La compañía española Empresa Nacional de Celulosa (Ence), que aceptó finalmente reubicar su fábrica, y la finlandesa Botnia iniciaron las obras de construcción de dos plantas de celulosa en el departamento uruguayo de Fray Bentos, con una inversión global de 1.800 millones de dólares, la mayor en la historia del país.
Las fábricas están ubicadas a orillas del río Uruguay, límite natural entre ambos países y frente a las costas de la provincia argentina de Entre Ríos.
Las autoridades argentinas y organizaciones de vecinos de la zona se oponen a la construcción con el argumento de que contaminará el río.
La aprobación de la construcción de ambas plantas fue hecha por el anterior gobierno uruguayo del presidente Jorge Batlle, del Partido Colorado, pero ratificada por el de su sucesor, el socialista Tabaré Vázquez.
El primer gobierno de izquierda en la historia del país, que en sus inicios tuvo buena sintonía con la administración del presidente argentino, Néstor Kirchner, ha dado un fuerte respaldo a la construcción.
Primero ratificó las autorizaciones, después respaldó la petición de créditos que ambas empresas hicieron al Banco Mundial para financiar parte de las obras y, frente a las protestas argentinas, puso a sus mejores técnicos a trabajar en la defensa de los proyectos.
Vázquez solicitó a Kirchner el cese de los cortes de los puentes sobre el río Uruguay que unen ambos países, llevados a cabo por organizaciones de vecinos y de defensa del medio ambiente argentinas como forma de protesta por lo que consideran una agresión medioambiental.
El 11 de marzo de 2006, los presidentes de ambos países se reunieron en Chile y acordaron mantener dos encuentros para negociar una solución en un plazo de 90 días, periodo en el que Botnia y Ence deberían suspender sus obras, pero el acuerdo fracasó.
En noviembre de 2006, durante la cumbre Iberoamericana celebrada en Montevideo, el presidente argentino pidió al Rey Juan Carlos de España que mediara en el conflicto.
El monarca aceptó ejercer de "facilitador" y encomendó la tarea al embajador español ante la ONU, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, quien en el último año realizó varias visitas a los dos países.
El Gobierno uruguayo tiene el respaldo de todos los partidos con representación parlamentaria, de influyentes cámaras industriales y empresariales y de la principal central obrera del país, que apoyan la postura oficial en un tema que se considera de Estado.
Según cálculos oficiales, el conflicto ha generado a Uruguay importantes pérdidas, especialmente por la ausencia de unos 50.000 turistas argentinos que anualmente pasan sus vacaciones de playa en las costas uruguayas y por la reducción del comercio.
Organizaciones argentinas han cortado rutas y puentes en sus protestas contra las papeleras.
Uruguay se quejó formalmente por esos cortes, que considera que violan los acuerdos de libre tránsito de personas y mercancías del Mercosur, el bloque regional que integran ambos países además de Brasil, Paraguay y Venezuela.
El enfrentamiento no pudo solucionarse bilateralmente y derivó en la denuncia de Argentina ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que rechazó la solicitud de suspender cautelarmente las obras.
Las autoridades uruguaya también recurrieron a la corte internacional para denunciar los bloqueos de pasos fronterizos que realizan ciudadanos argentinos.
La española Ence anunció el pasado 12 de diciembre que construirá su planta en otro lugar, en las inmediaciones de la localidad uruguaya de Nueva Palmira, en el Río de la Plata.
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