Castilla y León busca la alianza del Parlamento Europeo para mejorar la PAC 2014-2020

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, se ha reunido en el Parlamento Europeo en Bruselas con diputados miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. En la reunión ha participado el presidente de la Comisión, Paolo de Castro; el ponente del reglamento de pagos de la reforma, Luis Manuel Capoulas Santos; los diputados populares Agustín Díaz de Mera, Gabriel Mato, Pilar Ayuso y Esther Herranz; y los diputados socialistas Iratxe García, Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez. 
 
Los objetivos de esta importante reunión han sido trasladar a los parlamentarios la importancia de la Política Agraria Común para los intereses de Castilla y León y, por ello, el interés del Gobierno regional en la futura reforma. Además, Clemente ha dado a conocer la postura de la Comunidad, consensuada con el sector, ante la nueva PAC, y ha mostrado el rechazo de la Región a la propuesta de reforma presentada por el comisario europeo. El encuentro ha servido, además, para buscar alianzas en el Parlamento Europeo y así poder introducir enmiendas a los actuales textos y mejorar la reforma para los intereses de Castilla y León.
 
Desde la presentación oficial de las propuestas legislativas, el pasado 12 de octubre, se vienen celebrando distintas reuniones o grupos de trabajo, e incluso reuniones del Comité Especial de Agricultura. Durante el año 2012 y el primer semestre de 2013, se debatirán las diferentes propuestas para llegar a su aprobación antes de la fecha prevista de entrada en vigor; en principio, 2014.
 
A juicio de la consejera Silvia Clemente, "nos encontramos ya plenamente sumergidos en un tiempo clave que se corresponde con el proceso de negociación del proyecto sobre el nuevo marco financiero plurianual 2014-2020 y también de las normas por las que se regirá la PAC. Un periodo que se debe aprovechar para poder introducir enmiendas a los actuales textos".
 
En este periodo, según la consejera, es imprescindible tratar de modificar la reforma propuesta hacia soluciones más en línea con la verdadera naturaleza, situación y problemas del sector primario. Además, ha pedido a los parlamentarios que se solicite a la Comisión un estudio de impacto económico, tanto desde el punto de vista territorial como sectorial para conocer más concretamente cómo afectará la futura reforma.
 
Postura común
 
Dada la importancia de la PAC para los intereses de la Comunidad -es, con más de 1.300 millones de euros, la segunda Región perceptora de fondos agrarios europeos de España-, desde el Gobierno regional se viene trabajando intensamente en la futura reforma.
 
La Junta de Castilla y León, las cuatro Organizaciones Profesionales Agrarias y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias suscribieron, en el mes de abril de este año, un texto de posicionamiento común que el presidente de la Junta de Castilla y León entregó al comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian Ciolos. Además, esta Comunidad siempre ha expresado la voluntad de trabajar y colaborar para conseguir una posición común española en relación con esta Reforma y, en este sentido, ha tenido una participación destacada en la elaboración del documento de posición común de España consensuado por el conjunto de las comunidades autónomas el pasado 17 de octubre.
 
Financiación
 
La consejera de Agricultura y Ganadería ha lamentado que se haya recortado la asignación presupuestaria de la futura PAC 2014-2020, siendo la única Política Europea recortada a favor de otras áreas de gasto. Por lo que ha pedido aumentar la dotación financiera.
 
En ese sentido, Silvia Clemente ha trasladado a los europarlamentarios la necesidad de mejorar nuestra dotación financiera de forma que, la cifra que se asigne a la nueva Política Agraria Comunitaria a partir de 2014, refleje el peso y la importancia de la agricultura y agroindustria española en el conjunto de la UE.
 
Modelos de pagos
 
Sobre el nuevo modelo de pagos directos, la delegación de Castilla y León ha expresado su rechazo con el propuesto en la reforma por el Comisario Europeo, por ir en contra del objetivo de simplificación, tantas veces argumentado por la propia Comisión, y porque este modelo resta competitividad a las explotaciones más productivas, sin que se fije una compensación con las medidas de mercado propuestas.
 
"Rechazamos la propuesta de Tasa plana porque perjudica a las explotaciones más productivas. Este nuevo modelo perjudicará a la agricultura y ganadería de España en su conjunto y, por supuesto, de Castilla y León, caracterizada por un abanico muy diverso de producciones y de sistemas de explotación y penalizando a las explotaciones más profesionales y competitivas", ha explicado la Silvia Clemente.
 
Castilla y León, al igual que otras Comunidades o Estados Miembros, considera que la ganadería, especialmente la intensiva, es la gran olvidada en la propuesta de reforma, dejando como margen de maniobra de cada Estado la posibilidad de compensar en parte, mediante pagos asociados, los efectos negativos que pueda tener la aplicación del modelo en este subsector.
 
En el caso de mantenerse el pago base, la Consejera considera imprescindible que en España se haga uso del modelo de regionalización, que permite el texto legislativo, estableciendo regiones con criterios agronómicos o agroecosistemas productivos, que minimice los efectos negativos de la "tasa plana" en las explotaciones más productivas.
 
