"Los controladores aéreos hemos acudido a la llamada de la Fiscalía para asumir la responsabilidad que compartimos en lo ocurrido, pero hay corresponsabilidad que asumimos por nuestra parte, pero AENA y el Ministerio tendrán que asumir por la suya", ha destacado.
Asimismo, Cabo ha insistido en que "
la empresa fue la que cerró el espacio aéreo y los aviones no salieron". "El clima de agitación impedía a muchos trabajadores desempeñar su trabajo, pero
había controladores para que los aviones hubieran podido seguir volando. No en las mismas condiciones, pero se podía haber seguido volando", ha sentenciado.
A su juicio, AENA "tomó esa decisión" de cerrar el espacio aéreo, por lo que, a su entender, "tendrá que explicar" por qué lo acordó así, del mismo modo que ha pedido que el Ministerio de Fomento explique por qué "lleva más de un año maltratando al colectivo y utilizando demagogias, diciendo que quiere negociar por delante y por detrás lo que únicamente hace es dictar decreto tras decreto".
"Llevamos una Ley y cuatro decretos. Se ha provocado al colectivo y se podría haber evitado", ha subrayado Cabo, quien ha criticado que el pasado viernes se sacara un Real Decreto "en el que se discrimina a los trabajadores". "Una persona hospitalizada de baja por un cáncer tiene que devolver esos días a la empresa igual que tiene que hacer una madre que ha dado a luz", ha apuntado.
USCA recurre los decretos de estado de alarma y militarización
Por otra parte, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra los Reales Decretos 1673/2010 y 1611/2010 en los que se decretó el estado de alarma y la militarización de los servicios de tránsito aéreo civiles, respectivamente.
Según indicaron fuentes del sindicato, que agrupa al 97% de los casi 2.400 controladores que AENA tiene en plantilla, a los asesores jurídicos del sindicato les plantea "serias dudas" sobre la legalidad tanto del procedimiento seguido como sobre los cuerpos legales en los que se ha apoyado el Gobierno para dictar sendos decretos.
Los decretos se presentan "vista la situación de militarización que se ha decretado sobre los profesionales del control aéreo, que impide toda actuación de tipo sindical", según las mismas fuentes.
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