Acuerdo unámime para presentar en los dos primeros años de Legislatura el proyecto de Ley Agraria

Las Cortes de Castilla y León han acordado este miércoles con el apoyo unánime de todos los grupos (popular, socialista y mixto) instar a la Junta a presentar en el segundo año de la vigente Legislatura el proyecto de Ley Agraria con el objetivo de poner en marcha todo el procedimiento de debate y elaboración de las leyes en el que se incluye el diálogo y la participación del sector agrario.
  
Se trata del texto de una enmienda 'in voce' del Grupo Popular a una proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que había fijado el plazo para la presentación de ese proyecto de Ley Agraria en seis meses.
  
Tanto la procuradora socialista Ana Sánchez como el 'popular' Óscar Reguera han coincidido en la necesidad de evitar el "y tú más" y, en el ánimo de ser conciliadores y constructivos y continuar con la senda de entendimiento que se ha conseguido en todas las iniciativas en materia agraria que se han presentado en lo que va de Legislatura, han pactado el texto de sustitución del PP al que se ha sumado el Grupo Mixto, informa ep.
  
Óscar Reguera ha recordado, además, que se trata de un compromiso asumido por la propia consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, en su comparecencia de Legislatura del mes de julio y ha defendido que su iniciativa contempla un plazo "más sensato y prudente" que el propuesto por los socialistas ya que 2012 será un "año trascendental" para negociar los matices de la Política Agrícola Común (PAC) que pueden incidir en los contenidos de la futura ley.
  
"No nos debemos olvidar que el nuevo Gobierno de la nación comenzará a determinar algunos contenidos de su nuevo enfoque", ha añadido Óscar Reguera quien, tras reconocer que hay que fijar tiempos, ha considerado que lo verdaderamente "sustancial" es no hurtar las posibilidades de diálogo en esta materia, como perseguía, ha recordado, la iniciativa del PP en el anterior pleno. 
  
En este sentido, ha lamentado que en el Grupo Parlamentario Socialista tiendan a confundir el diálogo sectorial que pretende el PP con el parlamentario.

Proyecto en septiembre de 2012
  
Por su parte, Ana Sánchez ha aceptado la propuesta de sustitución del PP y ha expresado su deseo de que en septiembre de 2012 se pueda contar ya con un proyecto que permita abordar los problemas del sector que, según ha recordado, atraviesa un momento "delicado" y "necesita con urgencia" buscar y aportar soluciones, un marco legislativo y cambios estructurales.
  
A su juicio, lo importante ahora es poner a trabajar a la Junta, a la que ha recordado que ya comprometió una ley en este sentido en 2007, y dotar a las Cortes de entidad y prestigio al llenar de contenido el acuerdo alcanzado en la sesión plenaria del 23 de noviembre cuando se consensuó instar al Gobierno autonómico a promover el mayor grado de diálogo sectorial y participación posibles para la elaboración del futuro texto legislativo.
  
Sánchez, que ha deseado que la consejera pueda cumplir el "ambicioso programa" presentado en julio, ha abogado por la consecución de una Ley Agraria que no sea la mejor para el PP ni para el PSOE y que sea buena para el sector agrícola-ganadero de Castilla y León.  "Es una ley necesaria que no debe seguir siendo el incumplimiento más flagrante del PP", ha criticado.
  
Desde el Grupo Mixto, su portavoz, José María González, de IU, ha considerado "sumamente positivo" fijar plazos en la "ansiada" Ley Agraria y ha advertido de que la Región no puede seguir avanzando en el tiempo sin que esta ley exista por afectar a un sector "clave" para el PIB regional y para el mantenimiento del empleo, sobre todo en las zonas rurales.
  
En su opinión, un plazo de seis meses era "tiempo suficiente" para redactar el anteproyecto por lo que ha considerado que si la Junta "brinda el premio" de que sean dos meses "bienvenido sea".

