El PP-A pide a Alaya investigar las encomiendas de gestión realizadas por IDEA desde 2008

El Partido Popular de Andalucía (PP-A) ha anunciado este sábado que en el día de ayer envió a la juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, Mercedes Alaya, un escrito en el que le pide que investigue las encomiendas de gestión realizadas por la Consejería de Empleo a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) desde 2008 porque "pueden ser ilegales".    Según ha explicado en rueda de prensa el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, la fórmula de las encomiendas de gestión utilizada desde 2008 por el Gobierno andaluz --en sustitución de con la que, desde 2001, tramitaba las ayudas sociolaborales a empresas y los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)-- "también puede ser considerada ilegal" en base al artículo 105.3 de la Ley de Administración Pública de Andalucía, que establece que "la encomienda de gestión a órganos o a entes públicos pertenecientes o dependientes de diferente Consejería o de distinta Administración Pública (a la de Empleo) será autorizada por el Consejo de Gobierno".    Sanz ha especificado que, a diferencia del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), la Agencia IDEA no pertenecía en esa fecha a la Consejería de Empleo, sino a la de Economía, Innovación y Ciencia, por lo que las mencionadas encomiendas de gestión deberían haber sido aprobadas, obligatoriamente, por el Consejo de Gobierno, algo que, según ha afirmado, "o bien no ha pasado, o bien se ha ocultado esa información". "Si hay o hubiere acuerdos del Consejo de Gobierno, al menos se haN ocultado", ha aseverado el secretario general de los 'populares' tras elevar directamente esta responsabilidad al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.    El PP-A ha aportado como pruebas de estas supuestas "ilegalidades" un total de cinco órdenes de la Consejería de Empleo por las que se formalizan encomiendas de gestión con IDEA para el desarrollo de actividades laborales en materia de Relaciones Laborales, para la materialización de programas sociolaborales y ayudas excepcionales y para la refinanciación de las pólizas de seguro de renta a favor de los trabajadores de distintas empresas. Concretamente, las de las empresas 'Hytasal', 'Trandsa', 'Europa Center (Hotel Cenvantes)', 'Mac-Puar Componentes y Mecanizados, S.L.' y 'Altadis', de fechas 30 de diciembre de 2008, 6 de julio de 2009, 27 de abril de 2010 y de 20 de mayo de 2001, respectivamente.    Según Sanz, todas estas encomiendas "no han contado con la aprobación del Consejo de Gobierno", lo cual demuestra, "salvo que la Junta de Andalucía haya ocultado información", que, "desde el 2008, las diferentes encomiendas que la Consejería de Empleo ha hecho a la Agencia IDEA para el pago de las ayudas socialoborales, principalmente ERE, han servido para acoger pensiones ilegales de trabajadores ficticios o ayudas a empresas que hoy están bajo clara sospecha de fraude".    De no ser así, argumentan los 'populares', no se entiende por qué algunas encomiendas de gestión de la Consejería de Empleo sí van al Consejo de Gobierno y las cinco mencionadas, todas con cargo a la partida 31L --también bautizada como 'fondo de reptiles'--, no. "Estas partidas con cargo al 31L no han pasado, en estos casos, como encomiendas de gestión por el Consejo de Gobierno, lo que quiere decir que estamos ante una cuestión enormemente grave porque las convierte en presuntamente ilegales", ha insistido Sanz.    Por contra, según ha querido demostrar con la documentación enviada a la juez Alaya, las encomiendas de gestión de la Consejería de Empleo "que no tienen cargo al fondo de reptiles, sí que van al Consejo de Gobierno". Como ejemplo, ha citado el acuerdo de 22 de diciembre de 2009 del Consejo de Gobierno por el que se autoriza a Empleo a encomendar a IDEA la gestión de diversos expedientes de incentivos con un importe total, para las convocatorias de 2009 y 2010, de 49.780.214 euros. "Este documento demuestra que las encomiendas de gestión que no son del 31L sí que se aprueban en Consejo de Gobierno y que, en estos casos, el Gobierno sí que es consciente de lo que dice la Ley y cumple el trámite legal", insiste.    Todo ello, según ha criticado, pone en evidencia "una vez más que la Junta ha estado utilizando el fondo de reptiles no sólo a su capricho sino, supuestamente, saltándose la Ley y buscando subterfugios y una vía sospechosa que nadie pudiera conocer porque, al menos que sepamos, no han pasado por el Consejo de Gobierno".    Es por esto por lo que Sanz ha exigido "una explicación" por parte del Gobierno andaluz y, en especial, de Griñán, a quien ha señalado como "responsable directo" de estas supuestas irregularidades, junto con el consejero de Empleo, Manuel Recio. Sobre todo, recalca, porque "todo esto pone en entredicho todas las actuaciones" de la Consejería de Empleo, así como el sistema utilizado para otorgar las ayudas sociolaborales a empresas y para tramitar ERE. "La Consejería de Empleo no es sólo una Consejería a punto de estallar, sino que es una cesta de manzanas podridas donde no se salva nada y, por lo tanto, parece que todo lo que mueve está sometido a sospecha", añadió.    Finalmente, Sanz también acusó al expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, de ser "responsable" de esta situación. "Lo que han hecho Chaves y Griñán con el fondo de reptiles es un máster en irregularidades y corrupción, en el que Griñán tiene matrícula", ha concluido. "FALTA DE COLABORACIÓN" DE LA JUNTA    El secretario general de los 'populares' andaluces también se ha referido al auto emitido ayer viernes por la juez Alaya y en el que, además de llamar a declarar a un total de 14 beneficiarios de estas prejubilaciones supuestamente falsas, calificaba la documentación entregada por la Junta de Andalucía como un "cúmulo de folios desordenados, inconexos y repetidos, realmente impropios de cualquier órgano de la Administración".    Según el PP-A, estas afirmaciones de la jueza evidencian la "manifiesta obstrucción" y la "falta de colaboración de la Junta de Andalucía a la hora de esclarecer los hechos y aportar toda la documentación requerida" por la magistrada. "La estrategia de colaboración de la que presume la Junta es falsa y una chapuza y el auto de la juez evidencia el cinismo de Recio, que nos acusaba de hacer fabulaciones", ha apostillado Sanz.