Respecto a la definición de agricultor activo que plantea la nueva PAC, la delegación de Castilla y León ha trasladado a los representantes españoles de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, la necesidad de modificarla y dirigirla más a una vinculación a las superficies y la ganadería productiva y estableciendo un sistema de prioridades dirigido principalmente a los agricultores profesionales.
 
La consejera de Agricultura y Ganadería ha mostrado su sorpresa porque la futura PAC fije una referencia temporal futura para determinar los nuevos derechos de pago base, en el sentido de fijar como año de referencia para obtener la superficie admisible que determinarán los nuevos derechos el año 2014. Esta circunstancia invita a los movimientos especulativos sobre disponibilidad de tierras, lo que a su vez puede originar incrementos en los precios de las tierras y de los arrendatarios que perjudicarán en mayor medida a los agricultores profesionales.
 
En cuanto a la superficie admisible para recibir el pago base, Castilla y León considera necesario precisar esta definición para limitar los efectos negativos en las agriculturas más productivas, ante el riesgo de llegar a duplicar el número de hectáreas que actualmente perciben pagos de la PAC. "La definición de hectárea admisible debe limitarse a aquellas superficies agrícolas utilizadas para la producción efectiva de materias agrícolas o ganaderas", tal y como ha asegurado la Consejera.
 
Respecto al valor de los derechos de pago base, Castilla y León considera que se debería establecer un periodo transitorio más largo y, de esta forma, reducir los efectos negativos que produce la transición inmediata hacia la tarifa plana en las explotaciones más productivas. Además, esta Región propone que el porcentaje de pago base idéntico para todos los agricultores en el primer año de aplicación no supere el 10 % y que se pudiera ir incrementando cada año en ese mismo porcentaje, de forma que serían necesario al menos 10 años para alcanzar la convergencia total que propone la Comisión.
 
La consejera de Agricultura y Ganadería ha mostrado el rechazo de la Comunidad al denominado pago verde o greening. Esta Región considera que el límite del 30% fijado sobre el límite financiero para este componente es excesivo.
 
"Nos preocupa la introducción de más exigencias adicionales, pues debilitará la competitividad y productividad de los sistemas más intensivos, al restar ingresos en la renta y añadir costes suplementarios a los agricultores. Nuestros agricultores no se limitan a cumplir las exigencias medioambientales obligatorias, sino que en muchos casos ya están alcanzando en sus explotaciones umbrales medioambientales muy por encima de los requisitos exigibles", ha resaltado Silvia Clemente.
 
Instrumentos de mercado y sistemas de cuotas
 
La delegación en su encuentro con los parlamentarios ha expresado la necesidad de incluir instrumentos de mercado en la futura PAC, que permitan compensar los desequilibrios en el poder de negociación en los distintos eslabones de la cadena alimentaria, especialmente en el primer eslabón, el sector primario. Unos instrumentos que contribuyan a paliar las situaciones de incertidumbre e inestabilidad de los mercados.
 
"Desde Castilla y León rechazamos la eliminación de los distintos sistemas de cuota o derechos de producción, que han demostrado ser instrumentos eficaces para garantizar determinadas producciones europeas tanto en el mercado interior como exterior. Especialmente nos preocupa la eliminación de las cuotas de azúcar el 30 de septiembre de 2015 y por ello proponemos su mantenimiento o prorroga al menos hasta 2020", ha afirmado la consejera.
 
Además, esta Comunidad aboga por impulsar la regulación contractual y los sistemas interprofesionales que mejoren las relaciones producción-transformación-distribución, el establecimiento de referencia de precios básicos contemplando los costes de producción y otros factores así como dotar de mayor transparencia al funcionamiento de la cadena de valor.
 
Desarrollo rural
 
Sobre la Política de Desarrollo Rural contemplada en la futura PAC, los representantes de Castilla y León consideran prioritario que se conozca la ficha financiera de cada Estado Miembro que se destinará a esta política.
 
"El Desarrollo Rural debería tener unos recursos horizontales en todas las políticas europeas y nacionales y centrar la financiación agraria en el propio sector, para mejorar su productividad, su competitividad y su situación estructural", ha asegurado la consejera.
 
Para esta Comunidad es imprescindible que se mejoren las referencias en la futura PAC a la modernización de regadío y a las nuevas inversiones. Unas infraestructuras que han contribuido a incrementar la productividad, a aumentar el empleo y al mantenimiento de la población en el medio rural.
 
Otra medida necesaria, dentro de la propuesta legislativa de desarrollo rural, es que se incluyan medidas para el rejuvenecimiento del sector. Finalmente, Silvia Clemente ha afirmado: "Consideramos imprescindible que se mantenga la medida de cese anticipado de la actividad agraria ya que favorece el relevo generacional en las explotaciones. Además, se deben incluir otros mecanismos complementarios de apoyo a los jóvenes u otro tipo de incentivos complementarios a la incorporación, como el establecimiento de bancos de tierra o servicios de transmisión de tierras, incentivos para ampliar la superficie de la explotación y exenciones fiscales, entre otras".