Esta normativa pretende regular aspectos básicos del derecho a la utilización de las tecnologías de la información y la información por parte de los ciudadanos y profesionales en sus relaciones con la Administración de Justicia.
Asimismo, el proyecto de ley recoge las condiciones necesarias para poder tramitar íntegramente en formato electrónico todos los procedimientos judiciales.
La norma pretende trasladar al ámbito español el plan de acción e-Justicia de la Unión Europea, que propone una estrategia para cuyo objetivo es mejorar la administración de justicia en beneficio de los ciudadanos.
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