Las consecuencias de una política criminal de cero tolerancia y del uso indiscriminado de la prisión

El pasado 14 de febrero otro establecimiento carcelario en América, el penal de Comayagua en Honduras, fue consumido por un incendio con consecuencias trágicas. Esta vez fueron más de 375 los muertos que hubo que lamentar.
 
Son varias las hipótesis que se manejan acerca de los motivos por los cuales se inició este incendio. Estos son: un posible motín, la incomprensible decisión de un interno de quemar las instalaciones, un intento de fuga utilizando el incendio como distracción y las fallas eléctricas del establecimiento. Seguramente habrá más hipótesis que en este momento se deben estar evaluando para poder establecer la existencia de responsabilidades penales, civiles y administrativas, entre las que seguro se incluye la provocación del incendio a través de algún funcionario. Sin embargo, lo claro en todo esto es que podría haberse evitado.
 
Aquí existen situaciones estructurales que deben ser expuestas como las principales causas de este hecho. Había un antecedente inmediato. El 17 de mayo de 2004, 107 personas privadas de libertad fallecieron a raíz de un incendio ocurrido en una cárcel en San Pedro Sula, norte de Honduras. Esto implica que hace aproximadamente ocho años ocurrió una tragedia similar en este mismo país y, pese a ello, las condiciones objetivas no variaron, o, más bien, variaron para peor.
 
El establecimiento penitenciario de Comayagua era un establecimiento productivo modelo, una granja penitenciaria. Por esos motivos solo debían estar allí alojadas las personas privadas de libertad de mejor conducta. Además, su capacidad era de aproximadamente cuatrocientas plazas, sin embargo había alojados más de ochocientos privados de libertad.
 
La sobrepoblación es uno de los peores problemas que enfrentan los sistemas penitenciarios de la región y se debe, fundamentalmente, al incremento constante y exponencial de la tasa de prisionización, es decir, de la cantidad de personas privadas de libertad medidas cada cien mil habitantes. Según la octava edición de la Prison Population List del Centro Internacional de Estudios de Prisiones de Inglaterra, al 9 de diciembre de 2005 Honduras tenía un total de 11.589 personas privadas de libertad, lo que redundaba en una tasa de 161 personas cada cien mil habitantes del país. Esta tasa no es de las más altas de la región, y parece moderada frente a los más de 800 cada cien mil que alojan los establecimientos penitenciarios de Estados Unidos.
 
Así pues, un sistema colapsado es el motivo esencial al que debe atribuirse este hecho. Pero no es el único. A este motivo se añade la falta de inversión en cárceles y la falta de formación del personal, que, incluso en el caso de Honduras fue entrenado para ejercer de policía, sin tener la capacitación esencial e imprescindible para el servicio social de administración de prisiones.
 
Pero el aumento del uso de la cárcel lo único que ha logrado es que cada vez los centros penales estén más obsoletos y sobrepoblados y por ello la administración ha perdido su control. Se da un caso de círculo vicioso: con el fin de evitar la inseguridad se apela al uso extremo de la cárcel con lo cual, en espacios densamente poblados y sin recursos estatales para construir más cárceles, aumentar y capacitar a su personal y brindar derechos básicos y programas de tratamiento en salud mental, educación,  trabajo y la generación de otro tipo de habilidades sociales, se aloja mayor cantidad de gente y por eso se genera un foco óptimo para que las bandas criminales capten gente para sus negocios, produciendo así mano de obra para delinquir y, aumentando en consecuencia la cantidad de delito.
 
Entiendo que este círculo debe cortarse y debe empezarse por no alojar más personas en los establecimientos carcelarios de los que el sistema puede tolerar para poder hacer una adecuada clasificación y brindar a cada uno el trato y, en su caso, el tratamiento necesario para reingresar a la sociedad en mejores condiciones de las que entró al sistema penal.
 
En ese sentido, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) ha generado una interesante declaración que fue suscripta por los Ministros de Justicia de 21 países de esa región (Recomendación Relativa al Acceso a Derechos de las Personas Penalmente Privas de Libertad en Iberoamérica, de marzo de 2010). En dicho documento se recomienda "Promover iniciativas políticas, legislativas y administrativas destinadas a controlar el crecimiento de la población penalmente privada de libertad, teniendo en cuenta variables objetivas tales como la tasa de criminalidad, la cantidad de personal penitenciario capacitado y las condiciones de las prisiones." e "Implementar iniciativas legislativas y administrativas para que la capacidad edilicia se corresponda con la cantidad de población penalmente privada de libertad existente, a fin de asegurar que la acción del sistema penitenciario no sea afectada por la sobrepoblación.".
 
Es ese el camino para que hechos tan graves como el que hoy tenemos que lamentar no vuelvan a ocurrir. La apuesta por construir más cárceles para seguir con esta espiral de aumento de la utilización de la prisión demanda una capacidad económica que los países de menores recursos no tienen. Asimismo, la construcción de cárceles y el aumento de personal penitenciario no solo es costoso sino que incluso se tarda como mínimo cinco años en poder verse resultados medianamente aceptables, lo que nunca ocurre porque pasados esos cinco años las tasas de prisionización se han incrementado y vuelen a hacer falta la misma o mayor cantidad de plazas y de funcionarios.
 
Así pues, y sin desconocer que existen graves problemas de seguridad pública en la región, considero que el aumento del uso de la cárcel como medio para resolver esa inseguridad ha demostrado su ineficacia, siendo que lo único que genera es mayor violencia y consecuencias terribles como lo ocurrido en una cárcel que era considerada como un modelo.
 
Alejandro Marambio
Experto en política penitenciaria de la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos (COMJIB)