Políticas de mayores

A su vez, las Cortes han rechazado este miércoles una moción presentada por el PSOE y apoyada por el Grupo Mixto en la que se reclamaba el mantenimiento de las partidas presupuestarias de 2011 dedicadas a políticas para mayores con el incremento correspondiente al IPC.

La moción reclamaba, en su primer punto, el "blindaje" de las políticas dirigidas a los mayores y la garantía de que en el año 2012 se mantenga la misma partida que en el presente año pero con el correspondiente incremento del IPC, punto rechazado por los 'populares' frente a la defensa que de ella ha hecho el procurador Jorge Félix Alonso, que ha accedido a sustituir dos de los puntos de su propuesta por los redactados, en similares términos, por el PP y que, finalmente aprobados, están vinculados a la petición de presentación del Programa Integral Activo a los grupos políticos de las Cortes y del cumplimiento del Pacto Local para construcción de centros de día en municipios de más de 5.000 habitantes.

Así y tras aclarar que su demanda de "blindaje" se centra no "contra las balas y el fuego" sino frente a los "recortes presupuestarios" y reiterar su petición del mantenimiento de las partidas para mayores en 2012 con el incremento del IPC,  Alonso ha cifrado en cuatro los centros de día creados en municipios de menos de 5.000 habitantes y amparados en el Pacto Local frente a los 15 comprometidos, punto en el que calificó de "fundamental" la existencia de recursos para las personas mayores activas a fin de evitar que caigan en situaciones de dependencia.

En este punto, la procuradora del PP Romeral Martín ha defendido el trabajo "intenso" hecho por la Gerencia de Servicios Sociales desde el año 2008 para impulsarlos en todos los ayuntamientos incluidos en Pacto Local y, tras recordar que el de Íscar (Valladolid) está finalizado y hay otros tres en ejecución, ha aclarado que para que se pongan en marcha es necesario que los consistorios presenten los correspondientes proyectos y lo soliciten.

Asimismo, Alonso ha defendido la petición al Gobierno de España de un compromiso por el mantenimiento de la Ley de Dependencia a fin de acabar con las "ambigüedades" que, a su juicio, la rodean pese a que el Gobierno la ha dotado con 1.587 millones de euros más de los comprometidos en la Memoria Económica hasta 2012, lo que constituye "una prueba de compromiso de desarrollo de la ley".

Alonso, quien ha vinculado el descenso de beneficiarios de la Ley con la toma de posesión del PP en las nuevas autonomías en las que gobierna, ha reclamado también el desarrollo reglamentario en un plazo de tres meses de la Ley de Atención y Protección de las Personas Mayores, aprobada en el año 2003 con un plazo de un año para su desarrollo.

"Es razonable e imprescindible que se haga en tres meses", ha considerado antes de recalcar que el rechazo del PP a este punto "va en contra" de un acuerdo adoptado en las Cortes ya que la ley fue aprobada en sede parlamentaria. "Votan en contra de una ley aprobada en estas Cortes, es un paso cualitativo grave, que se diga que no se va a aprobar es un engaño a las personas mayores y un paso grave hacia atrás", ha añadido.

A este respecto, Romeral Martín ha situado en el pasado mes de agosto la presentación ante las Cortes del programa de legislatura de la Consejería de Familia "con unos objetivos y compromisos a desarrollar en cuatro años y no en tres meses" y, en la misma línea, ha matizado que el Programa Integral de Envejecimiento Activo es un objetivo de legislatura que busca amparar en el Club de los 60 todas las iniciativas en este sentido.

La procuradora 'popular' se ha mostrado de acuerdo con el "blindaje" de los servicios públicos y, tras recordar que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, lo ha situado como uno de los "objetivos" para la presente legislatura, ha aclarado que el "blindaje" de esos servicios y, en concreto el de las políticas que se prestan a  mayores, no se centra en el año 2012 sino en "toda la legislatura".

