Gallardón aplaza la reunión prevista el lunes con De Santiago-Juárez

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha aplazado sin fecha determinada la reunión que estaba prevista para el próximo lunes 26 de marzo con el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, en la que éste iba a presentar el Pacto de Justicia.

Problemas de agenda del ministro han imposibilitado que el encuentro se produzca después de que ya tuviera que ser anulado por De Santiago-Juárez en una primera ocasión el pasado 20 de febrero por motivos personales.

En el encuentro, que se producirá más adelante, De Santiago-Juárez prevé presentar al ministro el 'Pacto por la Justicia' consensuado en la Comunidad Autónoma, aunque no ha contado con el respaldo de los sindicatos, en el que se cifra el traspaso de las competencias en un mínimo de 162 millones de euros.

El Pacto por la Justicia fue rubricado, además de por la Junta de Castilla y León, por representantes del Ministerio Fiscal, Consejo General del Poder Judicial, notarios, abogados, registradores y procuradores, informa ep.

Del mismo se desmarcaron representantes de los trabajadores, ya que, tanto UGT como STAJ entienden que el texto urge a la transferencia de las competencias y creen que carece de cuestiones relativas al futuro del personal.

Entre las cuestiones recogidas en el documento, además de la aclaración de que la coyuntura económica actual "no es la más adecuada" para un proceso de transferencias, figura también la demanda de que tanto los compromisos adquiridos por el Gobierno central con los representantes de los trabajadores como los que derivan de resoluciones judiciales previas a la transferencia sean atendidos, además se recoge la creación de una de Comisión de Seguimiento.

La Junta estima en más de 162 millones el coste para el traspaso de las competencias en materia de Justicia, cuantía que excede en 30 millones la última propuesta realizada por el entonces Gobierno socialista, cifrada en 133,5 millones.

A ello el Ejecutivo autonómico suma, además, la aplicación de cinco cláusulas de garantía, no cuantificadas, para que la Administración central afronte compromisos en materia sindical y obras pendientes en infraestructuras, informatización y creación de nuevas unidades judiciales.

Tal y como ya lo adelantara el pasado 30 de noviembre el consejero de la Presidencia y portavoz, la propuesta inicial elaborada por el Ejecutivo regional sitúa las exigencias de Castilla y León para asumir el traspaso de la Justicia en más de 139,5 millones de euros de coste efectivo más otros 8,7 millones para inversiones en edificios judiciales en mal estado, 15 millones para modernización de programas y equipos informáticos y 13 millones para la justicia gratuita y el turno de oficio.

El texto recoge, para la atención de la Justicia de Paz, la transferencia de 2,4 millones así como otras dos cláusulas sobre personal, a fin de que no se produzcan perjucios para sus derechos económicos y profesionales, y Oficina Judicial, punto en el que se recoge que el traspaso debería e incluir una cláusula que garantice que los costes de material, personal e infraestructuras derivados de la implantación de la Oficina Judicial y su puesta en marcha sean asumidos por el Estado.