“El presidente del Gobierno volverá a pedir al señor Rajoy unidad, firmeza y lealtad para luchar contra el terrorismo”, al igual que, según la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se la ofreció Rodríguez Zapatero, como líder de la oposición, al Gobierno de José María Aznar. De las palabras de la vicepresidenta en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros sólo puede deducirse que el lunes Zapatero y Rajoy no se van a poner de acuerdo.
Primero, porque el Partido Popular sigue inamovible en su posición de que el Gobierno tiene que volver al pacto antiterrorista en los términos en los que fue formulado, y, claro, eso no casa con la posición de Gobierno de Zapatero, más proclive a mantener medidas como la Resolución del Congreso de los Diputados de mayo 2005, que nada tiene que ver, por cierto, con el Pacto por las libertades y contra el terrorismo suscrito entre el PP y el PSOE. Y el Gobierno sigue inamovible en su idea de seguir “una política de sumar” para que todas las fuerzas entren en un gran pacto, y no solamente los dos grandes partidos.
Pero no habrá acuerdo tampoco porque, en segundo lugar, y aunque De la Vega afirma que desde el Gobierno “le damos margen a la entrevista entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición”, la propia ‘vice’ recalca con toda crudeza que Rajoy sabe que la política antiterrorista la dirige el Gobierno, lo que, grosso modo, quiere decir que ‘esto es lo que hay’, guste o no. Y, por si fuera poco, no ayuda mucho el hecho de que la vicepresidenta insista en lo ya expuesto por el propio Zapatero en el sentido de que Rajoy “ha hecho de la lucha contra el terrorismo un eje vertebral de su política de oposición… y lo ha hecho rompiendo todos los precedentes de los últimos 30 años, a mi juicio, de forma irresponsable y desleal”.
Acaso por todo lo anterior resulta poco creíble la posibilidad de un acuerdo con el PP, no ya en la ‘cumbre’ del lunes, sino en cualquier momento. Y resulta poco creíble pese a que De la Vega insista en que “ni el presidente, ni el Gobierno, ni los ciudadanos han perdido la esperanza de que dejen de hacer oposición con la lucha antiterrorista”. Y pese, también, a que exista un reconocimiento generalizado de que la unidad “ha sido y será uno de los mejores instrumentos para poner fin a tanta locura y horror como hemos vivido”, en boca de De la Vega.
Tercer motivo para el desacuerdo: la política que el Gobierno quiere seguir con respecto a la (no)ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV), o, al menos, a imposibilitar que sus concejales electos puedan retirar el acta, una exigencia plena del PP. Para De la Vega, “el Gobierno cumple la ley”, y lo único que se puede hacer es examinar las posibilidades que ofrecen la Ley Electoral y la de Partidos Políticos. Pero nada más, porque en un Estado de Derecho hay que cumplir las leyes y no actuar “por venganza”.
Algo parecido, vamos, a lo que habría ocurrido este mismo viernes con el caso de Arnaldo Otegi, que, según la ‘vice’, se trata exclusivamente de “una decisión del tribunal Supremo que el Gobierno respeta, porque el gobierno cumple la ley”. Y de ahí no se la puede sacar, por ejemplo, para que enjuicie a qué viene el cambio de actitud de la Fiscalía con respecto al batasuno.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros De la Vega ha dedicado, lógicamente, una buena parte del tiempo a la ruptura de la tregua de ETA, aunque sin aportar elementos nuevos. El proceso de paz “no funcionó, lo rompieron los terroristas en la T-4 y ahora lo han venido a certificar”; “ha sido roto única y exclusivamente por los terroristas”; “hemos actuado con arreglo al Estado de Derecho y a la democracia antes y ahora”; “el presidente se ha mantenido firme a sus tres condiciones”; “ETA, sólo ETA es la que ha truncado la posibilidad de poner, dentro de la ley, la palabra fin a la violencia y el Gobierno todo lo que ha hecho lo ha hecho dentro de la ley, antes y después”… fueron algunas de las frases de la vicepresidenta al respecto.
Y tampoco nada nuevo en lo relativo al sanguinario terrorista de ETA Iñaki de Juana Chaos, salvo los ya consabidos “en democracia, el Gobierno actúa con respecto a la ley siempre” o que “la ley penitenciaria se aplica con tratamiento individualizado, a cada caso concreto… entonces, seguiremos aplicando la ley con arreglo a los criterios que la propia ley establece y de acuerdo con el juez de vigilancia penitenciaria”.
Por otro lado, la vicepresidenta ha confirmado que, de momento, al menos, no hay prevista en agenda ninguna entrevista entre Zapatero y otros líderes políticos, como el presidente del PNV, Josu Jon Imaz. El papel de informar a los líderes políticos ha recaído, una vez más, en el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ya se ha puesto manos a la obra.
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