Mercosur con más deudas económicas y comerciales que políticas

El proceso que comenzó el 26 de marzo de 1991 con la constitución del Mercado Común del Sur (Mercosur) con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como socios ha transitado a lo largo de dos décadas con los altibajos de una montaña rusa, pero también se ha transformado en una referencia política y económica regional. Solamente tres años después de la constitución del bloque, en diciembre de 1994, los cuatro países miembros acordaron constituir un mercado común que hasta ahora no se ha podido concretar, pero que deberá ser realidad en 2019, según se decidió en la Cumbre celebrada en la provincia argentina de San Juan en 2010. San Juan marcó "un antes y un después", dijo a Efe el presidente del Senado brasileño, José Sarney, quien hace dos décadas, como jefe de Estado, participó en el proceso que condujo a la creación del bloque. En esa cumbre los cuatro socios alcanzaron un acuerdo definitivo y postergado durante años sobre el Código Aduanero Común, que será adoptado en 2019, y resolvieron viejas disputas sobre el doble cobro del arancel externo común, así como otras relacionadas con la distribución de la renta aduanera. A pesar de esos pasos, en los aspectos técnicos todavía quedan por resolver otras "imperfecciones" del bloque, como las normativas necesarias para una real y libre circulación de bienes originarios del Mercosur, para las que aún no existen acuerdos plenos. En lo estrictamente económico, tampoco se superaron las enormes asimetrías entre los socios, que con el despegue de Brasil en la última década se han hecho más agudas y no se han superado ni con el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), creado en 2006 para ayudar al desarrollo de los socios menores. Esos abismos económicos siempre han sido objeto de quejas de Paraguay y Uruguay, los dos miembros de menor desarrollo relativo, pero en los últimos años también suscitaron reclamos de Argentina y han dado paso a recurrentes brotes de proteccionismo dentro del bloque. En lo comercial y de cara al mundo, el Mercosur tiene acuerdos comerciales con la Comunidad Andina, con Israel, Egipto y otros países o bloques, pero aún no podido concretar un convenio de libre comercio con la Unión Europea (UE), perseguido desde 2004 y cuyas negociaciones se reanudaron lentamente en 2010 tras años estancadas. En la última década, de alguna manera gracias a la coincidencia de Gobiernos de centroizquierda en los cuatro países, el Mercosur ha volado mucho más alto en lo político que en lo económico-comercial. En ese apartado se han dado los avances más notorios, con la constitución de un Parlamento regional y la creación de foros sociales, sindicales, de mujeres y asuntos laborales, entre otros, así como con el establecimiento de "observatorios" sobre derechos humanos y democracia. Esa unidad política, sin embargo, ha sido sometida a pruebas, como el conflicto que Uruguay tuvo con Argentina por su decisión de instalar una papelera en un río fronterizo, o la recurrente tensión entre Brasil y Paraguay por los dividendos de la hidroeléctrica de Itaipú. Además hay quienes creen que Mercosur debe apartarse de la política y centrarse en lo económico-comercial, como el expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle, uno de los fundadores del bloque. Para el exmandatario, que habló con Efe con motivo del aniversario, "lo peor" en estos veinte años ha sido "el desvío hacia el Mercosur político". También genera dudas políticas el sitio que ocupa hoy el Mercosur con el surgimiento de otras iniciativas integracionistas, como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), impulsada por Brasil con la intención de agrupar en un bloque a los doce países de la región. Según dijo José Sarney a Efe, "esa supuesta superposición de organismos no existe y es más de siglas que real", pues en el caso de Unasur, ese bloque "funciona como organismo de coordinación regional" y carece de la "fuerza operacional" que tiene el Mercosur. Otro asunto político no resuelto es la incorporación de Venezuela como miembro pleno, aprobada ya por Argentina, Brasil y Uruguay pero aún pendiente de una decisión del Congreso paraguayo, donde hay sectores que se resisten por el supuesto talante "antidemocrático" del Gobierno de Hugo Chávez.