Representantes de grupos indígenas de Colombia, Perú y Panamá pidieron que el Gobierno de Estados Unidos condicione la ayuda militar y los acuerdos comerciales con esos países al respeto de los derechos y las tierras de los indios.
"Esta es nuestra tierra, este es nuestro continente", dijo Estanislao Bejarano, representante de la comunidad ngöbe de Panamá en una audiencia de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.
"Hemos vivido durante mucho tiempo sin electricidad, pero sin agua y sin tierra no viviremos mucho más", añadió Bejarano, quien sostuvo que más de 4.000 indígenas encaran el desarraigo de sus tierras por un proyecto de represa hidroeléctrica en Panamá.
El presidente de la comisión, el legislador demócrata James McGovern, de Massachusetts, expresó su "sorpresa" porque las evaluaciones anuales que el Departamento de Estado envía al Congreso sobre la situación de los derechos humanos en otros países "no mencionan la contaminación que la explotación petrolera causa" en países como Ecuador.
El copresidente de la comisión, el republicano Christopher Smith, de Nueva Jersey, expresó su sorpresa porque persistan entre las poblaciones indígenas prácticas como el infanticidio, aunque ellas contradicen la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
De acuerdo con el Departamento de Estado hay en América Latina más de 30 millones de indígenas, y en países como Guatemala, Bolivia, Ecuador y Perú casi la mitad de la población es indígena.
En Colombia hay aproximadamente 1,4 millones de indígenas y una numerosa población mestiza, en Panamá hay unos 100.000 indígenas y en Perú los indígenas son más del 45 por ciento de la población.
"Las tierras que ocupaban nuestros pueblos aún antes de la existencia del estado colombiano son hoy vistas como recursos para la economía global", dijo Darío Mejía, representante de la comunidad zenú de Colombia, quien agregó que en sus tierras "dirimen sus conflictos el Gobierno, las bandas paramilitares (y) la guerrilla", mientras que los indígenas están "al borde de la extinción".
Mejía pidió que el Departamento de Estado no certifique como normal la situación de los derechos humanos en Colombia mientras continúen los abusos contra los indígenas y las fumigaciones que emplean las autoridades para destruir los cultivos de coca, opio y marihuana.
Daisy Zapata Fasabi, de la comunidad yine de Perú, señaló que "el 72 por ciento de las tierras de la Amazonía peruana están bajo concesiones petroleras que incluyen tierras de los indígenas".
Otras áreas de población tradicional indígena están marcadas por el Gobierno y la empresa privada para "monocultivos destinados a la producción de biocombustibles".
Algunos proyectos enmarcados en la Iniciativa Regional de Integración Suramericana (IRSA), un plan iniciado en 2000 por gobiernos de la región, también afectan las tierras donde viven y de las que subsisten las poblaciones indígenas, denunció Zapata.
El vocero mencionó como ejemplo de la desconexión entre los planes propuestos desde el exterior o desde el gobierno y las realidades de los indígenas "todos los proyectos y respuestas que se ofrecen para el suministro, la conservación y la eficacia en el uso de la energía y la protección del ambiente".
"Las propuestas de los países industriales para el canje de cuotas de emisión de carbono son soluciones para los países industrializados y no toman en cuenta las necesidades de los indígenas que viven en las tierras que serán explotadas", añadió.
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