El procedimiento judicial contra
Tarazona se abrió después de que el PSOE presentase una querella el pasado mes de agosto contra el primer edil y sus dos sobrinos,
Cristina Vázquez y
José Vicente Tarazona, a la vez concejales de Riba-roja, en la que denunciaba una trama de intereses urbanísticos y uso de información privilegiada en torno al alcalde y su familia en la aprobación del plan de Porxinos, que recibió el visto bueno de la Conselleria de Territorio el pasado 30 de junio.
Este juzgado de Llíria abrió diligencias previas para la ratificación de la denuncia, ya realizada, como paso previo a la admisión a trámite. La denuncia partía de la aprobación del Programa de Actuación Integrada (PAI) de Porxinos y se extendía a otras operaciones que la querella vinculaba a intereses familiares del alcalde.
Tras la práctica de diligencias, el juzgado ha acordado el archivo de la querella contra Tarazona y dos ediles por los supuestos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada en Porxinos.