El portavoz del Grupo Mixto, José María González, ha traslado su apoyo a la moción del PSOE por considerarla "absolutamente necesaria", a lo que añadió que es "sumamente interesante" que desde la Comunidad se intente "atar al máximo" la financiación futura de la Ley de Dependencia y su consideración sobre la "absoluta necesidad" de centros de día.

La "realidad", a su juicio, es que en Castilla y León se "está enmascarando" la financiación de la ley de Dependencia con una realidad "que se da" y es que a las personas mayores se les reconoce el derecho pero no reciben las prestaciones.

Reducir la morosidad de la Junta

El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido este miércoles a través de una proposición no de ley (PNL) la presentación antes del próximo 31 de diciembre de un plan de actuación que de cumplimiento a la Ley de reducción de la morosidad de la Administración autonómica que la procuradora socialista Ana Redondo ha situado en 187 días para el caso de las pequeñas y medianas empresas de la Región.
   
Tras defender que se trata de una iniciativa "muy razonable y a todas luces imprescindible" e, incluso, "hasta menor", Ana Redondo ha abogado por coger los problemas "de cara" ya que, según ha advertido, la morosidad de la Junta con las Pyme es uno de los problemas del desempleo en Castilla y León que se puede solucionar si la Administración paga a tiempo sus facturas.
   
Ana Redondo ha demandado también voluntad política a la Junta a la que ha recordado que gestiona un presupuesto de 10.000 millones de euros, que "daría para pagar muchas facturas", a lo que ha unido su "amplísima" capacidad de autogobierno y la capacidad de generar recursos propios. "No hay ni un sólo impuesto propio, somos la única Comunidad que no recauda con impuestos propios", ha lamentado la procuradora socialista, que ha sumado a este hecho que Castilla y León sea la quinta región más morosa, tras Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía, cuando "no son comparables ni el nivel económico ni poblacional ni de actividad".
   
"La Junta ni cumple ni paga", ha sentenciado  Redondo, que ha recordado las palabras del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en 2009 cuando se comprometió a pagar en tres días. "No es verdad; ni en tres días ni en tres meses ni en tres años, esa es la realidad", ha concluido la socialista que en tono irónico ha recomendado publicar un "diccionario juntero" ante el uso de "términos esotéricos que no sabemos lo que significan y ponen en peligro puestos de trabajo y la actividad de muchos autónomos de la Comunidad".
   
Desde la bancada 'popular', el procurador Salvador Cruz García ha rechazado la PNL del Grupo Socialista por la "imposibilidad material" de presentar antes del 31 de diciembre ese plan de actuación. Además, Cruz ha considerado "totalmente incoherente" que la propuesta venga de la mano del PSOE al que ha recordado que la Junta no puede comprometer unos pagos cuando desconoce las previsiones de ingresos para 2012 por unas previsiones presupuestarias del Gobierno ahora en funciones "inviables".

Informe en el último trimestre de 2012
   
"Ningún plan va a resolver las dificultades si no repunta la economía", ha sentenciado Salvador Cruz, que ha propuesto una enmienda de sustitución para ajustar la PNL del PSOE a lo que, a su juicio, establece la Ley de reducción de la morosidad, en referencia a presentar en el último trimestre de 2012 un informe para analizar la eficacia de la norma, asunto que motivará una PNL del PP en el próximo Pleno.
   
Dicho esto, ha asegurado que el reto de la Junta de Castilla y León es "pagar lo antes posible" pero ha insistido en que para eso es necesario conocer antes los ingresos y las trasferencias que llegarán a la Comunidad.
   
Desde el Grupo Mixto, su portavoz, José María González, de IU, ha expresado su apoyo a la iniciativa socialista desde el convencimiento de que cualquier pequeño y mediano negocio de Castilla y León aceptaría que se le pague hasta en 90 días. González ha abogado al respecto por establecer  y negociar acuerdos para que estas empresas no se vean abocadas al cierre por los problemas de pago. "Si es problemático que se no pague a las grandes más lo es que no se pague a las pymes", ha sentenciado el portavoz del Grupo Mixto, que ha vuelto a reclamar la extensión del aval de la Junta a la concesionaria de las obras del Hospital de Burgos al resto de las empresas  castellanoleonesas.
   
