La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla resolverá los recursos de apelación por los ERE

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla será la encargada de resolver los recursos de apelación formulados por diversas de las partes personadas contra autos dictados por la juez que investiga la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas detectada en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados con fondos autonómicos, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.    En concreto, será la magistrada de la Sección Séptima Eloisa Gutiérrez la ponente para resolver los recursos de apelación formulados por diversas de las partes en relación con el destino de las actas que la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, reclama sobre las sesiones celebradas en los últimos diez años por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, han apuntado las mismas fuentes.    En este sentido, las fuentes consultadas han señalado que fue el pasado viernes cuando se recibieron hasta cuatro recursos interpuestos contra autos dictados por la juez Mercedes Alaya, que, conviene recordar, ya decidió suspender la tramitación del requerimiento de inhibición por conflicto de jurisdicción promovido por la representación del Ejecutivo andaluz hasta tanto en cuanto se resolvieran estos recursos.    La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla investiga como es sabido esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas incentivadas con fondos autonómicos y la relación de estos hechos con el acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), para canalizar a través de esta última institución las ayudas a re estructuraciones laborales de empresas en crisis.    Las subvenciones e incentivos otorgados mediante esta fórmula, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y cuyo montante total ascendería a 647.869.157,45 euros, constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía al haber esquivado los controles administrativos y la preceptiva fiscalización. EL CONFLICTO DE LAS ACTAS    En este marco, la juez Mercedes Alaya reclama al Ejecutivo andaluz las actas relativas a las sesiones celebradas por el Consejo de Gobierno durante los últimos diez años, sobre todo a cuenta de las advertencias impulsadas desde la Intervención General de Hacienda de la Junta de Andalucía sobre el mencionado acuerdo con el IFA y las ayudas que estaban siendo libradas gracias a dicho convenio. Dada la negativa del Gobierno andaluz a entregarle dichos documentos a cuenta de su carácter reservado, las actas se encuentran actualmente custodiadas en un armario acorazado en los juzgados sevillanos.    En ese marco, la juez Mercedes Alaya emitió un nuevo auto fechado el 5 de mayo en el que suspendía la tramitación del mencionado requerimiento de inhibición que había promovido la representación jurídica de la Junta de Andalucía, "hasta tanto no se resuelvan los recursos de apelación" formulados ante la Audiencia Provincial de Sevilla por varias de las partes personas en relación al destino de las actas en cuestión.    En este último auto, recogido por Europa Press, la juez recordaba que en este momento del requerimiento de inhibición por conflicto de jurisdicción, siguen "pendientes de resolución" los recursos de apelación impulsados por la Junta de Andalucía contra el auto inicial, fechado el 21 de marzo, mediante el que se reclamaba acceso a las actas, y otro auto emitido el 30 de marzo en la misma línea. Igualmente, la juez esgrimía que sigue a la espera de resolución el recurso promovido también por la Junta contra su providencia de fecha 1 de abril.    Por último, la juez señalaba que también siguen pendientes de resolución los recursos de apelación promovidos por la Junta de Andalucía, el sindicato de funcionarios 'Manos Limpias' y el PP, contra el auto fechado el 4 de abril y mediante el que ella misma daba cuenta de la solicitud de inhibición por conflicto de jurisdicción promovida por la representación jurídica del Gobierno andaluz. "Por coherencia procesal y con el fin de evitar tramitaciones paralelas y pronunciamientos inútiles y contradictorios, estando custodiados y salvaguardados los testimonios de las actas, procede suspender el trámite del incidente de requerimiento de inhibición hasta tanto se resuelvan los recursos de apelación formulados", señalaba la juez Alaya.