La juez da 48 horas a la Junta para que le entregue toda la documentación requerida

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la posible "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía, ha emitido un auto, con fecha 21 de marzo y notificado este miércoles a las partes personadas en el procedimiento, en el que critica "cierta falta de colaboración" por parte de la Junta en la entrega de documentación requerida y libra un nuevo mandamiento a la Intervención General para que en el plazo de 48 horas remita al Juzgado varias decenas de documentos relativos al caso.    Además requiere al que fuera interventor general en el periodo analizado para que explique "por qué no emitió informe de actuación, sobre todo cuando en los informes de cumplimiento se ponía de manifiesto la existencia de circunstancias que, por su importancia, podían ocasionar un importante menoscabo de fondos públicos".    En concreto, la juez libra oficio a la Policía Judicial para que, a través del interventor general, se informe "sobre la procedencia de los informes de actuación, y en caso de ausencia de estos, se explique detalladamente por qué no se emitieron al constatarse año tras año que las transferencias efectuadas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) o de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) por la Consejería de Empleo, bajo la fórmula de transferencias de financiación --que luego se destinaron a los ERE--, se realizaron prescindiendo de forma absoluta del procedimiento administrativo previsto por la Ley de Hacienda Pública de Andalucía, cual es el procedimiento de subvención excepcional, tal y como se recoge desde el informe de cumplimiento aportado a la causa correspondiente al ejercicio 2003 que remite la Intervención al consejero de Economía y Hacienda".    En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Alaya exige que se informe, "caso de no haber existido informes de implantación por parte del IFA o IDEA, de las verdaderas razones que se conozcan para no haberlos emitido, cuando ello supone un incumplimiento flagrante del Decreto 9/1999 de 19 de enero que establece para la emisión de dichos informes un plazo de seis meses como máximo desde el informe de cumplimiento de la Intervención General", instando además a que "se justifique por qué por parte de la Intervención no se requirió la emisión de los citados informes y, en su caso, la dación de cuenta a las consejerías respectivas sobre la ausencia de los informes de implantación".    Así, insta a que "se aclaren si las conclusiones, fundamentación jurídica y económica que se contienen con tanto detalle en los informes de cumplimiento, se reproducirían en los informes de actuación, ello a los efectos de discernir la diferencia sustancial entre un informe y otro, con independencia de los efectos legalmente previstos tras la emisión del informe de actuación, concretamente el pronunciamiento expreso de las consejerías y en su caso del Consejo de Gobierno, resultado que obligaría a abandonar la mera actitud pasiva de la Junta".    De igual modo, critica "cierta falta de colaboración" por parte de la Junta "a la hora de dar cumplimiento al mandato del Juzgado para que haga entrega de los documentos que le han sido requeridos, los cuales se estiman absolutamente necesarios para proseguir con la investigación", por lo que acuerda librar un nuevo mandamiento a la Intervención General para que en el plazo de 48 horas remita al Juzgado varias decenas de documentos, entre ellos las copias compulsadas de las actas de los consejos de dirección de las consejerías de Empleo; Innovación, Ciencia y Empresa, Economía y Hacienda, hoy denominadas, respectivamente, Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y Consejería de Hacienda y Administración Pública, así como de la Consejería de Presidencia y las actas de los consejos de Gobierno desde el año 2001 hasta la actualidad.    En este sentido, exige que en 48 horas se entregue diversa documentación relativa al Instituto de Fomento de Andalucía en los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004, y a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía de los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Concretamente, insta a que se le remitan los informes de actuación emitidos por la Intervención General, en su caso, así como documentación de los traslados de dicho informe al titular de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, y al titular de la Consejería de Economía, cargo que entre 2004 y 2009 ocupó el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán.    Al hilo, pide que "se acredite la conformidad o disconformidad que las consejerías citadas hubieran mostrado al informe de actuación y confirmen si, finalmente, la actuación fue sometida al Consejo de Gobierno, y su resultado".