Unas alfombras que hay que levantar

Todos aquellos que pensaban que el escándalo de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos de la Junta de Andalucía era una estrategia del PP para socavar a los socialistas antes de las elecciones del 22-M están comprobando que no había nada de eso, que por más que intenten echar balones fuera, la trama del "fondo de reptiles" montada por algunos consejeros con el conocimiento del presidente, Chaves o Griñán, continúa su inexorable camino judicial. A la jueza Mercedes Alaya le da lo mismo que haya o no haya campaña electoral, que gane el PP o que gane el PSOE, ella sigue a lo suyo, investigando concienzudamente los enmarañados papeles que le aporta con cuentagotas la Consejería de Empleo, papeles que ya no caben en su propio despacho, destapando nuevos fraudes e imputando a todo aquel que pueda tener relación con este timo de la estampita que la Administración andaluza ha venido practicando durante años para solucionarle el futuro a algunos de los compañeros del partido. Y para aquellos que aseguran que la jueza Alaya la tiene tomada con el PSOE, aclararle que las últimas peticiones de investigación sobre un diputado socialista autonómico, Ramón Díaz Alcaraz, cerebro y mediador de algunos EREs falsos que fue nombrado parlamentario andaluz este mismo año, no han surgido de Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sino de la propia Fiscalía Anticorrupción. Y es que parece que Pepe Griñán ha decidido tomar el toro de los EREs por los cuernos para que no se le desboque demasiado de cara a las próximas elecciones autonómicas. Y dicho y hecho. La Junta ha pedido al delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla, Juan Enrique Egocheaga, que asuma la investigación sobre la trama. Con ello lava la cara de la posible obstrucción a la Justicia, parece que colabora con ésta y controla por dónde van a ir los tiros a corto y medio plazo. Con todo, el PSOE andaluz no las tiene todas consigo. Los denominados EREs muertos, aquellos que ya se han pagado en su totalidad, y sobre los que la Consejería se resiste a faciitar papeles a la Jueza, pueden dar aún más de una desagradable sorpresa. El asunto de la documentación institucional tiene bastante miga. Sé de alcaldes que ha recibido denuncias de funcionarios sobre quemas o destrucción de papeles comprometedores. Hay quien hasta ha publicado fotografías en Facebook de bolsas y bolsas de basura repletas de documentación de una Gerencia del Ayuntamiento sevillano apiladas junto a unos contenedores en la Isla de la Cartuja. Nadie dice que dichos documentos sean originales, puede que se trate sólo de copias inservibles, pero lo cierto es que estas prisas por deshacerse de algunos papeles levantan las sospechas de cualquiera y ponen en tredicho la limpieza del traspaso de poderes. Por todo ello, me parece bastante correcto que los nuevos alcaldes del PP en las capitales andaluzas antes gobernadas por el PSOE o Izquierda Unida durante más de una década (Sevilla, Jaén y Córdoba) hayan solicitado una completa auditoría de las cuentas de sus consistorios. Así, al menos, sabrán a qué atenerse cuando tengan que aprobar los nuevos presupuestos y algunos no tendrán más remedio que confesarle a sus paisanos que las arcas que han heredado están completamente vacías. Y una vez que conozcan las cuentas y se vean obligados a hacer los recortes pertinentes de asesores, colaboradores y funcionarios de libre designación, convendría también que levantasen alguna alfombra para que todos nos enteremos en qué se han gastado nuestro dinero. Devolverlo no lo van a devolver nunca, pero, al menos, sabremos en qué han empleado nuestros impuestos. Quien no se conforma es porque no quiere. Lea también: