La investigación, que involucra en su mayoría a miembros de la coalición política que sustenta el gobierno del presidente Álvaro Uribe, la adelantan en forma independiente la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.
El máximo tribunal de la justicia colombiana se encarga de investigar a los congresistas, en tanto que la Fiscalía lo hace cuando son ex legisladores o dirigentes políticos sin cargo en el Ejecutivo.
Algunos congresistas que empezaron a ser investigados por la Corte decidieron renunciar a la investidura legislativa para que la Fiscalía los investigue, porque según sus abogados en esa instancia tienen más posibilidades judiciales, toda vez que pueden apelar los fallos, lo que no ocurre en la Corte por ser la última instancia judicial.
Un caso de estos lo representa el ex senador oficialista Álvaro Araújo, hermano de la ex canciller María Consuelo Araújo, quien debió dejar ese cargo a raíz del involucramiento de su hermano en la investigación por presuntos nexos con jefes de las ahora desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (extrema derecha).
Hay 63 involucrados
Hasta el momento, a la investigación han sido vinculados 63 congresistas, de los cuales 36 están detenidos mientras concluye la investigación y se determina si serán llevados a juicio o por el contrario recobran la libertad, según cifras dadas por el Congreso.
Del total de 102 senadores, 22 están en prisión, en tanto que de los 166 representantes a la Cámara, 14 se encuentran detenidos.
Apenas 6 de esos congresistas pertenecen al opositor Partido Liberal, mientras que los restantes 30 pertenecen a partidos de la coalición oficialista.
La semana pasada la Corte anunció que inició una investigación preliminar contra la presidenta del Senado, la oficialista Nancy Patricia Gutiérrez.
Uno de los ex jefes de las AUC, Salvatore Mancuso, aseguró en una entrevista divulgada el martes que "la combinación de las conexiones de las autodefensas y guerrilla va a superar con creces el 50% del Congreso vinculado con estos fenómenos".
Presidente bajo sospecha
El presidente colombiano admitió ayer que se investiga una denuncia que lo vincula con una masacre cometida por paramilitares, luego de que su primo fue encarcelado dentro de un proceso que vincula a decenas de políticos oficialistas con esos grupos de ultraderecha.
El presidente Álvaro Uribe reveló que él mismo fue acusado por un paramilitar preso de haber ayudado a planear una masacre de 15 campesinos en 1997, denuncia que dijo es investigada y sobre la cual, aseguró, tiene pruebas para desmentirla.
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