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Las defensas piden la libre absolución

Mantienen la petición de 12 años de inhabilitación para los tres imputados por la Ciudad del Golf

Mantienen la petición de 12 años de inhabilitación para los tres imputados por la Ciudad del Golf

El constructor afirma que "pagó por una finca" que no tiene 10,3 millones de euros

Por Redacción/Agencias
miércoles 23 de mayo de 2012, 20:34h
En la vista oral del juicio por el caso de la Ciudad del Golf, que ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Ávila, la fiscalía y la acusación particular han mantenido la petición de 12 años de inhabilitación para los tres acusados mientras las defensas han pedido la libre absolución.

El ministerio fiscal ha destacado varios hechos irregulares e ilegales en el procedimiento juzgado, por el que la sociedad pública Montes de Las Navas, en la que participaba el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués, la Junta y la Diputación, sacó a concurso una zona de pinar protegido para construir una urbanización, terreno que fue adquirido por el constructor murciano Francisco Gómez 'El Paloma', sin que luego pudiera realizar el proyecto urbanístico por su paralización por la justicia.

Para el fiscal, "no se aplicó el principio de concurrencia" en el concurso en el que solo participó el constructor imputado, ya que "se restringió la oferta y se infringió la ley" y al final "se benefició a la Residencial Aguas Nuevas", la única aspirante a llevar a cabo la construcción de 1.600 viviendas y dos campos de golf.

La valoración del suelo "totalmente arbitraria" y la actuación para permutar un terreno que se iba a incorporar al proyecto fueron otros motivos que han servido al fiscal para hablar de "ilegalidades" en la tramitación, e incluso ha dicho que el promotor se ha presentado en el juicio "como víctima", al que ha considerado "coautor" del delito junto al alcalde, Gerardo Pérez, y al secretario municipal, Carlos de la Vega, quienes también eran responsables de la sociedad pública Montes de Las Navas, informa ep.

Por su parte, los dos letrados de la acusación han suscrito al ministerio fiscal, a la vez que han criticado que en el trámite se pudo "entrar y salir del concurso", "no se determinó el precio del suelo", se permutó una parcela ilegalmente "porque se contaba con ella desde el primer momento", el plazo fue escaso para presentar propuestas y por eso solo le dio tiempo a ofertar al imputado, y se había "pactado" entre los miembros de la sociedad llevar adelante la operación "pasase lo que pasase".

Mientras, las defensas de los acusados justificaron su petición de libre absolución para los tres aduciendo que en la tramitación "no había un carácter especulativo", de ahí que Junta y Diputación confiasen en participar en la sociedad pública", y afirmaron que hubo "publicidad y concurrencia, que es lo mismo que concurso".

Respecto a los pagos del constructor a la sociedad, con lo que se afrontaron las deudas a Unión Resinera, a la que se compró el 80 por ciento del término municipal, indicaron que "se mejoraron las garantías" y que "no se regaló nada" al promotor.

Destacaron que las acusaciones habían "enfocado" mal el asunto y que los imputados habían mantenido un "respeto escrupuloso a la ley", a la vez que subrayaron que no habían aportado ningún testigo ni perito, frente a ellos, que llevaron a uno de los consejeros independientes de la sociedad pública.

También indicaron que antes del concurso "no hubo contacto anterior" con el promotor, que ha resultado perjudicado, porque tras pagar 10,3millones no ha podido ejecutar el proyecto previsto, que intentó llevar a cabo "aceptando las imposiciones y decisiones perjudiciales" de la sociedad pública, pero ha resaltado que afrontó la iniciativa urbanística porque "le había gustado, se enamoró del proyecto".

"Fue mi ruina"

El constructor Francisco Gómez 'El Paloma' ha explicado que pagó 10,3 millones de euros por 215 hectáreas y compró 204, pero que esa compra fue "la ruina" porque el proyecto, que preveía 1.500 viviendas y dos campos de golf en una zona protegida, no se llevó a cabo.

"Yo tengo la ruina", ha manifestado, al tiempo que se ha dirigido a los jueces y se ha preguntado: "dígame que beneficio he obtenido por pagar por una finca que no tengo".

El juicio ha sentado en el banquillo al promotor murciano; al alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez; y al secretario municipal, Carlos de la Vega, ya que estos últimos también ejercían sus responsabilidades en la sociedad pública Monte de Las Navas, participada también por la Junta y la Diputación.

Las organizaciones ecologistas Centaurea, SEO/BirdLife y WWF, que ejercen las acusaciones, acusan a los tres de un delito de prevaricación por lo que solicitan a la Fiscalía 12 años de inhabilitación para cada uno.

La vista oral, que enjuicia la aprobación por la sociedad Montes de Las Navas para construir en 215 hectáreas de terrenos de pinares incluidos en la Red Natura 2000, LIC y ZEPA y en los planes de recuperación de la cigüeña negra y águila imperial, se ha centrado en los trámites de aprobación seguidos en el proyecto urbanístico.

A preguntas del fiscal, acusaciones y defensa, el alcalde ha recordado que el proyecto parte tras recuperar, "una reivindicación histórica"-,  y ha destacado que la iniciativa contaba con el apoyo de toda localidad para ser "un referente en el atractivo turístico de la zona".

Asimismo, ha explicado que solicitaron al constructor que en la urbanización se construyera inicialmente un campo de golf, aunque luego fueron dos, porque deseaban "algo espectacular", y ha asegurado que el proceso se llevó a cabo de acuerdo a la legalidad, al igual que ha dicho el secretario municipal, que ha incidido en que hubo publicidad del proyecto para que participasen las empresas que lo desearan, si bien sólo acudió Residencial Aguas Nuevas, del empresario murciano, que contactó con ellos porque "la mujer de su abogado es de Las Navas".

Una parte importante de los interrogatorios ha versado sobre la venta de las 215 hectáreas, ya que cuando se midió el terreno se comprobó que eran 204, y por la ampliación del proyecto a raíz de incorporar los campos de golf, que el promotor admitió a pesar de que ha asegurado que "no son rentables".

Para lograr la cantidad de terreno necesario para la urbanización, la sociedad pública tuvo que permutar 12 hectáreas, que según los acusados tuvieron que ser las que utilizaron porque no había otras en la zona, que eran protegidas, mientras que la Fiscalía y acusación duda de ello y además de alegar que había otras posibilidades, alegan irregularidades en el procedimiento y en el carácter de protección de esos terrenos.

El caso de la Ciudad del Golf salió a la luz hace seis años a raíz de la tala de miles de pinos en la zona donde se iba a construir, si bien se paralizaron los trabajos a las pocas horas, y la denuncia por la acusación ambiental no siguió su curso.
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