El Gobierno dice no al FMI y no endurecerá la reforma laboral

Pese a las nuevas exigencias que acaba de marcar a España el Fondo Monetario Internacional (FMI), que pide al Gobierno de Zapatero “ser valiente” y seguir adoptando decisiones políticas “difíciles”, no habrá un endurecimiento del mercado laboral para abaratar más el despido. Fuentes del Gobierno descartan que se vaya a modificar la reforma aprobada ya por el Parlamento.  El informe del FMI no ha cogido por sorpresa al Gobierno que es consciente de que tendrá que seguir recortando gastos para  rebajar el déficit público. Pero las medidas para alcanzar este objetivo no afectarán ni a los trabajadores, ni a los pensionistas ni a los funcionarios, sectores que ya han sufrido los efectos de la crisis. O eso al menos aseguran en Moncloa. Estas fuentes afirman que si el PP quiere que se le dé ‘una vuelta de tuerca’ a la reforma laboral y haya un contrato único con despido de 20 días por año, como pide también la CEOE, “que lo digan y que lo hagan, si gobiernan”.   En lo que están de acuerdo es en que  "no puede haber tregua en el proceso de reformas, incluyendo mejoras en la credibilidad del proceso de consolidación fiscal, completar la reestructuración del sistema financiero ", como proclama en su informe el organismo económico internacional. Por eso Zapatero sigue insistiendo en la necesidad de agotar la legislatura. “Estos meses son cruciales para concluir las reformas que están en marcha, porque ya se sabe que las leyes que no se han aprobado al finalizar una legislatura, decaen”, afirman un ministro del área económica del Gobierno. Habrá, eso sí, medidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 encaminadas a reducir al menos en un 10% los gastos corrientes del Estado y un nuevo recorte de las inversiones públicas. El propio Zapatero, consciente de que España puede correr un serio riesgo si no afronta más medidas, anunció el pasado mes de marzo durante un Consejo Europeo en Bruselas que quiere limitar por ley el techo de gasto de la Administración General del Estado. También tiene la intención de que se llegue a un acuerdo en el seno del Consejo Económico y Social para que las Comunidades Autónomas hagan lo propio.