Los socialistas decidirán en los próximos días si acuden a los juzgados ordinarios para denunciar lo que consideran una "trama ilegal", después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) haya archivado las diligencias abiertas a instancias del PSOE de Noja para estudiar la situación.
La Fiscalía del TSJC no ha apreciado indicios de delito, tal y como reconocieron hoy en rueda de prensa los concejales socialistas de Noja, Abelardo Ortiz y Carmen Duque, pero, según dicen, les ha dejado la "puerta abierta" por si quieren acudir a los "juzgados ordinarios".
Lo que denuncian los ediles del PSOE es la realización de sucesivas contrataciones de personal para atender servicios municipales como la biblioteca, la guardería municipal, la Casa de Cultura o la Agencia de Desarrollo Local a través de la Asociación Cultural Villa de Noja.
Para los socialistas, lejos de ser una asociación cultural, esta entidad es una "agencia de contratación que se dedica" a seleccionar personal "a dedo", hasta 27 personas sólo en el año 2005 (único ejercicio del que han podido obtener la información).
Desde su punto de vista, esas contrataciones deberían realizarse a través de una oferta pública de empleo porque, de lo contrario, se está conculcando el derecho de los ciudadanos a optar a esas plazas en igualdad de condiciones y se "priva" además a los grupos políticos municipales de sus derechos de control y fiscalización de las acciones del equipo de Gobierno.
Pero además alertan de la relación existente entre la asociación y el Ayuntamiento. Según Abelardo Ortiz, portavoz del Grupo Socialista, el propio alcalde preside la asociación, cuya Junta Directiva se completa con los titulares de las concejalías de Cultura y Personal, y dos trabajadores de la Agencia de Desarrollo Local, que son "militantes del Partido Popular".
Ortiz reconoció que el TSJC, al archivar las diligencias, señalaba entre otras cuestiones que la Junta Directiva ya no tiene esa composición, pero el concejal niega este extremo. Para ello, se apoya en un documento del Registro de Asociaciones del Gobierno cántabro, por el cual, según el edil socialista, se dejó en suspenso la actualización de los estatutos de la asociación a la nueva normativa, por considerar "manifiestamente ilegal" que tres de los cinco miembros de la Junta Directiva sean concejales.
Subvenciones y recaudación
Del mismo modo, el concejal socialista criticó que esta asociación ha recibido desde el año 2001, y sin presentar proyectos, más de 700.000 euros en subvenciones, que se le han concedido incumpliendo "de forma clara" las bases correspondientes. De hecho, Ortiz consideró "sospechoso" que el secretario municipal no haya puesto "ningún reparo" a pesar de conocer la "irregularidad" de las mismas.
También reprochó que se haya encargado directamente a esta asociación la recaudación directa de tasas municipales en 2003 y 2004, en concreto por la instalación de puestos y barracas en las fiestas patronales, para que pudiera hacer así frente a las nóminas, puesto que el Ayuntamiento no tenía aprobados los presupuestos y no podía transferirle las partidas.
Por todo ello, y al margen de las acciones legales que están en estudio, los socialistas piden también la disolución de la asociación y la regularización de los trabajadores que han sido contratados durante este tiempo a través de ella.
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