González ha cargado también contra la actitud de los delegados de la Junta en las diferentes provincias de Castilla y León por "dar largas" a las pequeñas y medianas empresas cuando van a reclamar.

Entrada de residuos de otras CCAA

El Grupo Parlamentario Socialista también ha abogado este miércoles por limitar la entrada de residuos industriales peligrosos procedentes de fuera de Castilla y León y destinados a su eliminación dentro del territorio de la Comunidad Autónoma desde el convencimiento de que la región castellanoleonesa se está convirtiendo "poco a poco" en "un vertedero enorme" y en "el principal centro receptor de residuos tóxicos y peligrosos".
   
Así lo ha defendido la procuradora socialista María Sirina Martín Cabria quien, tras admitir que Castilla y León debe responsabilizarse de los residuos que genera su propio desarrollo, ha rechazado que se tenga que hacer cargo de los residuos industriales peligrosos que se generan en otras comunidades autónomas, donde las industrias se asientan y crean riqueza y empleo para llevar después sus "desperdicios" a Castilla y León,
   
Desde las filas 'populares', el procurador Daniel Sobrados ha rechazado esta propuesta y se ha basado en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados que establece que el Ministerio pactará con las comunidades autónomas la creación de una red integrada de instalaciones a nivel nacional que  garantice el principio de autosuficiencia y de proximidad.
   
"Ninguna comunidad es autosuficiente y es necesario el intercambio sin poner en peligro el medio ambiente y la salud", ha defendido Sobrados, que ha recordado que Castilla y León también exporta residuos, más de 100.000 toneladas en 2008, según sus datos.
   
El Grupo Socialista ha reclamado también incluir en el programa de infraestructuras del nuevo Plan Regional de Residuos Industriales de Castilla y León, comprometido por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, para 2012, un mapa en el que se establezca la ubicación concreta de las instalaciones de las Plantas de Tratamientos y/o eliminación de Residuos Industriales.
   
Este punto también ha sido contestado por el procurador del PP que ha recordado que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene previsto incluir en el nuevo plan un diagnóstico de la situación y una evaluación de las necesidades futuras con información sobre los criterios de implantación de las instalaciones de las plantas de tratamientos y eliminación de residuos.
   
Los socialistas también han reclamado hacer pública en la web de la Junta una relación detallada de las actuales instalaciones de gestión de residuos de Castilla y León, industriales y no industriales, según sus distintas modalidades y donde se incluya, además, un mapa con la ubicación de las mismas en aras al derecho a la información de los ciudadanos, aspecto que también ha sido rechazado por el procurador del PP que ha recordado que en 2010 se creó un servicio telemático o buscador de gestores de residuos.
   
"No está previsto que incorpore un mapa porque no supone una mejora para los ciudadanos o para las empresas", ha respondido Daniel Sobrados, que ha rechazado también el cuarto y último punto de la moción del Grupo Socialista que pedía garantizar que todas las instalaciones de eliminación de residuos industriales peligrosos ubicadas en Castilla y León sean de titularidad y gestión pública.

"El que contamina, paga"

Daniel Sobrados ha puesto sobre la mesa un  "principio rector" que contempla que quien contamina paga, por lo que ha recordado que deben ser las industrias y la iniciativa privada las que se hagan cargo de estas instalaciones de modo que la Junta sólo debe actuar ante un caso de "incapacidad manifiesta" del sector.
 
Sin embargo, la procuradora socialista ha advertido de que los residuos industriales peligrosos son precisamente "la guinda de la tarta" y los que más beneficios generan a las empresas  que "van a esto, a maximizar" sin estar obligadas a velar por el bien común y a cumplir a rajatabla las normas, los compromisos y las emisiones. "Es un tema muy grave y problemático", ha considerado.
   
