'El escaño del ciudadano'

Si les cuento a ustedes que en España tenemos una Ley que regula la posibilidad de que los ciudadanos presentemos propuestas legislativas a los políticos, seguro que escucharán con incredulidad la noticia, pero es verdad.

La práctica, sin embargo, ha demostrado que esto es pura teoría. En más de 27 años desde su puesta en marcha, sólo una iniciativa legislativa promovida por los ciudadanos ha sido capaz de pasar los filtros que han impuesto los legisladores: primero, y con unos requisitos legales muy estrictos, hay que reunir 500.000 firmas; luego, que el Congreso admita a trámite dicha iniciativa; más tarde que se debata, si los políticos quieren; a continuación, que se vote, si los políticos quieren también, y que, finalmente, tras la votación, se convierta en norma.

Claro, viendo estos filtros, no me extraña que la única iniciativa que se ha aprobado por el Congreso, entre las más de 60 presentadas desde el año 1984, ha sido una que versaba sobre la "reclamación de deudas comunitarias" en las Comunidades de Propietarios. Muy trascendental, desde luego.

Con este panorama a la vista, los parlamentarios de las Cortes de Castilla y León han acordado modificar la Ley que regula, en nuestra Comunidad este tipo de iniciativas. Lo hacen para favorecer, según ellos, la participación de la sociedad civil y generar de este modo lo que ellos han llamado el 'escaño del ciudadano'.

Dice la modificación, entre otras cosas, que podrán ser los propios ciudadanos, quienes defiendan sus reivindicaciones ante el Parlamento Regional.

Luego, una tras otra, presentan modificaciones del mismo calado y con un grado de vinculación real tan pobre, que provocan cierta indignación. Siguen siendo ellos, los políticos, los que deciden si admiten la propuesta, si se discute y si se vota finalmente.

Permítanme poner un solo ejemplo de lo que es una verdadera participación ciudadana en la elaboración y aprobación de leyes:  Suiza.

Para abrir boca, en el país helvético, todos los cambios en la Constitución, así como todos los Tratados Internacionales que suponen el ingreso del país en una organización internacional, tienen que ser sometidos al veredicto de los ciudadanos.

En segundo lugar, todas las leyes promulgadas por el Gobierno están sometidas a una posible revisión: una petición formulada por 50.000 ciudadanos obliga a que se celebre una votación sobre alguna medida legislativa, en un plazo de 90 días después de la publicación de la ley. Si esos 50.000 ciudadanos lo piden, dicha ley entrará en vigor solamente si consigue la aprobación de la mayoría de los votantes.

Y finalmente, la Constitución helvética garantiza  que si los ciudadanos consiguen reunir 100.000 firmas que pidan una nueva norma legal, en un espacio de no más de dieciocho meses, entonces el electorado suizo acude a las urnas para dar su voto a favor o en contra

Eso es un escaño ciudadano, lo demás, milongas. Perdón, lo demás, bobadas. Con la que está cayendo con Argentina, mejor no hablar de milongas.

Daniel Movilla