Estado se raja en atención a desplazados

El Alto reiteró que “persiste el estado de cosas inconstitucional” para la población víctima de desplazamiento forzado, y recordó que ya en 2004 le había señalado al Ejecutivo cuáles eran las falencias que lo impedían, le había impartido órdenes concretas y le habían fijado parámetros específicos, con el fin de que la población desplazada lograra el goce efectivo de sus derechos.

De esta forma, la Corte envió un mensaje duro: insistió que El Estado no ha podido garantizar los derechos de un grueso de la población (en algunos registros equivale casi al 10 por ciento). Estos autos obligan a quienes diseñan las políticas a favor de las víctimas a tomar en cuenta sus argumentos. De lo contrario, leyes que no interpreten correctamente los argumentos de la Corte podrían ser declaradas inconstitucionales.

Aunque no le menciona explícitamente, los autos también lanzan una advertencia: la Corte no está dispuesta a ceder en el argumento de que el Estado es quien debe garantizar los derechos de la gente, independientemente de los recursos con los que cuenta. Esto en un momento en el que el Gobierno promueve una ley de “sostenibilidad fiscal” que, en criterio de los constitucionalistas, lo que busca es supeditar los derechos de la ciudadanía al presupuesto.