La futura norma, que sustituirá a la vigente desde 1987, establecerá un nuevo marco legal para mejorar la estabilidad y capacidad competitiva de la RTVA, así como el cumplimiento del servicio público que presta, de acuerdo con sus actuales necesidades y de los requerimientos futuros.
El anteproyecto refuerza el papel del Parlamento de Andalucía sobre la propia entidad y su actividad.
En este sentido, establece la elección, por mayoría de tres quintos, del Consejo de Administración por un período de seis años.
Este órgano de gobierno estará integrado por 15 miembros, de entre los cuales el Parlamento elegirá, por mayoría de tres quintos y para seis años, a la persona titular de la Presidencia.
Corresponderá también a la Cámara autonómica, por mayoría de tres quintos, la elección de la persona titular de la Dirección General de la RTVA, para un mandato de seis años renovable una sola vez.
La relevancia del Parlamento andaluz en la elección de los órganos de dirección del RTVA se establece, asimismo, para el control de la actividad de la empresa y el cumplimiento de su función como servicio público informativo y audiovisual de calidad.
A tal fin se crean diversos instrumentos de modernización de la gestión; entre ellos, la denominada Carta del Servicio Público, que fijará las estrategias y prioridades de actuación con una vigencia de siete años, y que deberá ser aprobada en el Parlamento por al menos una mayoría de tres quintos, a propuesta del Consejo de Gobierno.
Esta carta se concretará cada tres años en un contrato-programa, acordado y suscrito por el Consejo de Gobierno y la RTVA, en el que se fijarán los objetivos específicos y los medios presupuestarios.
Asimismo, se prevé que el Parlamento de Andalucía ejerza el control económico-financiero de la RTVA a través de la Cámara de Cuentas, además del control parlamentario a través de la comisión ya existente.
En cuanto a la financiación, el borrador presentado recoge un mecanismo estable y sostenido de carácter mixto, a través de subvenciones consignadas en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma y de ingresos derivados de la actividad comercial.
En este segundo aspecto, se prevé la elaboración de un código de conducta que deberá incluir normas de contratación de publicidad y espacios comerciales, publicidad institucional, licitaciones públicas y gestión de los distintos soportes.
El Consejo Audiovisual de Andalucía ejercerá, en el ámbito de sus competencias, la función de control externo para el cumplimiento de las determinaciones del código.
De otro lado, el anteproyecto prevé garantías para reforzar la neutralidad de los profesionales de los medios públicos y la objetividad de los contenidos informativos, mediante el establecimiento del Consejo Profesional de Canal Sur Radio, el Consejo Profesional de Canal Sur Televisión y la Comisión Permanente de la RTVA, como órganos de participación e interlocución con el personal directivo.
Por último, el documento examinado por el Consejo de Gobierno incluye medidas específicas para la accesibilidad de personas con discapacidad sensorial a las programaciones y a los nuevos servicios digitales, con especial atención a niños y jóvenes.
Además, garantiza la paridad entre hombres y mujeres tanto en el Consejo de Administración como en el Consejo Asesor.
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