido en que en el borrador de la Reforma de la Ley de Régimen Local cambia el planteamiento y atribuye a las comunidades competencias que hasta ahora desarrollaban los ayuntamientos "sin ser suyas" como en materia de sanidad la gestión de los centros de salud y otras en el ámbito educativo.

Ramos ha explicado que el PSOE es contrario a la creación de nuevas administraciones en relación a los Distritos de Interés Comunitario y, en todo caso, ha reclamado a la Junta que detalle el impacto económico de los mismos.