Unanimidad en las Cortes para reclamar al Gobierno el mantenimiento de las ayudas a la minería

Los tres grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León -PP, PSOE y Grupo Mixto-- han aprobado este miércoles por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) a través de la que se reclamará al Gobierno central el mantenimiento del empleo minero, así como las ayudas a las empresas mineras.
   
El acuerdo se ha producido en el transcurso del debate de una PNL presentada por el PSOE y defendida por el procurador Julio López ante la que el PP propuso una enmienda de sustitución que finalmente fue respaldada por los tres grupos tras eliminar del texto las referencias incluidas por los 'populares' a la situación económica "heredada".
  
De este modo, se instará al Ejecutivo central a que, además, mantenga las ayudas a infraestructuras para garantizar así los compromisos en el escenario temporal "que la situación económica permita".
   
PP, PSOE y Grupo Mixto reclaman también el cumplimiento de los convenios firmados, al tiempo que defienden que se dote al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras de las partidas necesarias para atender los compromisos adquiridos, informa ep.

"Responsabilidad en las zonas"
  
En el debate de esta PNL el procurador del PSOE ha insistido en la necesidad de que las instituciones tomen "responsabilidad" en las zonas y den cumplimiento a los acuerdos para poder relanzar las comarcas mineras con la puesta en marcha de medidas para el mantenimiento del sector y fomenten la actividad y la implantación de infraestructuras.
  
Julio López ha recordado el vigente Plan Nacional de reserva Estratégica del Carbón que se rubricó por el Gobierno de España y los sindicatos mineros para 2006-212 y "de cuya consecución depende en gran medida el futuro de estas cuentas mineras".
  
Así, el procurador socialista ha lamentado que los "recortes" anunciados por el Gobierno de España afecta a las anualidades correspondientes al Plan de la Minería del Carbón, lo que, a su juicio, "supone el incumplimiento de los acuerdos alcanzados por las organizaciones sindicales". "Este tema tiene muy mala pinta porque el ministro habla de recortes adicionales", ha recordado.
  
Julio López ha insistido además en que la defensa del sector del carbón aboga por el empleo en la comunidad, avanza en la convergencia interior de Castilla y León y defiende intereses comunes de varias comarcas.
  
Por su parte, la procuradora 'popular' Mar González Pereda se ha mostrado satisfecha por el acuerdo alcanzado, aunque ha preguntado a los socialistas "dónde estaban" para reclamar los incumplimientos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en este sentido. "Dónde estaban, hacia dónde miraban, qué intereses defendían", ha cuestionado.
  
Así, González Pereda se ha mostrado sorprendida de que haya sido precisamente el PSOE  el que haya llevado a la Cámara esta proposición cuando "el más grave incumplimiento" en este sentido ha sido "la retirada improcedente de los incentivos del consumo del carbón autóctono", lo que ha provocado, la más grave crisis de las empresas mineras.
  
Por último, el procurador de UPL, Alejandro Valderas, ha insistido en su apoyo a cualquier propuesta que pueda avanzar en el desarrollo y mantenimiento del empleo en las cuencas mineras. "Quien paga es Madrid, pues vamos a atornillarles entre todos", ha señalado.
  
Para cerrar el debate, Julio López, tras aceptar la enmienda de sustitución, ha insistido en que no sólo se habla de carbón sino de la política energética del Gobierno central que "secunda" la Junta y que se basa en el "apoyo a la nuclear, olvido a las renovables y un no al carbón autóctono", por lo que ha mostrado su preocupación de que se pase "de las palabras a los hechos"

Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras

Por otra parte, los votos en contra de los procuradores del Grupo Parlamentario Popular han provocado el rechazo de las enmiendas a la totalidad a la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras de PSOE y Grupo Mixto a través de las que pedían la devolución del proyecto de Ley presentado por la Junta y defendían un modelo fiscal "progresivo".
  
