Televisión pública o televisión gubernamental

La televisión española se crea en 1956, en pleno franquismo, como un instrumento de propaganda en manos del régimen en un contexto de ausencia de libertad de información casi total. De hecho, hasta la aprobación de la Ley Ley 4/1980, del Estatuto de la Radio y la Televisión, que creó el Ente Público RTVE, la televisión pública estaba orgánicamente encuadrada en una Dirección General del Ministerio de Información y Turismo y solo en 1977 pasó a ser un organismo autónomo. El primer Director General, Jesús Suevos, fue un falangista destacado y todos los directores de la primera época, sin excepción, poseían un perfil más ideológico que de gestión. Destacan los nombres de Adolfo Suárez, nombrado por Fraga en 1969, y de Juan José Rosón y Jesús Sancho Rof, que después de pasar por el cargo serían nombrados Ministros. Que ocupar la dirección de la televisión sirva para hacer méritos de cara a ocupar un ministerio es bastante sintomático, ¿no creen ustedes?

A partir la aprobación de la Constitución, existe ya un mandato, contenido en el artículo 20.3, que obliga a establecer un control parlamentario de los medios públicos y a garantizar el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. El Estatuto de RTVE de 1980 intenta poner en práctica estos principios, pero el control político sigue siendo la tónica dominante. Tanto en la época de UCD, como en los años de gobierno de Felipe González, la televisión pública fue esencialmente una televisión gubernamental. Baste recordar, por ejemplo, la etapa de Maria Antonia Iglesias al frente de los servicios informativos.

Pero, en mi opinión, es con la llegada de Aznar a la presidencia del Gobierno y, especialmente, con la llegada de Alfredo Urdaci a la dirección de los servicios informativos cuando la instrumentalización política de la televisión pública alcanza un grado superlativo. Quién puede olvidar la Sentencia que condenó a TVE por la manipulación de la información relativa a la huelga general de 2002 y la patética estampa del Sr. Urdaci, obligado a leer el texto de la Sentencia ante las cámaras, cosa que hizo después de los créditos del telediario y a toda velocidad, leyendo textualmente las siglas "ce, ce, o, o", para referirse al sindicato demandante, y quién puede olvidar la actuación de la televisión pública durante los días previos a las elecciones generales del 14 de marzo de 2004, negándose a informar sobre la realidad, incluso cuando todos los medios de comunicación del planeta ya habían confirmado la autoría de Al Qaeda de los atentados del 11-M.

Capítulo aparte merecen las televisiones autonómicas, pozos sin fondo para el erario público y paradigma de una manipulación descarnada, desprovista de sutilezas. Recuerden ustedes la noche en que la presidenta de la Comunidad de Madrid le espetó en directo a Germán Yanque -no precisamente un rojo peligroso- "creo que está usted comprando el discurso de nuestros adversarios" cuando éste le hizo una pregunta incomoda. Poco después el periodista abandonó la dirección del Diario de la Noche denunciando injerencias políticas.

El último invento -esta vez de patente castellanoleonesa- es la "televisión concertada", es decir, la televisión privada pagada con fondos públicos, en la que los ciudadanos solo tienen derecho a pagar, pero no a controlar lo que se hace con su dinero ni, por descontado, a exigir una información plural y un mínimo de neutralidad política. Alguna vez habrá que analizar por qué las Comunidades Autónomas, lejos de acercar la democracia a los ciudadanos, lo que ha hecho ha sido alumbrar reinos de taifas en los que las posibilidades de control democrático son inversamente proporcionales a la distancia entre gobiernos y ciudadanos, y que conste que esto lo digo sin abjurar de mis convicciones federalistas.

Uno de los logros que hay que reconocerle a Zapatero, y tiene unos cuantos que se reconocerán con el tiempo, aunque hayan quedado eclipsados por un amargo fin de ciclo, es el haber cambiado el concepto de la televisión estatal: bajo su mandato la televisión gubernamental se transformó en una televisión verdaderamente pública, entendida como una televisión al servicio de los ciudadanos, no del partido en el Gobierno. Por supuesto, nada es perfecto y todo es mejorable, pero TVE no ha vivido en toda su historia una etapa de mayor pluralismo e independencia.

Esto se consiguió gracias a un conjunto de leyes (Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal; Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de RTVE y Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de comunicación audiovisual) y, sobre todo, gracias a una voluntad política.

La Ley 17/2006 cambió la organización interna en la TV estatal: destaca la elección del Presidente de la Corporación (cargo que engloba las funciones que antes desempeñaban por separado el Presidente del Consejo y el Director General) y de los demás miembros del Consejo de Administración mediante mayoría parlamentaria de 2/3 y por un mandato de 6 años que no coincide con la legislatura. También se crearon los Consejos Informativos en TVE y RNE: órganos de participación de los profesionales de la información para velar por su independencia y la objetividad y veracidad de los contenidos informativos. Estos Consejos, entre otras funciones, participan en las propuestas de nombramiento de los directores de los servicios informativos y, aunque su propuesta no es vinculante, su capacidad de influencia ha sido hasta ahora considerable.

El gobierno de Rajoy ha comenzado una lenta pero segura labor de demolición de todos estos avances. El pasado 20 de abril, mediante Decreto-Ley, el Gobierno modificó la Ley 17/2006 y, a partir de ahora, si en la primera votación no se consiguiese la mayoría de 2/3 para elegir al Presidente y los demás miembros del Consejo, bastará con mayoría absoluta en una segunda votación. Es decir, se deja en manos del partido del gobierno el nombramiento del Presidente y del Consejo de RTVE. Asimismo, se reducen el número de miembros del Consejo y quedan fuera de él, casualmente, los consejeros nombrados a propuesta de los sindicatos. Por último, se decide que el próximo nombramiento del Presidente, cargo actualmente vacante, no será por 6 años, sino solo hasta completar el mandato en curso, o sea, que en enero de 2013 habrá que proceder a una renovación total del Consejo, lo que permitirá al PP nombrar al futuro Presidente de RTVE hasta 2019.

El segundo frente en la labor de demolición es el económico. En una reciente declaración firmada por los profesionales de la información de la CRTVE, éstos, además de criticar las modificaciones legislativas introducidas por el Decreto-Ley del gobierno, muestran su preocupación por la grave reducción presupuestaria que, según ellos, puede "mermar la capacidad de producción, reducir la audiencia y confinar a la televisión pública a un papel marginal".

La existencia de una opinión pública libre depende de la información que reciben los ciudadanos. Si el deterioro de servicios sociales básicos como la educación o la sanidad tiene consecuencias irreparables en las condiciones de vida de los ciudadanos, el deterioro de un servicio público como la televisión también tendrá consecuencias irreparables en su capacidad para ejercer en libertad sus derechos democráticos.

Óscar Sánchez Muñoz. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.