Hoy finalizaba el plazo del Ministerio para presentar el programa de aplicación de la OCM en España
Parece que Castilla-La Mancha ha hecho valer su voz ante el Ejecutivo central, ya que Elena Espinosa se ha comprometido con José María Barreda a tener en cuenta los intereses de Castilla-la Mancha en la negociación de la OCM del Vino. Mientras tanto, el Gobierno español no presentará en Bruselas la ficha financiera que acompaña al programa nacional para aplicar la nueva Organización Común de Mercado del Vino.
La noticia la ha dado a conocer la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, reunida con los representantes de UCAMAN, ASAJA, COAG, UPA AEMZUCAMAN Y FEVIN. Estas organizaciones han mostrado su malestar unánime con respecto al borrador de ficha financiera, que supondría que Castilla-La Mancha perdiera más de 200 millones de euros respecto a la cantidad que recibe ahora.
El Ministerio de Medio Ambiente tenía de plazo hasta hoy para presentar el programa con el que aplicará en España la OCM del Vino, un plan que ha despertado la protesta unánime de todo el sector vitivinícola de la región. Un males que comparte el Ejecutivo regional, según la consejera.
Gómez ha explicado que Barreda ha hablado esta mañana con la ministra y ha obtenido el compromiso de que la ficha financiera no se presentará hasta que haya acuerdo con la comunidad autónoma, que agrupa a la mitad del sector vitivinícola español.
La consejera ha interpretado que con la propuesta que iba a presentar hoy, en la que Castilla-La Mancha se le asigna un 54% del presupuesto total, el Ministerio había intentado el apoyo de 16 comunidades autónomas, en detrimento de Castilla-La Mancha.
A su juicio, el porcentaje que vaya a recibir la comunidad de la OCM del Vino debe ser similar al que percibe hasta ahora, pues la ficha financiera que maneja el Ministerio supondría una diferencia de unso 200 millones de euros, dinero que se repartiría entre otras regiones.
Tampoco está de acuerdo el sector ni el Gobierno regional con que el Ministerio determine en qué medidas debe gastarse el dinero y exigen que se deje a las comunidades autónomas libertad para establecer sus propias prioridades.
Los representantes de las organzaciones agrarias y de los industriales han mostrado su rechazo unánime a la postrua del Ministerio, al que acusan de maltratar a Castilla-La Mancha para dar satisfacción a otras Comunidades.
Tanto Román Cantarero, presidente de AEMZUCAMAN y ASEVICAMAN, como Apolonio Moreno, presidente de Coag, han subrayado que a Castilla-La Mancha le tiene que corresponder el 68% del presupuesto de la OCM, pues es ese el porcentaje que han generado sus viticultores.
Según Moreno, que culpa directamente al secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, el problema es que el Ministerio no supo defender los intereses del sector español y ahora trata de contentar a otras comunidades, "quitándoselo a Castilla-La Mancha", dijo.
El secretario general de ASAJA, José María Fresneda, ha acusado al Gobierno de "meternos la mano en el bolsillo" y ha advertido de que su organización sacará a los agricultores a la calle si no hay un acuerdo en dos semanas.
Por su parte, Julian Morcillo, secretario general de UPA, ha subrayado que su organización no consentirá el "atropello" que prepara el Ministerio, pues haría perde a la comunidad 216 millones de euros.
Ha sido el presidente de UCAMAN, Ángel Villafranca, quien ha insistido en la unanimidad "sin fisuras" de todo el sector "en una cuestión de Estado", consenso que no se logró durante las negociaciones de la OCM.