Ex trabajadores de YPF con una nueva denuncia

Los apoderados de la Federación de Ex Trabajadores de YPF, que reúne a unos 25.000 antiguos empleados de la compañía que reclaman ser reconocidos como accionistas, presentaron hoy la denuncia ante el juez en lo Criminal y Correccional Sergio Torres, de Buenos Aires. Repsol comunicó este lunes la venta de un 3,83 por ciento de acciones de YPF a diversos inversores y anunció una oferta pública de venta de otro 7,1 por ciento de títulos de la petrolera argentina. Estos anuncios se hicieron dos semanas después de que el juez federal Esteban Carlos Furnari, de Buenos Aires, autorizara a los accionistas de YPF a disponer libremente de los títulos de la firma, tras revocar una medida judicial del mes pasado que prohibía la venta de acciones. Los demandantes, que apelaron el fallo de Furnari, consideran que Repsol ha incurrido en un "delito de desobediencia judicial, en concurso real con el delito de quien vende como libres acciones habiendo una sentencia judicial que obstaculiza, y una medida cautelar que de ninguna manera esta firme", explicó a Efe Rubén Leto, abogado de la federación. Los demandantes, que se consideran legítimos accionistas de YPF, solicitan "que se investigue la conducta de los fondos de inversión multinacionales" que habrían adquirido el 3,83 por ciento de las acciones vendidas por Repsol, añadió Leto. Fuentes de YPF consultadas por Efe afirmaron que no tienen "nada para comentar" sobre este asunto "más que manifestar que hay dos fallos judiciales que permiten la libre venta y comercialización de acciones de la compañía". En simultáneo al fallo de Furnari, el juez Mario Oscar Favero, de la ciudad de Bell Ville, suspendió una medida cautelar adoptada el pasado 9 de febrero por el magistrado Oscar Armando Valentinuzzi, de la misma ciudad, quien había ordenado a Repsol suspender la venta de acciones de YPF. Según los demandantes, en 1990 se estableció que el 10 por ciento de las acciones de YPF quedara en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada, por lo que los empleados pasaron a ser titulares de 35.300.000 acciones de clase C de la compañía. Pero en 1997, de acuerdo a los querellantes, el Estado argentino y el directorio de YPF pusieron en venta las acciones clase C sin la autorización de los trabajadores, decisión que quedó plasmada en un decreto del entonces presidente argentino Carlos Menem, y que en 2001 fue declarado inconstitucional e invalidado por la Corte Suprema. Sin embargo, según fuentes de YPF consultadas por Efe, ese mismo fallo del Supremo determinó que la petrolera "no tiene ninguna responsabilidad en relación con el reclamo de los ex empleados, siendo considerado el Estado nacional el único responsable". Repsol adquirió el 98 por ciento del paquete accionarial de la mayor petrolera argentina en 1999. En octubre de 2002 el Estado argentino promulgó una ley para indemnizar a 32.000 extrabajadores de YPF con bonos por un total de 100 millones de dólares, muy por debajo de los 3.000 millones de dólares reclamados por los demandantes. Los demandantes también cuestionan que en 2008 Repsol vendiera una participación del 14,9 por ciento en YPF al grupo argentino Petersen (familia Eskenazi) sin consulta ni visto bueno de los extrabajadores