Imputados el alcalde de Arroyo (Valladolid) y otras siete personas

El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha dictado auto por el que imputa al alcalde de Arroyo, el independiente José Manuel Méndez Freijo, y otras siete personas, entre ellas el portavoz del Grupo del PP en la Diputación Provincial, Jesús García Galván, por delitos contra la administración pública, el orden socieconómico y el urbanismo, así como, en el caso del munícipe, por otro de malversación de caudales públicos, todos ellos relacionados con el denominado 'Caso Arroyo'.
  
En su auto, de 34 páginas, el juez instructor dirige la imputación contra el primer edil de Arroyo, José Manuel Méndez; el popular Jesús García Galván, quien en 2003 fue presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, así como contra el que fuera arquitecto municipal de la localidad, Buenaventura Conde Salazar; el entonces concejal de Industria, Comercio, Obras y Servicios, Javier Cruz Sánchez, y el de Infraestructuras, Miguel Ángel Ibáñez Antolín, junto con José Presas Zobra y Ramón López Casal, ambos representantes de la empresa gallega Mahía Grupo Inmobiliario S.L, y la apoderada de dicha mercantil en Valladolid, María Iluminada Miguel Fernández.
  
En su relato de hechos, el juez sitúa como principales artífices de la "trama urdida" a los dos representantes de Mahía, Ramón López y José Presas, y al alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez, a los que acusa de ponerse de acuerdo para beneficiar a la referida empresa a través de concesiones y licencias urbanísticas en la localidad, constituyendo para ello un entramado de mercantiles vinculadas al grupo gallego, y todo ello a cambio de contraprestaciones en dinero, inmuebles y otro tipo de regalos, según informaron fuentes jurídicas.
  
Así, la investigación otorga al hoy alcalde independiente de la localidad, procedente de Galicia y en la etapa investigada bajo las siglas del PP, un papel primordial en dicho entramado, en el sentido de que las relaciones que éste mantenía con los anteriores antes de recalar en Arroyo fueron aprovechadas por los tres imputados para sacar rédito de las distintas operaciones urbanísticas desarrolladas por Mahía en el municipio a partir de 1999, primero cuando Méndez ocupaba la Concejalía de Deportes y Medio Ambiente y, sobre todo, a raíz de su posterior acceso a la Alcaldía, informa ep.
  
De ellos y del resto de imputados, y a modo de síntesis, el juez apunta que "llevaron a cabo conductas consistentes en informar de modo favorable a las solicitudes de Mahía (cualquiera de las empresas del grupo), votar en igual sentido tanto en el Ayuntamiento como en la sociedad municipal del suelo (Emuva), potenciar la expansión con los medios a su alcance, incumplir y obviar trámites administrativos, sobredimensionar presupuestos de adjudicaciones, pagar elevadas e injustificadas cantidades de dinero por servicios o actuaciones puntuales urbanísticas, cuyo coste real era inferior".
  
Entre las numerosas ilegalidades presuntamente cometidas figuran el convenio urbanístico suscrito en 2005 entre Méndez y su exempleada y apoderada de Mahía, María Iluminada Miguel, que permitía recalificar en el SAU-9 de la localidad un total de 25.598 metros de suelo industrial a residencial para que la promotora edificara 2.984 viviendas, o el acuerdo alcanzado cinco años antes para modificar puntualmente las normas subsidiarias del SAU-13, con el fin de edificar allí, pese a la existencia de una empresa papelera.
  
Las pesquisas apuntan que en este tipo de operaciones Mahía contó con la colaboración del arquitecto Buenaventura Conde y los ediles de Industria e Infraestructura, así como con la del entonces presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, Jesús García Galván, que dio luz verde a las mismas, así como al PGOU de la localidad, que convirtió en urbanizable el 70 por ciento del municipio, el 90 por ciento del mismo en manos de la familia del edil Miguel Ángel Ibáñez Antolín.

Treinta millones de pesetas
  
En este sentido, el auto menciona 30 millones de las antiguas pesetas que, como "colaborador", habría recibido el alcalde de Mahía, así como una vivienda, gratuitamente, en Villagarcía de Arosa (Pontevedra), si bien se desconoce la procedencia del dinero para adquirir otra en As Nogais (Lugo), un chalé en Sangenjo y un piso en Carril, ambos en Pontevedra, o las dos fincas compradas en la lujosa urbanización de La Vega, en la localidad vallisoletana de Arroyo, para edificar un chalé.
  
"Los ingresos de Méndez eran de alrededor de 3.000 euros, sin que conste la capacidad económica de ninguno de los cónyuges--se refiere también a su esposa--para estas operaciones procedentes de ingresos ilícitos", refiere el auto, que, entre otras ilegalidades, imputa también al munícipe haber regalado, sin expediente alguno, unos columpios usados, tasados en 2.000 euros y propiedad municipal, al municipio de As Nogais, su lugar de procedencia y donde fue concejal por el Bloque Nacionalista Galego.

Patrimonio no justificado
  
A lo largo de las 34 páginas del auto, el juez detalla igualmente el patrimonio, supuestamente ilícito, acaparado por el resto de imputados, entre ellos el concejal Francisco Javier Cruz, en forma de cinco viviendas, dos de ellas de protección oficial, distintos vehículos de lujo e ingresos en metálico procedentes de empresas del grupo, y el hoy portavoz del PP en la Diputación vallisoletana, el popular Jesús García Galván.
  
De este último, expresidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, la investigación le atribuye un regalo en forma de chalé, supuestamente concedido por Mahía, en el municipio gallego de Mugardos (La Coruña), de 196 metros cuadrados. Aunque el precio se firmó en abril de 2004 por 148.000 euros, "aparece indiciariamente la compra como ficticia, entregada de modo gratuito por las gestiones del citado a favor de la empresa", indica el auto, que recuerda que por aquellas fechas se sitúan las operaciones del SAU-9 y SAU-13 en Arroyo.
  
Las presentes investigaciones, que en su momento fueron sobreseídas por este mismo juzgado y reabiertas por la Audiencia de Valladolid, estimando así los recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal y la Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI.
  
Contra el presente auto, que resuelve continuar las diligencias por el trámite de procedimiento abreviado y acuerda el sobreseimiento provisional respecto del resto de personas que hasta la fecha figuraban también como imputadas, cabe recurso de reforma ante el mismo juzgado y de apelación ante la Audiencia Provincial.
  
En el supuesto de que, transcurrido el plazo establecido, dicha resolución no fuera impugnada por parte alguna, se emplazaría al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares para que formulen escrito de acusación y soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.