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El 'secuestro' del TC. Una posible solución

El 'secuestro' del TC. Una posible solución

Esta semana nuevamente vamos a hablar del Tribunal Constitucional y de sus problemas de renovación en el Congreso de los Diputados. En varias ocasiones en los últimos tiempos, hemos debatido iniciativas de diversos grupos parlamentarios sobre cuestiones relacionadas con los procedimientos de control de constitucionalidad y sobre qué hacer ante la falta de renovación de sus magistrados en el plazo establecido. Son iniciativas que traen causa en un momento en el cual lo que llevaba a esos planteamientos era el “atasco” que se vivía por la espera de la sentencia del Estatuto de Autonomía de Cataluña y los posicionamientos de pura “oportunidad política” que unos y otros hacían ante dicha ausencia de sentencia o ante la posible sentencia desfavorable a sus postulados. ¡Ahora eso ya ha pasado! Pero, lamentablemente, seguimos teniendo un problema con la renovación del Tribunal Constitucional al igual que con otros órganos del Estado (Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Consejo de Dirección de RTVE). La Proposición de Ley que ha presentado el grupo parlamentario de Convergencia i Unió para solucionar el problema de falta de acuerdo en los órganos parlamentarios en la designación de los nuevos Magistrados es algo así como si ante la ausencia de medicina adecuada en un hospital para curar una enfermedad se optase por “pegar un tiro” a los pacientes que llegasen con esa dolencia. Dicha iniciativa propone que los Magistrados en funciones que cumplan seis meses en esa situación cesen en sus cargos transcurrido dicho plazo. Si se tiene en cuenta que, para que el Tribunal Constitucional pueda reunirse debe existir un quórum, no sería nada extraño, en situaciones de atasco político como el que se está produciendo en estos últimos años, que el Tribunal Constitucional tuviera que “cerrar por imposibilidad” para poder seguir realizando sus funciones. ¡Supongo que nadie querrá que se dé una situación de esa naturaleza! Precisamente, evitar eso es lo que hace el Derecho cuando establece una prorroga sin límite de tiempo de los magistrados que han cumplido su mandato: asegurar que la institución seguirá desarrollando su actividad pase lo que pase. ¡Desde luego eso es lo que a mí me parece más razonable desde el punto de vista de la seguridad jurídica y continuidad de la institución! Por eso, no es al TC donde hay que mirar para solucionar los problemas sobre su renovación, sino a las Cámaras parlamentarías y, en especial, a sus dos grupos mayoritarios que son los que se han de poner de acuerdo para producir la renovación: en estos momentos el PSOE y el PP. Antes de entrar en la consideración que la posición de los dos grupos mayoritarios me merece al no ser capaces de renovar el TC u otras instituciones del Estado, he de aclarar una cuestión previa: que la elección de las personas que han de conformar estas instituciones se lleve a cabo por Parlamento me parece la opción más adecuada. Es la que goza de la legitimidad democrática, residenciada en las Cortes Generales, frente a la que proponen otros y que no deja de ser una solución corporativa carente totalmente de aquélla. La independencia es asunto bien distinto: tenerla o perderla no depende de quién haya elegido al cargo sino de las condiciones objetivas que se establezcan para garantizar dicha independencia y de la “fortaleza” y personalidad del elegido para actuar con libertad objetiva y no dejarse determinar por aquéllos que le ha propuesto. Es una cuestión que está muy relacionada con la “autóritas” del personaje propuesto: cuanta más autoridad y profesionalidad más independencia, cuanta menos relevancia profesional y prestigio, seguro que es más influenciable. En todo caso, supongo que nadie es tan ingenuo como para pensar que se puede establecer la “independencia subjetiva”, eso resulta simple y llanamente imposible y un contrasentido. Pero vayamos a la cuestión central: la renovación del tercio de los Magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde proponer al Congreso de los Diputados. En este asunto la Política se la va a “jugar”. Los ciudadanos están muy cansados de los políticos y la política, porque observan que con demasiada frecuencia no somos capaces de resolver los problemas y más bien nos dedicamos a intentar endosar la responsabilidad de la inacción al adversario. La Constitución establece, con buen criterio según ya he dicho, que han de ser las Cortes Generales la que hagan las propuestas de dichos Magistrados –al igual que sucede con otras instituciones como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Administración de RTVE - Una vez que se inicia el plazo para el proceso de renovación, los grupos parlamentarios deben comenzar los contactos para llegar a un acuerdo. En dichas negociaciones todos son responsables. El grupo mayoritario tiene la responsabilidad de dirigir y activar todas las negociaciones, pero los grupos minoritarios, en especial el primer partido de la oposición, también tienen responsabilidad y de ningún modo deberían activar tácticas parlamentarias obstruccionistas para impedir llegar a un acuerdo. Es lo que ha sucedido con la propuesta de Enrique López, en el Senado y el Congreso, que le está sirviendo al PP, puesto que sabía que tenía un veto del PSOE, para justificar su voluntad oculta de no querer llegar a un acuerdo. ¡Eso no es admisible! Y se convierte en un “fraude constitucional” que lleva al bloqueo de una institución básica del Estado. Pero puesto que las cosas están así ¿qué hacer? Cuando los acuerdos de buena voluntad no se cumplen es cuando debe aparecer el Derecho, la norma. Eso es lo que tendría que suceder aquí. Lo primero que deberían hacer los grupos parlamentarios es reconocer que ellos son los responsables de la situación que se está produciendo en el TC. A continuación, deberían establecer un acuerdo por el cual se “juramente” poner a funcionar una Mesa de negociación que, mediante la propuestas de candidatos de los distintos grupos parlamentarios y con la única posibilidad de que cada grupo pueda vetar a uno de los propuestos por los otros -y ese veto lleve consigo que el grupo que propuso al vetado pueda proponer otro candidato en su puesto-, en un plazo de dos meses tenga que llegar a un acuerdo. Desde luego este procedimiento sería conveniente que se estableciese con todos los detalles en el Reglamento de la Cámara, pero tan sólo para este caso, y teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos, los grupos se deberían comprometer a que mediante una Moción se estableciese el procedimiento y la constitución de la Mesa de negociación que llevase a la renovación del tercio de los Magistrados del Congreso de los Diputados y el resto de los miembros de instituciones que están pendientes. Es una solución que sitúa la responsabilidad del nombramiento de las personas de las instituciones del Estado donde corresponde: en las Cámaras. Es una solución que pondría a cada uno en su sitio y que, de boicotearse, permitiría a los ciudadanos, que podrían seguir al día las negociaciones, pasar la “cuota de responsabilidad política” a quién active mecanismos de obstruccionismo parlamentario. (*) Elviro Aranda Álvarez es Diputado por la circunscripción de Madrid, Portavoz adjunto de la Comisión Constitucional, Vocal de la Comisión de Justicia y adscrito de la Comisión de Ciencia e Innovación.
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