El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín, ha defendido el modelo alternativo del PSOE que, como ha dejado claro en sus argumento, dista mucho de los propuesto por la Junta en su anteproyecto de Ley. Así, el socialista ha iniciado su intervención con una alusión al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien, a su juicio, debería haber defendido el proyecto de Ley, ya que la norma que prevé aprobar el Ejecutivo es una "autoenmienda a la totalidad del propio presidente" porque se "contradice" y "destapa" el programa oculto del PP.
  
José Francisco Martín ha acusado a la Junta de que con esta normativa la única prioridad del Gobierno es "no incurrir" en déficit ataque ello implique la "destrucción de empleo", además de suponer un "ataque directo" al estado del bienestar. "Es un ejercicio de engaño masivo y de fraude electoral en manera tributaria", ha señalado.
  
El líder socialista ha repasado alguna de las medidas incluidas en el anteproyecto de Ley y ha lamentado que se incluya lo que él denomina el 'centimazo' y que supone un incremento de 4,8 céntimos por litro de combustible, "el máximo posible", ha puntualizado. En este sentido ha criticado que esta medida afecte a todos por igual, además de suponer "la puntilla" para un sector como el transporte.
  
En este sentido, José Francisco Martín ha insistido en que le consta que la Consejería de Hacienda conoce que este tributo implicará una "pérdida muy importante" por lo que ha denominado el 'efecto desplazamiento' y que supondrá la caída de la recaudación del impuesto de hidrocarburos, del la parte estatal del impuesto sobre ventas minoristas y del IVA. "Se han dado cuenta ahora yn o saben cómo dejar sin efecto este impuesto", ha insistido.
  
En cuanto a la ecotasa, el PSOE se ha mostrado reticente a que este nuevo tributo se aplique en la generación de energía eólica,  por lo que, frente a esta situación, los Martín defiende que se grave la energía nuclear, en este caso la generada en la Central Nuclear de Garoña, donde "parece que los únicos beneficiarios son los propietarios".

"Sotur y Gürtel"
  
Ante este modelo, José Francisco Martín ha defendido al "alternativa socialista" basada en un modelo "progresivo y progresista" y basado en el principio de que "pague más el que más tiene". Así, se incluye la reposición del Impuesto de Sucesiones y Donaciones; una ecotasa que gravaría las nucleares; el incremento de los dos tramos del IRPF y del Impuesto de Patrimonio; la eliminación de las bonificaciones fiscales de la tasa del juego y la negociación de las acciones sobre los empleados públicos en el marco del Diálogo social.
  
En su intervención, el procurador socialista ha reclamado a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, que detalle dónde está el plan de reducción del gasto corriente, al tiempo que ha preguntado cuándo se va a llevar a efecto la eliminación de los "mil chiringuitos" que se mantienen como SOTUR donde "se superan con muchos las prácticas de la trama Gürtel".
  
"Necesitamos una ley de acompañamiento a unas presupuestos que colaboren al crecimiento y a la creación de empleo y no nos hundan más en la miseria, como hace un proyecto de ley tan rematadamente malo como este", ha concluido.
  
Por su parte, el portavoz de Grupo Parlamentario Popular, Carlos Fernández Carriedo, ha insistido en la ausencia del portavoz del PSOE, Óscar López, en la Cámara sobre lo que hizo numerosas alusiones que provocaron que el Grupo Socialista reclamara a la presidenta de las Cortes, María Josefa García Cirac, que le llamara al orden y le pidiera que se centrara en la cuestión de debate.
  
De este modo, Fernández Carriedo ha reiterado que el proyecto de ley tiene como objetivo "hacer un esfuerzo" para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, al tiempo que ha considerado que Castilla y León juega ahora con ventaja tras haber sido una Comunidad "especialmente austera" en el pasado.
  
"El esfuerzo que se pide a la sociedad es un esfuerzo equilibrado y solidario", ha manifestado, al tiempo que ha considerado "paradógico" que el PSOE reclame ahora que no se haga "nada" con los empleados públicos de Castilla y León cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó "por decrete" la rebaja del salario de los empleados públicos.
  
