¿Síndrome de agotamiento?

Cabe preguntarse si al Gobierno se le agotó el aire que le brindó el cambio de gabinete, cuyos efectos lo liberaron de la asfixia que le estaba provocando la prolongada crisis del Transantiago. Porque el giro que se percibió, hace un mes, con el ingreso de Viera-Gallo al comando político gubernamental y de Cortázar al manejo técnico (y económico) del nuevo plan de transportes que convulsionó a la capital, de repente se percibió sin fuerzas.

Fue unánime, en los círculos elitarios y en los medios de comunicación, el aplauso a la decisión de la Presidenta de modificar su equipo ministerial, en el que salieron cuatro e ingresaron seis titulares. Los elogios se focalizaron en la calidad y confiabilidad que despertaban los nuevos secretarios de Estado de Transportes y de la Segpres.

¿Qué acontecimiento tan grave sucedió en el ínterin que pudo provocar un vuelco tan radical en el escenario político? Dos episodios negativos, uno de consecuencias previsibles y otro inesperado, lo pueden explicar.

El primero fueron las reacciones al proyecto de Ley General de Educación que reemplazará a la desacreditada LOCE. Porque el Gobierno se metió en una pelea mayor al pretender que el lucro y la selección de alumnos no puede continuar motivando a los cerca de 3 mil sostenedores privados de colegios chilenos que reciben subvención estatal.

La iniciativa desató el cuestionamiento en bloque de la derecha y los gremios empresariales, y la Iglesia Católica –que ronca fuerte en la materia- frunció el ceño, por decir lo menos. Más aún. Connotados expertos de la Concertación en temas educacionales -como la ex Ministra Mariana Aywin y el sociólogo José Joaquín Brunner-, objetaron ambos aspectos del proyecto y, en general, los democratacristianos y no pocos PPD lo miran con aprensión. Hasta ahora los socialistas y el magisterio son los únicos que han explicitado su respaldo a la impugnación del lucro y a la selectividad del alumnado.

¿Qué pudo haber motivado una propuesta que pronosticaba tal volumen de rechazos? Ciertamente la convicción de la izquierda oficialista y extraconcertación de que no se puede hacer negocio con la educación, y menos aún con platas públicas. Sería la razón ideológica.

Pero también había una razón política: el temor a despertar la ira de los estudiantes secundarios. La no referencia al lucro en la nueva ley marco de educación podía ser la chispa que re-encendiera la pradera y el Ejecutivo quiso evitar una protesta estudiantil como la del año pasado. El desgaste del factor autoridad que le ha costado el Transantiago aconsejaba diluir el riesgo de nuevas revueltas sociales. Y entre la reprobación del lucro y la provocación a los “pingüinos”, La Moneda habría apostado a lo primero, esperando poder manejar el rechazo del stablishment a la iniciativa.

El segundo capítulo, en el que se vislumbra el desvanecimiento del afecto político del cambio de gabinete, fue el inesperado rechazo en el Senado del proyecto de depreciación acelerada, de repercusiones políticas en múltiples direcciones. Veamos las tres más evidentes.

Primero. Fue un golpe al responsable de la conducción económica, el Ministro de Hacienda Andrés Velasco, el más intocable de los integrantes del gabinete de Bachelet, que ha contado con su sistemático respaldo y con el entusiasta apoyo de los grandes empresarios. El revés sufrido le relativiza ambos sustentos. Velasco ya no parece intocable.

En segundo lugar, la Alianza se anotó una doble e impensada victoria política, sobre la Concertación y contra el Gobierno. Haciendo gala de un disciplinado alineamiento de sus senadores, aprovechó las discrepancias en el seno de la coalición oficialista con la rigidez “neoliberal” de Hacienda para producir un quiebre en el oficialismo, que ahora reproduce en el Senado la bancada “díscola” que ya se posicionó en la Cámara.

La derecha demostró que es capaz de hacerle el quite al lobby empresarial, que presionó a favor de la ley. “Los empresarios se sienten dando instrucciones y ésta es una buena lección para ellos”, dijo Sebastián Piñera, paradigma de la fusión entre empresario y política. Han explicado que no objetan la depreciación acelerada -una rebaja impositiva a la inversión-, pero con la excusa de que no beneficiaba en los mismos términos a las grandes y pequeñas empresas, la rechazaron. Porque tendrán la oportunidad de darle el pase en la comisión mixta, tras asestarle la derrota al oficialismo. Eso es pensar y maniobrar políticamente con eficacia.

Y tercero, la Concertación, por el contrario, no puso la política como el eje estructurador de sus fuerzas. Y perdió. La responsabilidad recae en la propia coalición. Pero puede achacársele a La Moneda que no supo imprimirle al proyecto de depreciación acelerada una dimensión política, que trascendiera las nociones económicas.

“Tenemos una dificultad para gobernar”, sentenció el senador Escalona, presidente del PS. Advertencia fundada, porque la coalición está perdiendo su condición de mayoría en el Senado, el primer período en que los gobiernos concertacionistas cuentan con esa ventaja. Los presidentes de los partidos no pueden asegurarle nada a la Presidenta respecto al comportamiento de sus bancadas. Ya han surgido notificaciones de que los “díscolos” actuarán con autonomía en la discusión de proyectos emblemáticos del programa de Bachelet, como la reforma provisional.

En suma, la derecha política salió contenta de la contienda y con ganas de más. El acierto mayor fue que puso la política por sobre otras consideraciones. Y le resultó.

Y la Concertación anduvo perdida en la bruma y el equipo político de La Moneda siente que declinan sus fuerzas. La situación se puede remontar, por supuesto. Pero ahora tendrá que lidiar con una Alianza envalentonada.