Un grupo de trabajo estudiará cómo gravar a las eléctricas

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, anunció hoy tras conocer los informes elaborados por las áreas de Medio Ambiente, Economía y Empleo y Hacienda, que el Gobierno regional creará un grupo de trabajo para establecer un canon a las compañías eléctricas siempre y cuando no se traspasen cuatro "líneas rojas", entre las que se incluye que el ingreso procedente de esta tasa se destine a políticas de medio ambiente y sociedad.

Asimismo, el impuesto se pondrá en marcha en la Comunidad si se cumple el principio de seguridad jurídica y si existe la "garantía absoluta" de que no repercutirá en el consumidor y en la actividad económica de Castilla y León.

De Santiago-Juárez aclaró que se trata de un asunto "muy complejo" que debe ser abordado con "sosiego, prudencia y reflexión" y desde un estado de ánimo "frío", al tiempo que aseguró que la Junta comprarte la "sensibilidad y oportunidad" de los tres grupos de las Cortes de Castilla y León, quienes han pactado una Proposición No de Ley a través de la que instan a la Junta a establecer el canon, informa ep.

De este modo, la Junta creará en el seno del Gobierno regional un grupo de trabajo para profundizar en el establecimiento del canon al que invitará también a los grupos parlamentarios para que se incorporen en este debate que, como aclaró, se inició "en las Cortes".

La puesta en marcha de este grupo de trabajo obedece a una cuestión de "agilidad", ya que, como explicó De Santiago-Juárez, se podría haber abordado el asunto a través de comparecencias de consejeros en las Cortes o mediante la creación de una comisión permanente, lo que dilataría la decisión final, tras lo que confió en que, a pesar de la complejidad del asunto, la decisión sobre el establecimiento de una tasa esté tomada antes de que concluya esta legislatura.

El portavoz de la Junta aclaró que la creación del canon sería en todo caso una norma independiente que estaría separada de la Ley de Medidas, e insistió en que el estudio sobre su puesta en marcha se debe abordar de forma "rigurosa, seria, tranquila y sosegada", al tiempo que rechazó que el análisis sobre la tasa tenga algo que ver con el recurso interpuesto por las eléctricas contra el Decreto del Carbón, a pesar de lo que reconoció que esta situación es una de las "circunstancias" que ha llevado a realizar el planteamiento.

De Santiago-Juárez insistió en que esta cuestión se ha abordado en varias ocasiones en las Cortes y que la Junta ya estaba elaborando algunos informes, ya que "en 24 horas no se pueden presentar informes con tanta profundidad". "Los grupos parlamentarios se han unido y han decidido que es el momento", señaló, tras lo que aseguró que las dificultades económicas hacen el debate "más oportuno".

Líneas rojas

La primera de las líneas rojas establecidas hoy por el Gobierno regional tiene que ver con el principio de seguridad jurídica, para lo que es necesaria la elaboración de un estudio técnico en profundidad en el que se establezca cuál es el hecho imponible y en el que se analice en profundidad cómo está regulado en otras comunidades autónomas como Galicia, Extremadura, Andalucía, Murcia, Aragón y Castilla-La Mancha, que ya cuentan con el canon en mayor o menor medida.

La segunda condición se centra en que el ingreso que reporte esta tasa a la Junta --todavía sin evaluar-- se destine a políticas medioambientales y sociales y la tercera se basa en la necesidad e contar con la garantía "absoluta" de que el impuesto no repercuta en el consumidor --familias y empresas--..

La última línea roja establece que la norma tributaria no debe ser "contraproducente" para la actividad económica de Castilla y León.

"La decisión se tomará siempre que no se sobrepasen las cuatro condiciones", garantizó De Santiago-Juárez, quien señaló que haya o no consenso estas líneas no se van a saltar.