Finalmente, Fernández Carriedo ha reiterado que Óscar López paga sus impuestos en Madrid, donde, además, colabora con el pago del 'céntimo sanitario', a lo que José Francisco Martín le ha respondido que él, a pesar de ser procurador por Palencia paga sus impuestos en Valladolid.

Enmienda del Grupo Mixto
  
El procurador del Grupo Mixto y coordinador autonómico de IU, José María González, ha pedido la retirada del proyecto de ley al considerar que se ha elaborado desde la "provisionalidad", que se legisla en fraude de ley y ha calificado la normativa de "macedonia" donde se mezclan medidas fiscales con cuestiones que se refieren a los derechos sociales, laborales, el Diálogo Social o el empleo.
  
González ha afirmado en tono irónico que el proyecto, a pesar de todo, tiene algunas "virtualidades" como haber logrado poner de acuerdo a toda la sociedad de Castilla y León, a los propios sindicatos corporativos y los de clase y a éstos con los empresarios, pero también a los propios órganos como el Consultivo y el Consejo Económico y Social.
  
A su juicio, este proyecto de ley demuestra a la ciudadanía "lo negativo" de las mayorías absolutas porque a pesar de que escuchan "las voces en la calle", en los despachos o en las Cortes siguen "erre que erre en mantener el proyecto" y, si no hubiera habido mayoría absoluta, considera que el proyecto no hubiera llegado a tramitarse.
  
González ha criticado que el proyecto "sobrevuele" la legalidad "totalmente" y legisle en fraude de ley y ha acusado a la Junta de llevar a cabo una práctica habitual de modificación de normativas en las Cortes a través de debates urgentes, "con discrecionalidad y arbitrariedad".
  
Asimismo, considera que el proyecto atenta contra el artículo 31.1 de la Constitución sobre el sistema tributario justo y además ha asegurado que la Junta no promueve las condiciones para el progreso social y económico pero no recoge principios como la justicia, igualdad o distribución, mientras que tampoco contribuye a reducir el déficit.
  
José María González ha afirmado que se ponen en riesgo 14.000 puestos de trabajo públicos y los de las contratas, pero además ha acusado a la Junta de "no coger el toro por los cuernos" al no solucionar los problemas con estas medidas y dejar muchas de ellas "en el aire", intentando con ello "tapar la boca a la gente en la calle" al decir que son provisionales.
  
Por su parte, el procurador 'popular' Jesús Encabo Terry ha defendido la necesidad de este proyecto de ley, que supone "medidas duras, no gratas", pero que explican "dando la cara" y ha pedido a González que dé su "receta magistral" para salir de la situación. Al mismo tiempo, ha defendido la voluntad de diálogo de la Junta al llegar a un acuerdo para reducir el número de liberados sindicales y ha aclarado que se ha optado por el incremento de jornada antes que por la rebaja del empleo público.

Programas de subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades

El procurador del PP Francisco Javier García Prieto también ha explicado en el Pleno de las Cortes de este miércoles que ya se han prorrogado 14 de los 17 programas de subvenciones a las mancomunidades y ayuntamientos a través del decreto de prórroga de los presupuestos de 2011.
  
Así lo ha explicad García Prieto en el turno para fijar la posición de su grupo ante la PNL presentada por el PSOE y defendida por Fernando Pablos referente a la convocatoria de subvenciones destinadas a ayuntamientos y mancomunidades.
  
Según los datos aportados por García Prieto, se han prorrogado ya los programas de cualificación personal, contratación de técnicos y agentes de empleo, contratación de personas con ingresos mínimos de inserción o discapacitados, contratación en los nuevos yacimientos de empleo, el plan de empleo en zonas deprimidas rurales, el plan de obras de interés general, el programa de escuelas taller, el de educación de adultos, la contratación de agentes de igualdad, el mantenimiento de las escuelas infantiles, los teatros, las escuelas de música y los parques de bomberos.
  
