Universidad... ¿para quién?

¿Universidad para todos? Claro que no, la universidad no es como la enseñanza obligatoria, que debe ser gratuita por mandato constitucional (artículo 27), es una enseñanza de nivel superior a la que solo pueden acceder aquellas personas que demuestren una determinada capacidad intelectual. Lo contrario sería malgastar los recursos públicos y empeorar la calidad de la enseñanza que reciben los que sí están capacitados para ello.

¿Debemos financiar con nuestros impuestos la formación universitaria de aquellas personas que repetidamente demuestren que no superan los niveles mínimos requeridos? Rotundamente, no. Por eso, estoy de acuerdo con que se obligue a pagar el 100% del coste de la formación a las personas que se matriculan por tercera vez en una asignatura.

Sin embargo, el aumento del coste de la primera matricula hasta en 500 euros es una medida profundamente injusta y económicamente ineficiente, salvo que se vea compensada con un incremento sustancial de las becas para las personas con menores recursos. Pero eso no va a ser así: el Gobierno sube las tasas y al mismo tiempo baja las becas. Este año se van a dedicar a becas 1.265 millones de euros, 166,4 millones menos que el año pasado (casi un 12% de bajada).

Universidad para todos, no, pero universidad solo para quien pueda pagarla, tampoco.

El ideal de la igualdad de oportunidades y de la meritocracia -esas ideas que dice defender el PP- es que ninguna persona válida se quede sin estudiar por falta de recursos. Lamentablemente, con las medidas aprobadas por el Gobierno, eso va a suceder.

El ideal de la eficiencia económica es que ningún recurso potencial se quede sin utilizar: si excluimos a personas capaces del acceso a la formación superior, estaremos privando a la sociedad de un capital humano que podría contribuir a la generación de mayor riqueza.

En el curso 2009-2010, según los últimos datos del Ministerio de Educación disponibles, se concedieron 256.110 becas para cubrir las matrículas universitarias. Aproximadamente hay un millón y medio de estudiantes universitarios, así que solo un 17% de ellos tienen beca. A pesar del notable incremento del presupuesto destinado a becas durante los años de gobierno socialista, que hizo crecer el número de alumnos con beca en un 20% entre 2004 y 2011, España sigue dedicando a este fin muchos menos recursos que otros: En los países de la OCED la media es del 0,2% del PIB, mientras que en España es el 0,1%. Se necesitan más becas, no menos.

Es verdad que con un sistema de tasas relativamente bajas, como el nuestro, en la práctica lo que sucede es que el Estado le está proporcionando una beca al 100% de los estudiantes, incluso a los malos estudiantes. Pero si se quiere aumentar las tasas para que reflejen mejor el coste real, es necesario prever al mismo tiempo un aumento de las becas. Una subida de tasas como la que se propone podría ser aceptable, pero a condición de que las becas llegasen por lo menos a un 30 o 40 % de los estudiantes.

Otra cuestión es si se deben endurecer las condiciones académicas para tener derecho a una beca. Obviamente, una eficiente asignación de recursos exige que solo reciban financiación pública aquellos estudiantes que demuestren un determinado nivel de aprovechamiento. ¿Pero, cuál debe ser ese nivel?

Actualmente solo se da beca al estudiante que ha superado el 80% de las asignaturas del curso anterior (60% en ingenierías). Además existe un complemento por rendimiento para los estudiantes que superan el 100% de las asignaturas (80% en ingenierías). Mi opinión es que estas condiciones son bastante razonables.

Exigir una nota media de 6, como pretende el Gobierno, reducirá el número de becarios y lo hará de forma injusta, pues puede haber personas con todas las asignaturas aprobadas, pero solo con 5, que se vean excluidas, mientras que otras personas con algunas asignaturas suspensas, pero con una nota media superior a 6, seguirían percibiendo la beca. ¿En qué fomenta esto la excelencia -como pretende que nos creamos el Ministro Wert-?

Si se quiere premiar la excelencia, prémiese, pero sin que eso suponga dejar sin beca a personas que la necesitan y que han demostrado capacidad suficiente, puesto que han aprobado. El ministro sabe que un buen número de los becarios actuales tienen notas medias de aprobado y que la nueva regla disminuirá el número de beneficiarios. Parece claro que el objetivo de esta medida es puramente económico. Es posible, incluso, que la cantidad presupuestada, además de ser menor a la de años anteriores, no llegue ni tan siquiera a emplearse en su totalidad.

La universidad es la gran palanca de la movilidad social y las becas son las que hacen que esa palanca funcione, posibilitando el acceso a una formación superior a las personas con menores recursos. Mi opinión como profesor universitario es que, si queremos una mayor eficiencia en la política de becas, lo que hay que hacer es combatir el fraude para que las becas vayan realmente a quien las necesita, porque al ser el IRPF lo que se toma como única referencia, hay muchas personas con una situación económica acomodada, que pueden hacer trampas en su declaración, que están percibiendo becas indebidamente, mientras que muchos trabajadores, que cobran por nómina, a veces superan el umbral por muy poco y se quedan fuera.

El premio al esfuerzo no tiene que hacerse en detrimento de la función principal de las becas, que es garantizar la igualdad de oportunidades. Se puede crear, por ejemplo, un complemento extra para los que saquen medias de notable o de sobresaliente, o se puede prever un descuento del 50 % de la matricula por cada sobresaliente, de la misma forma que una matrícula de honor supone hoy un descuento del 100 %, pero no liguemos las posibilidades de acceso de las personas sin recursos a unos rendimientos extraordinarios.

Por otra parte, como ya he dicho antes, estoy completamente de acuerdo con cualquier medida que penalice a las personas que despilfarran los recursos públicos, repitiendo y tripitiendo asignaturas. Pero, precisamente, mi experiencia personal me dice que esas personas no son las que estudian con beca, sino más bien los típicos "hijos de papa" que saben que, aunque tarden diez años o más en terminar la carrera, eso no importará mucho porque papá o un amigo de papá les dará trabajo en su empresa o en su despacho.

Por último, no puedo dejar de pensar que escatimar los recursos en cuestiones como la educación o la investigación es una política muy corta de miras. Invertir en educación es invertir en nuestro crecimiento futuro, lo contrario es condenar a nuestros jóvenes a ser mano de obra barata, como en los tiempos, no tan lejanos, en los que 5 millones de españoles tuvieron que emigrar para poder tener un trabajo.

Óscar Sánchez Muñoz. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.