Desde el Grupo Mixto, su portavoz, José María González, de IU, ha apoyado verbalmente la moción del Grupo Socialista, aunque finalmente se ha abstenido ya que había solicitado retocar el primer punto de la moción por considerar que era "ambiguo" y podía plantear más incineradoras en un futuro.
   
González ha acusado a la Junta de Castilla y León y al PP de defender que la Comunidad Autónoma  genere valor añadido por el tratamiento de los residuos industriales que vienen de fuera, una "realidad total" que ha ejemplificado en el caso de la planta de Ampudia que, según sus datos, tiene previsto tratar 500.000 toneladas anuales de residuos industriales, unas cifras que "superan en muchas decenas de miles de toneladas las que se tratan en Castilla y León en este momento".
   
"Por desgracia no generamos esa cantidad de residuos industriales", ha sentenciado.

Plan de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas

Por otra parte, las Cortes han rechazado este miércoles, con el voto en contra del PP, una proposición no de ley presentada por el Grupo socialista y apoyada por el Mixto en el que se instaba a la Junta a adoptar las decisiones presupuestarias pertinentes para que los ayuntamientos beneficiarios de las subvenciones del Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas no tengan que adelantar las partidas cuyo pago compete al Ecyl.

El procurador socialista Fernando Pablos, quien ha comenzado su intervención dando la bienvenida a los representantes de los ayuntamientos incluidos en el mencionado Plan, ha recordado que el noviembre la Junta aprobó ayudas de 1,7 millones destinadas a financiar parcialmente los costes del Programa Especial de Empleo para la contratación de 371 trabajadores (58 en Salamanca, 18 en Valladolid y 17 en Zamora).

Frente a ello, en la notificación del Ecyl recibida por los ayuntamientos se cambiaban las condiciones "sin haber avisado a nadie" - se decía que el importe de la subvención se haría en la liquidación tras la justificación del gasto-- de modo que en años anteriores se anticipaban esas cantidades y en la actualidad no.

Pablos, quien recordó que la partida de 1,7 millones del total de los Presupuestos de 2011 son menos de dos euros por cada 10.000 euros presupuestados, ha lamentado que los ayuntamientos tengan que adelantar entre 200 y 750 euros por cada 10.000 euros. "Frente a los dos euros de la Junta, a los ayuntamientos se les pide 400 veces más", ha criticado antes de añadir que no hay "explicación" a la actuación de la Junta a no ser que intente que "muchos ayuntamientos"  renuncien al mencionado programa.

En términos similares se pronunció el portavoz del Grupo Mixto, José María González, quien consideró una "mala burla" la aplicación del Plan especial de Empleo porque obliga a las haciendas locales y a los pequeños municipios, "a los que permanentemente estamos machacando".

La procuradora 'popular' y secretaria primera, Ana Isabel Alonso, ha cifrado en 115 millones los programas destinados a ayuntamientos, de los que 107 están pagados y que se han traducido en la creación de  11.400 puestos de trabajo, y ha recordado que el mencionado Plan es "sólo" una línea de un conjunto de cinco programas que están ejecutados en un 93 por ciento.

Respecto a esa línea de ayudas en concreto, Alonso recordó que es complemento del programa especial Agrario y, tras reclamar que no se haga "una montaña del grano de arena", ha trasladado la "disposición" de la Junta a seguir trabajando con consistorios de la Comunidad, punto en el que recalcó que el Ejecutivo regional va a anticipar esas ayudas en los dos primeros meses de 2012.

"Lo que hacemos es equilibrar entre los gastos y los ingresos, entre obligaciones y compromisos y priorizar, y hemos priorizado mantener la ayuda, la viabilidad del programa", defendió antes de reiterar que se trabajará para que en los dos primeros meses del año 2012 se realice el anticipo "real" que "necesitan" los ayuntamientos de la Comunidad.