Por ello, el PP ha rechazado la PNL presentada por el Grupo Parlamentario Socialista ya que ya están prorrogados catorce programas mientras que otros tres no han podido "debido a que no se pueden prorrogar créditos finalistas", según ha explicado García Prieto, quien ha precisado que lo que "realmente preocupa" a los ayuntamientos son las ayudas específicas para el empleo, aunque habrá que espera a que se defina el marco financiero del Plan Anual de Políticas de Empleo que tiene que aprobar el Consejo de Ministros.
  
Asimismo, el procurador del PP ha aseverado que la Junta ha hecho "bien" las cosas, "con racionalidad y coherencia" lo que ha permitido que los ayuntamientos tengan "garantizados esos programas" frente a "otros" que se fueron del Gobierno "por la puerta de atrás, sin presupuesto y sin prórroga".

Publicación antes del 31 de marzo
  
Por su parte, el procurador socialista Fernando Pablos ha pedido a la Junta que si están "prácticamente prorrogadas las partidas para financiar a los ayuntamientos", tal y como dijo ayer la consejera Pilar del Olmo, el Gobierno regional no tendrá problema en publicar antes del 31 de marzo "la convocatoria de subvenciones, la cantidad destinada a cada programa y los plazos fijados".
  
En este sentido, Fernando Pablos ha insistido en que no se obligue a los ayuntamientos "a tener que adelantar el dinero" de estos programas y ha pedido al Grupo Popular que se sume a esta PNL porque las mancomunidades y consistorios "se lo agradecerán". Asimismo, ha pedido a la Junta que "no tome el pelo" a los ayuntamientos "con decisiones incomprensibles".
  
En este sentido se ha referido al programa de yacimientos de empleo que en marzo de 2011 se modificó la orden de este programa y se fijó como fecha tope de publicación el 1 de junio, aunque la orden 1.032/2011 se publicó en 26 de agosto y se dio de plazo para presentar las solicitudes del 3 al 17 de septiembre aunque los trabajos contratados serían entre el 1 de julio y el 31 de octubre.
  
Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, José María González (IU), se ha sumado a la PNL del PSOE que ha asegurado que la subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades es "un ejemplo de a dónde nos va a llevar la prórroga de los presupuestos que trata de tapar el incumplimiento" de la Junta de presentar "en tiempo y forma" en el Parlamento regional las cuentas de 2012.

PSOE reclama reorganización del Ecyl y PP lo rechaza

Por su parte, el procurador socialista Pedro González Reglero ha defendido en las Cortes que se evalúen las políticas del servicio público de empleo (EcyL), que, a su juicio, necesita además una reorganización, algo que fue rechazado por el PP, ya que, como ha argumentado el procurador Raúl de la Hoz, esta materia es objeto de negociación en este momento en el marco del diálogo social.

González Reglero ha  reclamado estas medidas a través de una moción presentada hoy en la sesión plenaria y que ha incluido cinco puntos centrados en el impulso del Ecyl y con el fin de que, ante la situación económica actual, no se lleven a cabo "recortes" por parte de la Junta en materia de empleo.

De este modo, el procurador socialista ha pedido que se realice una evaluación de las políticas desarrolladas hasta el momento por el Ecyl, con especial atención a la intermediación laboral, la presentación a los grupos de un proyecto de reorganización del Servicio Público de Empleo sin cambiar su figura jurídica y dirigido a incrementar la eficacia en el desarrollo de las políticas activas de empleo y que este proceso se vea completado por un plan de formación específico para trabajadores.

Los socialistas han reclamado además la reorganización de la intermediación laboral de manera que se garantice a los demandantes de empleo un seguimiento más personalizado que facilite su inserción en el mercado laboral, así como la realización de una campaña informativa dirigida a todos los ciudadanos y, de manera especial, a las empresas de la Comunidad.

Estas premisas fueron votadas en contra por el Grupo Parlamentario Popular, ya que, como ha señalado el procurado Raúl de la Hoz estas peticiones rozan lo "absurdo", ya que son objeto de negociación dentro de la estrategia integrada del Ecyl en el marco del diálogo social.

