Educación

Cinco secciones y treinta artículos abordan los temas de: i) la educación; ii) educación superior; iii) culturas; iv) ciencia, tecnología e investigación; v) deporte y recreación, en el proyecto de Constitución, aprobado en Sucre y Oruro entre los meses de noviembre y diciembre de 2007. La sección que se ocupa puntualmente de la educación comprende trece artículos, del 77 al 90. En ellos se sostiene que “El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo”, sistema que comprende la: i) educación regular; ii) la alternativa; iii) especial; iv) la educación superior de formación profesional. El proyecto de constitución reconoce que el sistema educativo está compuesto por las instituciones i) educativas fiscales; ii) privadas y iii) de convenio.

La Conferencia Episcopal de Bolivia, en marzo de 2008, publicó el documento “Orientaciones pastorales sobre el proyecto de CPE”, en el cual expone medidas observaciones respecto de la educación y enseñanza religiosas:

“Consideramos —dice la Conferencia de Obispos— que el proyecto de CPE presenta la educación como un instrumento de propaganda y formación ideológica de exclusividad del Estado, en lugar de ser concebida como un derecho fundamental de la persona y un bien de la sociedad en su conjunto, es decir, un bien público. Por tanto, la legítima preocupación de la Iglesia Católica, que habla en nombre de la sociedad boliviana, es el rol protagónico y excluyente del Estado, en la orientación, contenidos y valores que deben formar parte de la educación de los bolivianos, desde la infancia hasta la madurez”.

A juicio de los obispos bolivianos, la visión que se sustenta en el proyecto de CPE respecto de la educación “limita la legítima libertad de enseñanza, la participación de la familia, de las comunidades y de las regiones”. Esta visión —limitada y excluyente inserta en el proyecto constitucional— permitiría a cualquier Gobierno usar —el sistema educativo y el poder del Estado— como “un mecanismo de ideologización”; como herramienta y recurso para ejercer “un control centralista”, además de buscar una educación uniformizante. Esto es imponer criterios y contenidos educativos desde la visión estatal, sin tomar en cuenta los naturales matices y diferencias que se encuentran y coexisten en la diversidad sociocultural, espiritual y territorial de Bolivia y sus habitantes.

En este sentido y en respuesta a las preocupaciones esbozadas, la Iglesia Católica plantea y defiende la idea de que “la educación es responsabilidad de todos y de ninguna manera puede ser monopolio de ningún Gobierno”. (Página 10, párrafo 38, documento citado.)

El documento de la Conferencia continúa sus reflexiones respecto de la educación y enseñanza religiosa, afirmando que si bien el proyecto de CPE señala que “en los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de conciencia y religión” (Art. 86), no se garantiza de manera explícita el derecho humano a la enseñanza religiosa, poniendo en riesgo —por ejemplo— la vigencia y continuidad de la materia “Religión, ética y moral”, en el currículo de las instituciones educativas.

Coincidiendo plenamente con el documento de la Conferencia, afirmemos que es un derecho de los padres de familia elegir la educación de nuestros hijos y la educación religiosa que deseamos darles.

* Analista político y catedrático

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