¿El epílogo de la guerra?

Apenas lógico que a la sanción presidencial de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras asistiera el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. En medio de tantas guerras que nunca terminan en el planeta, el conflicto colombiano puede estar asomándose a su fin. Imperativo es reconocer que, más allá de las polémicas que suscitó y de los errores de su doble mandato, bastante tuvo que ver Álvaro Uribe con que podamos vislumbrar ese final. La ley sancionada por el presidente Juan Manuel Santos es la joya de una legislatura exitosa, conducida con acierto por el ministro del Interior, Germán Vargas, y respaldada por un Congreso que trabajó como pocas veces, con el impulso de su presidente, Armando Benedetti, y del conjunto de las bancadas. Es un texto juicioso que establece los mecanismos para una efectiva indemnización a las víctimas, la devolución a sus legítimos dueños de las tierras despojadas por guerrilleros y mafiosos, y el cierre de las heridas con iniciativas de memoria histórica. En cuestión de semanas, quienes se consideren víctimas podrán inscribirse en la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, para que las autoridades definan si tienen o no derecho a una indemnización económica, que si bien no reparará íntegramente el mal, al menos marcará un reconocimiento, a la vez monetario y moral, del daño que la guerra les causó. Lo de las tierras es más complejo. El Gobierno avanza ya en la identificación de las propiedades que fueron usurpadas por los aprovechadores del miedo y la amenaza. Ojalá lo haga por igual en el Urabá y la llanura costeña que asolaron los paramilitares, que en el Caquetá que expropiaron los testaferros del 'Mono Jojoy'. Y ojalá también que, además de recuperar la tierra que perdieron a punta de fusiles y motosierras, los campesinos reciban el apoyo financiero y técnico que les permita aprovechar su propiedad. Pero hay una preocupación. Recibo informes de distintas regiones, de carteles de tinterillos constituidos para ofrecer, lo mismo a las víctimas que reclaman reparación que a los que esperan la restitución de sus tierras, la asesoría jurídica que necesitan, con el cobro de porcentajes tan grandes que esos abogados inescrupulosos se van a quedar con buena parte de la plata y de las hectáreas. En la medida en que los trámites sean transparentes, sencillos y rápidos, menos juego tendrán estos mercachifles. Eso para no hablar de otros carteles que ya asoman, con la idea de hacer pasar por víctimas a quienes no lo fueron o reclamar tierras a nombre de quienes nunca las poseyeron. Y esos mismos abogados ya saben que, si las autoridades rechazan sus pretensiones, podrán acudir a la tutela y encontrar, como a veces ocurre, jueces cómplices de esas maniobras. Sería una desilusión sin consuelo que la ley de víctimas y de restitución de tierras terminara por generar un nuevo Foncolpuertos, eso sí, cientos de veces más costoso. El Gobierno y el Congreso incluyeron en la ley severos castigos contra quienes abusen de las normas, en especial quienes se hagan pasar por víctimas o por despojados. Sin embargo, habrá enredados procesos jurídicos pues, por ejemplo, definir la condición de víctima, por muchos esfuerzos que los legisladores hayan hecho en el texto, no deja de tener un margen para la interpretación. Aun así, no hay duda de que la ley es un paso en la dirección correcta. Siempre y cuando ni el Gobierno ni el conjunto de la sociedad olviden que los causantes de la violencia aún no han desaparecido del mapa y que, por muy golpeados que estén, siguen secuestrando, como en el caso de los ciudadanos chinos plagiados por las Farc en el Caquetá. La ley de víctimas solo marcará el fin de la guerra, si en verdad el país es capaz de acabar con los victimarios.