De este modo, De la Hoz se ha mostrado en contra de que el diálogo social se someta a "validación" por el diálogo político, por lo que ha rechazado "dualidad" de debates, al tiempo que ha reclamado a los socialistas que propongan propuestas de fondo para que puedan ser incorporadas en la negociación del diálogo social. "Sólo así entenderíamos que están preocupados y no por parecer que están preocupados".

El procurador 'popular' ha recordado que la negociación que se lleva a cabo actualmente está basada en la adecuación del Ecyl al nuevo escenario económico marcado por el incremento "desmesurado" del desempleo y la necesidad de "rediseñar" las políticas de intermediación. "Se reorganiza el Ecyl no porque se haya hecho mal sino porque es necesario adaptarlo a un nuevo escenario y nuevos servicios", ha señalado, al tiempo que ha defendido la necesidad de adaptar la oferta a la demanda.

Del mismo modo, Raúl de la Hoz ha insistido también en la necesidad de  adecuar programas normativos, ejercer un "nuevo liderazgo", reforzar la intermediación y promocionar nuevos servicios.

Por su parte, el procurador de IU, José María González, sí ha respaldado la moción de los socialistas, ya que, a su juicio, el servicio del Ecyl "no funciona al máximo de su capacidad" para dar servicio a los parados de la Comunidad, por lo que ha reclamado "seriedad y rigor" en el trabajo, así como un "mejor tratamiento" a los demandantes.

"Es sumamente importante que en estas Cortes podamos evaluar el trabajo realizado por el servicio público de empleo y también trabajar para mejorar el servicio y comprometer más recursos", ha concluido.

Rechazo de CyL a los peajes de Portugal

PP, PSOE y Grupo Mixto también han acordado en el Pleno de las Cortes de Castilla y León trasladar al Gobierno de la Nación, tras la consulta con los gobiernos y autoridades de la 'macrorregión' Suroreste Europeo, el rechazo de la Comunidad a la implantación de los nuevos peajes establecidos por el Gobierno de Portugal en la autovías.
  
Los tres grupos con representación en las Cortes han respaldado esta propuesta que ha partido de una Proposición No de Ley (PNL) del PSOE que finalmente fue sustituida por una enmienda del PP que fue respaldada de forma unánime por la Cámara, ya que, además, incluye que este tema sirva de impulso a la negociación entre los gobiernos de España y Portugal.
  
La propuesta inicial fue defendida por el procurador socialista José Ignacio Martín Benito, quien, en un primer momento, sostuvo que fuera la Junta la que se dirigiera a los gobiernos de la macrorregión para suprimir estos peajes, aunque finalmente respaldó la propuesta de los 'populares' al considerar que era "un paso adelante".
  
De este modo, el procurador 'popular' Salvador Cruz ha trasladado a la Cámara su "preocupación" por la "repercusión negativa" de esta medida en Castilla y León y, más en concreto, en las provincias limítrofes como Zamora y Salamanca. "Tiene repercusión económica y social", ha defendido.
  
Para Cruz esta posición se ha puesto en conocimiento ya en el grupo de trabajo de Transporte y Logística de la macrorregión, al tiempo que ha advertido que se estudia el posible incumplimiento de la directiva de la UE con la aplicación de esta medida, ya que "puede ser discriminatoria".
  
Por último, el procurador 'popular' ha lamentado que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, diera la "espalda" a los intereses de Castilla y León y ha defendido que el único interlocutor válido debe ser el Gobierno de España.
  
Ante estos argumentos, Martín Benito ha lamentado que a pesar de reconocer que la medida del país luso repercutirá de "forma negativa" en Castilla y León no se haya "hecho nada". "Entendemos que la Junta puede y debe hacer algo, no puede ser insensible ante un problema crucial para la Comunidad", ha concluido.
  
Por último, el procurador de IU, José María González, ha considerado que esta situación desvela la falta de "fortalezas" de la macrorregión, al tiempo que ha respaldado la necesidad de trabajar con los gobierno para atajar esta medida portuguesa a pesar de que, a su juicio, el 'centimazo' que prevé implantar la Junta supondrá un nuevo "lastre" a las relaciones económicas con Portugal.