La Sala Penal Tercera de la Corte Distrital de La Paz emitió el fallo que declara procedente el Amparo Constitucional presentado por el Fiscal Marcelo Soza, tras una audiencia que duró cinco horas.
La Presidenta de la Sala Penal, Blanca Alarcón, explicó que la comisión de fiscales encargada del caso puede continuar con las investigaciones a partir de la emisión del fallo.
El Ministerio de Gobierno expresó en un comunicado "su satisfacción por la resolución y dijo que con la misma "queda establecido que los obrados y las investigaciones sobre el caso de terrorismo retornan a la ciudad de La Paz" para que el proceso continúe "hasta establecer responsabilidades".
Hace dos semanas, siete Vocales de la Corte Suprema de Justicia determinaron trasladar de La Paz a Santa Cruz, de mayoría opositora al Gobierno, un conflicto de competencias entre ambos distritos para llevar el caso de la presunta banda de terroristas desbaratada en abril pasado.
El Gobierno de Evo Morales y la comisión de fiscales que investiga el caso rechazaron el traslado con el argumento de que la corte cruceña no será imparcial a la hora de juzgar a los líderes de esa región a los que se ha vinculado con el caso porque, en su opinión, está alineada con los dirigentes.
El Ejecutivo boliviano presentó esta semana ante el Congreso una demanda de juicio contra los magistrados de la Corte Suprema, acusándolos de prevaricación, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Carta Magna por respaldar decisiones que avalaron el cambio de jurisdicción del caso.
De su lado, los líderes políticos y empresarios cruceños han rechazado la investigación en La Paz con el argumento de que está dirigida políticamente para perjudicar a la oposición autonomista y han reclamado que la jurisdicción sea la de Santa Cruz, donde se descubrió a la banda armada el pasado 16 de abril.
En la fecha señalada, la policía boliviana efectuó un operativo antiterrorista en un céntrico hotel de Santa Cruz en el que fueron abatidos cinco integrantes de una supuesta banda de mercenarios internacionales que, según denunció el Gobierno, preparaba un magnicidio contra el presidente Morales.
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